En respuesta al artículo del director del portal Inforesidencias, Josep de Martí, 'Atención a mayores con o sin ánimo de lucro: ¿Es esa la verdadera discusión?', el abogado responsable del Área Jurídica de Lares, Antonio Molina Schmid, escribe:
Hola Josep:
Ya sabes que soy un fan tuyo, a pesar de que no coincidamos del todo en la cuestión de la no preferencia de las entidades del Tercer Sector en los conciertos públicos para la prestación de servicios sociales, incluyendo los servicios para personas mayores. Porque yo pienso que esta preferencia de las entidades sin ánimo de lucro es buena y es importante.
Lo que te quiero decir es que no creo que el tratamiento preferente del Tercer Sector deba plantearse como una cuestión de privilegios, sino como la consecuencia racional de un diferente papel social. No niego a nadie la libertad de negocio, incluso en el sector de los servicios sociales financiados con fondos públicos. Digo "incluso", porque existen sensibilidades que, en general, rechazan cualquier posibilidad de negocio en relación con la función redistributiva del Estado: recaudación fiscal, pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. (Incluyo la recaudación fiscal, porque, en el pasado, también ha estado frecuentemente en manos privadas).
Me parece que estas sensibilidades, debido a las experiencias históricas, desconfían de la famosa "mano invisible" del mercado para la gestión del ámbito de la vulnerabilidad humana. Pienso que, en el fondo, se trata del temor a ser víctima de la codicia de los empresarios, en cuestiones o en situaciones personales, como salud o dependencia, en las que el individuo, salvo que sea rico y poderoso, se encuentra muy indefenso y con poca capacidad de elección. Igual puede ocurrir en los servicios contra la exclusión social, donde los beneficiarios suelen carecer de la libertad suficiente para quejarse o reaccionar ante la falta de calidad o los abusos. Por todo ello, para la postura anti-mercantil, los negocios se deberían limitar a vender aquello que alguien te quiera comprar en el libre mercado, por ejemplo, una estancia vacacional en un hotel o una corbata bonita.
Por mi parte, frente a estos temores anti-mercantiles, pienso que, en un Estado Social de Derecho, como el nuestro, no debemos ser temerosos. Para algo tenemos democracia y normas, ¿verdad? Personalmente, considero que, siempre que exista un buen marco regulatorio, no debe excluirse la prestación de los servicios sociales por parte de empresas mercantiles. Además, pienso que, junto a los excesos del liberalismo económico, también debemos tener presentes los casos en los que el absolutismo estatal ha maltratado al frágil y pisoteando la dignidad del individuo.
Incluso pienso que la existencia de algunas ventajas o apoyos especiales para las entidades del Tercer Sector, siempre que sean razonables y que, en contrapartida, a estas entidades, se les siga pidiendo que presten servicios que ningún otro quiere prestar, hasta favorece a las empresas mercantiles. Entiendo que esta coexistencia le da credibilidad social a todo el sistema, porque, con la presencia de entidades del Tercer Sector, me parece más difícil que los intereses económicos puedan prevalecer sobre las personas vulnerables.
Lamentablemente, las necesidades sociales son tan grandes que el negocio no se va a acabar porque sigan existiendo fundaciones, asociaciones o entidades religiosas que, a costa de la gratuidad o del servicio desinteresado, presten servicios sociales. Además, aunque no se les diese ninguna ventaja o trato preferente, al no tener que pagar a inversores ni retribuir a muchos de sus directivos o colaboradores, siempre van a "jugar con ventaja". Por ello, si redujéramos la cuestión a un planteamiento meramente mercantil, podríamos llevar el razonamiento al absurdo y habría que prohibir la solidaridad y la ausencia de ánimo de lucro, como ventajas competitiva que atentan contra la libre competencia…
Como te he apuntado, me parece que es la coexistencia de los operadores mercantiles, con ánimo de lucro, con los operadores sin ánimo de lucro, la que mejor garantiza la libertad y la seguridad del individuo, tanto frente a la codicia humana como frente al absolutismo estatal. Frente a la codicia, porque las entidades sin ánimo de lucro, debido a que no dependen tanto de intereses económicos, pueden establecer un estándar de servicios y de calidad para todo el sector. Al mismo tiempo, los operadores mercantiles introducen la racionalidad económica y la libertad individual formal en el funcionamiento de los servicios, valores importante para todos y, sobre todo, frente al absolutismo de las entidades públicas.
Bueno, de todo esto, creo que se puede y se debe hablar mucho más. Y es que no creo que este debate tenga una solución racional clara, por mucho que nos queramos empeñar (y poner cabezotas), sino que la solución debe ser buscada artesanalmente, a través de un diálogo constante, trabajando por un adecuado equilibro entre Sector Público, Tercer Sector y Sector Mercantil, sin dogmatismos ni enfrentamientos posicionales. En el diálogo ganan todos, en la discusión sólo uno, o puede que hasta ninguno… ¿No te parece?
Un fuerte abrazo,
Antonio
Si (
No(