El tiempo medio que tarda una persona en España en completar el procedimiento para acceder a las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcanza ya los 320 días. Así lo recoge el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado con datos oficiales hasta el 31 de mayo de 2026, que sitúa el retraso medio muy por encima de los 180 días que marca la ley como plazo máximo para resolver estos expedientes.
Además, tras constatar que el tiempo medio de tramitación alcanza los 320 días, el informe pone el foco en las consecuencias de estas demoras. Entre enero y mayo de 2026, 13.503 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, una cifra que equivale a 90 personas al día, es decir, una cada 16 minutos.
Del total, 6.940 personas estaban pendientes de ser valoradas, mientras que 6.563 habían visto reconocido su derecho, pero seguían esperando recibir la prestación o el servicio correspondiente.
El documento advierte de que la demora administrativa continúa siendo uno de los principales problemas del sistema, pese al incremento sostenido del número de personas atendidas en los últimos años.
Solo seis comunidades autónomas cumplen el plazo legal
El informe explica que el indicador de agilidad administrativa se calcula teniendo en cuenta el tiempo medio transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta la resolución del expediente. Según el Observatorio, "este proceloso recorrido hizo que en mayo de 2026 el tiempo medio en España fuese de 320 días, superior al plazo estipulado".
La normativa establece un plazo máximo de seis meses, equivalente a 180 días, para resolver un expediente de dependencia. Sin embargo, únicamente seis comunidades autónomas y Ceuta se sitúan por debajo de ese límite.
Los mejores registros corresponden a Ceuta, con 86 días de media, seguida de Castilla y León (119 días), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171).
Por el contrario, Murcia registra la mayor demora, con una media de 552 días. Tras ella se sitúan Andalucía, con 446 días; Asturias, con 411; Madrid, con 346; y Canarias, con 335 días.
Asturias empeora sus tiempos de tramitación
El Observatorio también analiza la evolución de los tiempos de espera durante los primeros cinco meses del año. En conjunto, España ha reducido en 12 días la demora media respecto al cierre de 2025.
No obstante, Asturias destaca por el incremento más acusado, al aumentar en 84 días sus tiempos de tramitación durante este periodo.
En el extremo contrario, Canarias logró reducir la espera media en 95 días, mientras que Andalucía la disminuyó en 50 días y La Rioja en 30.
Una burocracia que dificulta el acceso a los derechos
Según recoge el informe, estos retrasos se producen a pesar del crecimiento progresivo del número de personas atendidas. El documento señala que "el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones".
Los autores identifican dos causas principales detrás de esta situación. La primera es la insuficiente financiación acumulada durante años. El informe sostiene que "los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones".
La segunda razón apuntada es la complejidad administrativa. El Observatorio critica "el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones", que, según afirma, termina convirtiéndose "en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".
El informe explica que la mayoría de comunidades autónomas mantienen dos procedimientos sucesivos: uno para reconocer el grado de dependencia y otro para determinar la prestación o servicio correspondiente. En muchos casos, cuando ambos trámites concluyen, la situación de la persona ya ha cambiado, lo que obliga a reiniciar el proceso mediante nuevas revisiones.
Más de 265.000 personas esperan una respuesta del sistema
La lentitud administrativa tiene una traducción directa en las listas de espera. El Observatorio cifra en 265.460 las personas pendientes de algún procedimiento relacionado con la dependencia al cierre de mayo de 2026, lo que supone 7.293 más que al comienzo del año.
De ese total, 155.352 personas cuentan ya con el derecho reconocido, pero siguen esperando recibir la prestación o servicio correspondiente. Otras 110.108 permanecen pendientes de valoración.
Además, el informe señala que 13.503 personas fallecieron entre enero y mayo de 2026 mientras aguardaban una resolución administrativa o el acceso efectivo a las prestaciones reconocidas.
Reducir las listas de espera, una prioridad pendiente
El Observatorio recuerda que el Plan de Choque para la dependencia permitió avances importantes en la reducción de las listas de espera, aunque considera que los objetivos previstos no se han alcanzado plenamente.
"El Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025", recoge el documento.
A juicio de los autores del informe, la reducción de los tiempos de tramitación y de las listas de espera continúa siendo uno de los grandes desafíos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, casi dos décadas después de la aprobación de la ley que lo regula.
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