Reflexión de ASCAD para el nuevo año: "El incierto futuro de las residencias de ancianos: un sistema al borde del colapso"

El futuro de las residencias de ancianos enfrenta serios desafíos, como la falta de financiación, problemas en el proceso de acreditación y escasez de personal. Estas dificultades afectan la calidad del cuidado y amenazan la sostenibilidad del sistema. Se requiere un cambio estructural urgente para abordar estos problemas.

Así lo explica en esta carta que reproducimos íntegra el presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD), Andrés Rueda:

REFLEXIÓN ASCAD DE FIN DE AÑO Y DESEOS DE CAMBIO PARA EL PRÓXIMO

“El incierto futuro de las residencias de ancianos: un sistema al borde del colapso”

Acaba el nefasto 2024, empieza 2025 pero…

El panorama de las residencias de ancianos está marcado por profundos y crecientes desafíos que ponen en peligro su sostenibilidad tanto al tiempo presente como más aún, en el medio y largo plazo.

La atención a las personas mayores, especialmente las que se encuentran en situación de alta dependencia, requiere una estructura sólida, bien financiada y organizada, pero desgraciadamente la realidad está muy lejos de estas condiciones necesarias.

Nos encontramos en que asuntos como la falta de personal tanto de primer como segundo nivel ya es una especie de plaga bíblica. La infrafinanciación crónica, un proceso de acreditación tedioso y subjetivo, descontextualizado y desfasado y, tal y como hemos venido denunciado desde su conocimiento hace 4 años, muy muy problemático. Una maraña normativa con efectos colaterales que en demasiadas ocasiones lo que generan es robo de tiempo de atención. Asediados por una burocracia creciente y sin sentido y por procedimientos alejados de lo que debieran ser las lecciones aprendidas tras la Covid, nos sentimos maltratados y permanentemente en el ojo del huracán.

Todo lo citado ha conformado un triste escenario torticero y complejo que amenaza el presente y el futuro de este tipo de cuidados considerados esenciales.

1.- La infrafinanciación: una carga insostenible.

El principal escollo que enfrentan las residencias es la falta de recursos económicos adecuados. Mientras el envejecimiento de la población demanda y demandará cada vez más plazas y servicios especializados, por muchas odas a la carísima y hoy inviable desinstitucionalización que se hagan, los presupuestos públicos destinados al sector no han crecido, ni siquiera igualando, en la misma proporción del incremento de los costes. ¿Alguien conoce algún proyecto emprendedor o a algún trabajador que durante años le cueste dinero trabajar?

Según datos de la propia Conselleria está constatado de que se conciertan plazas por debajo de coste, una media de 200 €/persona y mes.

Conviene decir que muchas residencias, además de que luchan a diario por sus estándares básicos de calidad, por la evolución de sus planes funcionales y hasta por la adecuación de sus infraestructuras, al tiempo han estado lidiando con unos costes crecientes y el resultado es que se han descapitalizado y endeudado… porque la realidad es que también han estado financiando el déficit de las aportaciones de la administración absorbiendo los centros los diferenciales de costes. O sea, han financiado al sistema.

La cronicidad de la falta de financiación no solo afecta la viabilidad económica de estos centros sino también la calidad de vida de los residentes. Observamos además que la sociedad está como ajena o confundida ante esta realidad y que en demasiadas ocasiones se confunden las dinámicas economicistas de las macroresidencias y macrosociedades del sector, muchas de ellas fondos de inversión con sociedades radicadas fuera del país, con el conjunto de pequeñas, familiares y Pymes que son el 85% y donde todos sus elementos son perfectamente identificables: empresa, gestión, dirección. Conviene separar ambas cosas.

2.- Proceso de acreditación en Catalunya: Caótico y una barrera para la oferta de plazas.

El proceso de acreditación, inoportuno y mal diseñado en su día justo tras la primera ola del Covid, se ha enquistado y convertido en un grave problema fundamentalmente por la impericia de la propia administración, tanto a nivel la revisión de su contenido como de la gestión de sus procesos.

Aunque es esencial establecer criterios básicos para proteger a los usuarios, los requisitos son insumisos con la propia norma y están poco adaptados a la realidad social y operativa de las residencias. Esto obligará a bastantes instituciones existentes a trampear o a cerrar por no poder cumplir con la errática normativa exigida. También dificulta la apertura de nuevas plazas.

La rigidez de estos procesos va a provocar una reducción significativa de la oferta en número de plazas especialmente en los entornos que más se necesitan: los urbanos, agravando aún más la actual falta de plazas disponibles.

Auguramos un futuro muy complicado para la atención de los cuidados de las generaciones de dependientes venideras.

3.- Normativa: compleja y asfixiante.

