La patronal de los Servicios de Ayuda a Domicilio: "Los contratos no reflejan en absoluto la realidad del sector, no responde a las necesidades actuales"

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento han iniciado recientemente una huelga indefinida para mejorar sus condiciones laborales. Exigen para ello la actualización de los pliegos de contratación, aplicar el nuevo convenio laboral, que incluye un aumento salarial del 10%, y mayor estabilidad para los contratos temporales.

El SAD cuenta en la Comunidad de Madrid con unos 17.000 trabajadores y se enfrenta a un escenario de incertidumbre mientras se buscan soluciones que garanticen la continuidad del servicio y la dignificación de las condiciones laborales.

Según explica UGT, convocante de la huelga, "durante la negociación del último Convenio Colectivo, ambas administraciones se habían comprometido a no prorrogar más allá del 2024 los pliegos actualmente vigentes y muy desactualizados con la situación actual del sector en los últimos años, por lo que la subida salarial del 10% iba unida a la adjudicación de los nuevos pliegos de condiciones".

El sindicato denuncia que los pliegos actuales, vigentes desde 2020 y prorrogables hasta cuatro años más, limitan la capacidad de las empresas para implementar las mejoras pactadas. Precisamente, Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), se mostraba a favor de la actualización de los pliegos de contratación porque, entre otras cosas, "los contratos no reflejan en absoluto la realidad del sector, no responde a las necesidades actuales".

Gamboa explicaba a Dependencia.info que "esta huelga indefinida por parte de los trabajadores es un reflejo de la situación crítica que vive el sector", aunque también trae un debate público y permite visibilizar los problemas estructurales, de financiación, de escasez de profesionales o de falta de adaptación de la ley de contrato del sector público.

Pero el presidente de ASADE ponía sobre la mesa muchas otras cuestiones:

- ¿Cómo valora la convocatoria de huelga indefinida por parte de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en Madrid y el Ayuntamiento?

La convocatoria de esta huelga indefinida por parte de los trabajadores es un reflejo de la situación crítica que vive el sector de la ayuda a domicilio. Ante una creciente demanda de profesionales de servicio, hay una grandísima dificultad para atraer y retener trabajadores, que, al final, están en salarios muy cercanos al salario mínimo interprofesional.

En ese sentido, la negociación colectiva derivada de leyes como la Ley de Desindexación, que impide la revisión de los contratos, incluso cuando las circunstancias como las actuales lo demandan, al final se ha tenido que adaptar y estas nuevas condiciones salariales convencionales se ejecutan con los nuevos contratos. Yo creo que la huelga no es ni más ni menos que la expresión de esas frustraciones acumuladas y esa falta de soluciones estructurales.

- Desde la perspectiva empresarial, ¿qué impacto prevé que tendrá esta huelga tanto en la prestación del servicio como en la reputación del sector?

El impacto lo podríamos ver en tres líneas: el primer impacto, sin duda, es en la prestación del servicio hacia las personas usuarias que lo necesitan. Se trata de un colectivo que es vulnerable, necesita estabilidad, necesita de continuidad en los trabajadores. Y esa gestión derivada de la huelga, de unos servicios mínimos, de rotación de auxiliares, de incertidumbre, genera un impacto negativo en ellos.

Los segundos que se ven, también sin duda, afectados por esta huelga son las empresas prestadoras de los servicios. Unas empresas que ya tienen una situación que viene muy deteriorada por esos contratos poco adaptados a la realidad actual y que la huelga no hace otra cosa que disminuir los ingresos por prestación, aumentar los costes operativos… desde luego les afecta de una manera también importante.

En tercer lugar, es cierto que reputacionalmente es posible que una huelga tiene una percepción negativa del sector, pero también trae con ello un debate público que está permitiendo visibilizar los problemas estructurales, de financiación, de escasez de profesionales, de limitaciones de la ley o de falta de adaptación de la ley de contrato del sector público.

