Denuncian falta de transparencia, aumento de listas de espera y fallecimientos sin atención.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha mostrado su gran inquietud ante los últimos datos difundidos por el Ministerio de Derechos Sociales sobre el Sistema de Atención a la Dependencia, especialmente tras las observaciones realizadas por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que cuestionan la versión oficial.
Según el CEDDD, "la realidad que viven miles de familias dista mucho de los titulares oficiales".
La semana pasada, el Ministerio presentó su Panel de la Dependencia con cifras correspondientes al primer semestre del año. No obstante, como ya es habitual desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicó su propio análisis de esos mismos datos, detectando discrepancias significativas que, a juicio del CEDDD, no deberían pasarse por alto.
Desde el CEDDD consideran que esta diferencia entre los datos oficiales y los que ofrece la citada asociación pone de relieve una falta de transparencia que termina perjudicando directamente a quienes siguen en lista de espera, así como a sus familias.
Conviene recordar que el Ministerio solo incluye en su estadística a quienes llevan más de seis meses con su solicitud sin resolver, es decir, casos que suponen un incumplimiento directo de la Ley. Sin embargo, quedan fuera todas aquellas personas que están a la espera de ser valoradas o de comenzar a recibir una prestación. De acuerdo con la Asociación de Directores y Gerentes, la cifra real de personas en lista de espera alcanza las 286.861, distribuidas del siguiente modo:
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136.009 están esperando la valoración.
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123.857 aguardan la asignación de su Plan Individual de Atención (PIA).
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26.995 ya tienen reconocido el derecho, pero aún no han empezado a recibir la prestación o el servicio correspondiente.
Esto supone un aumento de 16.536 personas en situación de espera durante solo seis meses. Para cada una de ellas, y para sus allegados, esta demora resulta dolorosa y angustiante.
Más alarmante es aún que, según los propios datos oficiales, entre enero y junio de 2025 fallecieron 16.866 personas mientras estaban en lista de espera: 9.006 sin que se les hubiese determinado su grado de dependencia y otras 7.866 que, teniendo el derecho reconocido, no pudieron ejercerlo. Esto equivale a 92 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a recibir la atención que les correspondía legalmente. El CEDDD lamenta que el Ministerio no hiciera mención alguna a esta realidad en su comparecencia pública.
Por otro lado, aunque el CEDDD respalda la apuesta por reforzar la atención domiciliaria siempre que sea viable, recuerda que hay más de 35.000 personas que esperan una plaza en una residencia, ya que sus condiciones personales o familiares hacen imposible que sean atendidas adecuadamente en sus hogares. Sin embargo, en lo que va de año se han eliminado más de 2.000 plazas residenciales, lo que supone una traba añadida para quienes más las necesitan.
En este sentido, la Asociación de Directores y Gerentes ha señalado —citando “datos publicados por el propio ministerio”— que, lejos de mejorar, el tiempo de espera ha aumentado, pasando de 328 días en marzo de 2024 a 338 días en marzo de 2025. A este ritmo, el sistema tardaría 11 años en ofrecer atención plena a todas las personas dependientes.
Asimismo, el CEDDD subraya que la cuantía de la prestación económica destinada a los cuidadores familiares sigue siendo muy baja —apenas 264 euros al mes— y que el promedio de horas de ayuda a domicilio no alcanza ni las dos horas diarias. Además, más de la mitad de las personas atendidas en sus domicilios no disponen del servicio de Teleasistencia, a pesar de ser un derecho reconocido desde 2021.
Ante este panorama, el CEDDD alerta de que el reto generacional sigue sin abordarse como merece.
Los datos conocidos muestran con claridad una situación que no puede ignorarse: España está inmersa en un desafío demográfico y social que requiere una respuesta urgente y una financiación adecuada. Son muchas las personas que aún esperan respuesta, las listas no dejan de crecer, los servicios son escasos y las familias soportan una carga excesiva.
Por ello, desde el CEDDD se reclama al Ministerio de Derechos Sociales y a las distintas Administraciones implicadas que actúen con seriedad y compromiso, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Dependencia y reconociendo la gravedad real del problema.
Entre las medidas urgentes que se proponen figuran:
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Disminución efectiva de las listas de espera.
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Aplicación íntegra de la Ley de Dependencia, con una financiación suficiente y sostenible, acorde con el reto generacional que afronta el país.
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Incremento en la intensidad y calidad de los servicios.
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Creación de nuevas plazas residenciales.
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Apoyo real y reconocimiento para los cuidadores familiares.
“No podemos seguir permitiendo que miles de personas fallezcan sin recibir la atención que la ley les garantiza. La dependencia no puede quedarse en un titular: debe ser una prioridad”, concluyen desde el CEDDD.