Creo que los tres impactos son importantes tanto en la prestación del servicio, en el impacto a las empresas y en la visibilidad del sector, que aumenta con la convocatoria de la huelga.

- Los trabajadores argumentan que la actualización de los pliegos de contratación es clave para aplicar las mejoras del nuevo convenio. ¿Qué papel pueden desempeñar las empresas para acelerar este proceso y garantizar mejores condiciones laborales?

Nosotros desde ASADE, y las empresas afectadas por este conflicto en particular, venimos reiterando desde inicio del año 2024, incluso desde antes, la necesidad de actualizar estos pliegos de contratación. En ese sentido, hemos ido manteniendo reuniones con ambas administraciones y hemos hecho planteamientos, además de la solicitud obviamente de los pliegos, que permitieran adaptar esos contratos a la situación real y actual.

Lo que nos ocurre es que más allá de esa participación, de esa colaboración, de esa comunicación constante, ASADE y las empresas que prestan los servicios carecemos de la competencia para implementar dichas medidas. La potestad es de las Administraciones Públicas.

Nosotros intentamos trasladar desde el conocimiento y la experiencia cuál es la situación. Seguimos siendo un elemento nuclear para mejorar la interlocución también de la Administración con los sindicatos y con las empresas, remarcando esa urgencia por publicar esos pliegos que permitan aplicar las nuevas condiciones laborales.

Necesitamos que esa relación empresas-administración sea un poco más justa para que la colaboración público-privada llegue a impactar de verdad en las condiciones de los trabajadores de una manera positiva y en la condiciones de la prestación del servicio de una manera positiva.

- El sector del SAD ha sido descrito como precario y con salarios bajos. ¿Cómo valora esta afirmación y qué medidas cree que serían efectivas para mejorar la sostenibilidad económica de las empresas y las condiciones laborales de los trabajadores?

Es indudable que la Ayuda a Domicilio se enfrenta a graves problemas con salarios cercanos al salario mínimo interprofesional, lo cual termina derivando en una alta rotación laboral. Yo creo que es importantísimo remarcar que este sector esencial y profesional está regulado en más de un 90% por contratos públicos, es decir, su definición, diseño, financiación y precio dependen directamente de las condiciones establecidas por las administraciones.

¿Qué podemos hacer para mejorar la sostenibilidad económica del sector? Lo primero, si el 92% es público, hay que aumentar la financiación pública con una medida muy concreta, que es equiparar la inversión en cuidados de larga duración a lo que hacen otros países de nuestro entorno. Hemos pedido siempre el 2% del Producto Interior Bruto porque estamos en la mitad. Eso daría una holgura.

Por otro lado, si es un sistema de gestión pública a través de contratos públicos, creo que tenemos que revisar los modelos de contratación pública, tenemos que revisar la Ley de Desindexación que ahoga estos contratos y la situación de las empresas. Pero es que también estrangula la negociación colectiva. Tenemos que revisar las prórrogas potestativas de administración, tenemos que ir a un modelo de contratación mucho más flexible y que permita adaptarse a las circunstancias actuales.

Igualmente, todas aquellas medidas que permitan una mejor reputación del trabajador del sector, no solo las salariales o laborales, sino un reconocimiento social que permita incentivar la profesionalización del sector, captar más trabajadores y que esos trabajadores se incorporen y permanezcan en el sector. Todas van relacionadas, financiación y los modelos de contratación, para profesionalizar el sector y darle viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.

- Dado que el actual modelo de pliegos tiene margen para prorrogarse hasta cuatro años más, ¿considera que esta estructura contractual es adecuada para adaptarse a las necesidades cambiantes del sector y a los acuerdos laborales? ¿El modelo actual de contratación no es el más adecuado, no?

No lo es porque, además, si nos vamos a alguno de los casos concretos que ahora tenemos encima de la mesa son contratos diseñados en el año 2019, adjudicados en inicio de 2020, estamos hablando de una situación pre covid. Los contratos 5 años después no reflejan en absoluto la realidad del sector, no responde a las necesidades actuales.

Esa Ley de Desindexación, que implica que no podamos actualizar los precios del servicio cuando los costes han sufrido tensiones inflacionarias, cambios normativos, cambios sociales derivados de la propia pandemia, obliga, desde luego, a abrir el melón de la ley de contrato del sector público o de la propia Ley de Desindexación, que ha sido tildada públicamente por la vicepresidenta del Gobierno de anacronismo.

Este modelo en el que las prórrogas pueden ser potestativas por la administración, es decir, en contratos con los que nos podemos ir a los 7 años, con los cambios sociales que hemos tenido, no lo hace sostenible. Tenemos que ir a modelos de colaboración público-privada donde esa flexibilidad y esa capacidad de modificar los contratos sea consensuada, sea razonable y permitan trasladar a los servicios (aquellos que lo reciben) y a los trabajadores (aquellos que los prestan) y a las empresas (que los gestionan) las situaciones reales en el contexto socioeconómico que en ese momento se estén dando.

- La huelga pone de manifiesto la tensión entre trabajadores, administraciones y empresas. ¿Qué propuestas concretas tiene ASADE para fomentar el diálogo y encontrar una solución equilibrada que beneficie a todas las partes?

La clave aquí está en un gran pacto en el que participemos empresas, trabajadores, administraciones y la sociedad. La ayuda a domicilio no puede ser un arma arrojadiza política. Requiere de un gran pacto para garantizar esa prestación en el medio y en el largo plazo.

La solución pasa por modificar los contratos actuales, pero ante la imposibilidad de la normativa de hacerlo pasa por la licitación de unos nuevos pliegos. ASADE al final se propone formar parte de esa mesa de negociación, trasladar desde su conocimiento y expresar cuáles son los retos que debemos solucionar de una manera conjunta a medio plazo. Ojala fuera a corto porque tenemos que hacer campañas que permitan sensibilizar a la sociedad sobre su esencialidad.

Pero necesitamos que esto no sea un arma de debate político, sino un elemento de consenso.

- Para terminar, ¿qué opina de la nueva estrategia de desinstitucionalización promovida desde el Ministerio de Derechos Sociales apostando por recursos comunitarios que favorezcan permanecer en casa todo el tiempo que el usuario dependiente quiera? En principio, parece que favorece los intereses de ASADE...

ASADE respalda de manera muy fuerte la preferencia de las personas a permanecer y ser cuidados allí donde desean ser cuidados. Esto no inhabilita en ningún caso -y no debería estigmatizar- al resto de soluciones de cuidados, que son absolutamente complementarias a los servicios de ayuda a domicilio.

Si creemos que como sociedad debemos trabajar y fortalecer que las personas que necesitan de estos cuidados, en general personas mayores, puedan permanecer o vivir allí donde quieren vivir. En ese sentido, en relación con la nueva estrategia de desinstitucionalización, en ASADE consideramos esencial garantizar que ese modelo se base en servicios profesionales y adecuadamente financiados.

Tememos que ese modelo de desinstitucionalización, que esos cuidados en el entorno nos lleve hacia una desprofesionalización de los servicios. Creemos que eso no sería positivo.

Por otro lado, lo que echamos en falta en toda la definición de esta nueva estrategia, al igual que en muchos otros cambios normativos, es la participación de actores claves en el diseño. En este caso, el Ministerio de Derechos Sociales publica esta nueva estrategia de la que ASADE no ha podido ser partícipe en ningún caso, al igual que muchos otros actores importantes, como otras asociaciones, no solo patronales, del ámbito de los cuidados. Creemos que el enfoque debe ser mucho más inclusivo, con mucha más participación y una mayor coordinación y consenso cuando hablamos de elementos tan nucleares de la sociedad como es una estrategia de cuidados.

Las desinstitucionalización es una palabra que estigmatiza en cierto sentido otras alternativas de cuidado diferentes al domicilio.