La regulación de las residencias de ancianos está dispersa en múltiples niveles: local, autonómico y nacional. Esta superposición de normativas genera confusión y obliga a los centros a destinar un tiempo excesivo y unos recursos humanos escasos y muy valiosos a otros menesteres para cumplir con requisitos a menudo contradictorios sacrificando el exiguo tiempo de que disponen para los cuidados.

La falta de una estrategia unificada dificulta la planificación y gestión eficiente de los centros, lo que perjudica tanto a los operadores, especialmente de pequeñas y familiares empresas como a los residentes.

El previsible impacto de la nueva normativa laboral con reducciones de jornadas, sin estudios previos, sobre la necesaria asistencia residencial 24/7 y el incremento asociado de costes puede ser demoledor y la puntilla final. Asuntos p.e. que van desde el hiperburocratizado sistema de constitución, rozando el ridículo, del Consell de Participació a la esclavitud de las nuevas implementaciones de procedimientos como la legionela, por citar solo dos de ellos, merecen un serio repaso.

4.- Falta de personal: una crisis que no cesa.

Si ya es difícil encontrar personal sin cualificar, mucho más lo es cualificado.

Es otro desafío crítico que nos impacta de lleno porque nuestro trabajo se basa en aportar manos y talento al día a día. No podemos hacer teletrabajo para alimentar una persona dependiente.

Trabajar en el sector de la dependencia es exigente, física y emocionalmente y las condiciones laborales a menudo, por no decir casi siempre, no están a la altura de estas demandas. Los salarios bajos, las jornadas extenuantes y la falta de comprensión y reconocimiento dificultan la atracción y retención de profesionales. La falta de personal afecta directamente la calidad de los cuidados y genera sobrecarga en quienes vocacionalmente permanecen en el sistema, perpetuando un círculo pernicioso en el que ya se constatan signos obvios de deriva hacia un más que previsible desplome asistencial. El talento que teníamos nos huye ante la ingratitud percibida de los entornos, y las bajas laborales por agotamientos se han disparado siendo sector líder en absentismo laboral. El círculo es paralizante y agotador.

Hay días que ya vivimos ese desplome, cada vez más frecuentes, que no podemos ni configurar el equipo y que los salvamos como podemos. Queremos hacer reconocimiento público a aquellos miembros de los equipos que se desdoblan y multiplican para paliar algo esos días tan agotadores y a las familias comprensivas. Gracias.

5.- Exigencias crecientes de la sociedad: cuidados y la carga sanitaria.

A todo lo anterior se suma la presión constante de la sociedad y de cada vez más entornos, que exigen un nivel de atención subjetivo, a la carta y sin limites, muchas veces al margen y sin comprender las limitaciones funcionales, estructurales y financieras del sistema y al que, en vez de ayudarle se le presiona con exigencias extraordinarias y se le ha sobrecargado aún más, p.e. desde Salut.

También las tareas regulatorias de registros y demás controles detraen cada vez más tiempo asistencial -insistimos mucho en este asunto- pareciendo que los que los generan no comprenden que trabajamos con perfiles de personas con altísima dependencia, en procesos finales de vida y con una carga sanitaria que exceden los cuidados y entornos de atención residencial.

Como ejemplo en lo que hasta ahora conocemos como carga sanitaria traemos al hilo una tarea cotidiana y muy simple: la medicación.

Es muy fácil que una residencia de 50 plazas genere una manipulación y administración de 1.000 tomas en tres rondas de fármacos al día, muchas complejas y en perfiles de residentes con demencias muy evolucionadas, personas que las rehúsan, escupen, regurgitan o manipulan, que tienen todo tipo de disfagia,… o tomas que se personalizan a distintas horas o mementos del día o de la noche… al tiempo que puede tener en el centro una o más personas con procesos de atención por final de vida pilotados por Salut.

En estos últimos años la tarea de la administración de medicación ha más que duplicado el tiempo de dedicación.

Como vemos, nos manejamos con tanta complejidad como pueda tener una sala hospitalaria…pero sin sus ratios, medios, titulaciones, recursos inmediatos, etc...

Nosotros, con suerte, igual tenemos un/a enfermera/o algunas horas de las 24 que tiene el día, el resto recae en el personal gerocultor. La comparación no se sostiene.

La falta de análisis rales pueden llevar a la frustración y al desgaste tanto de los trabajadores como de las instituciones o entornos familiares. La brecha entre “lo que se espera y lo que se puede” ofrecer está creciendo pese a los esfuerzos de los equipos, y esto afecta tanto al epicentro de los cuidados como a la confianza en el sistema.

No debemos olvidarnos que las residencias, en esencia y por definición legal, somos entidades destinados a suplir y atender la dependencias de las AVD de las personas, somos su domicilio. No somos centros sanitarios “low cost” ni podemos suplir las altas expectativas que recaen en nosotros por omisión o imposibilidad de soluciones en otros ámbitos o niveles… como por ejemplo los problemas psiquiátricos que nos aterrizan por edad en las residencias y son un grave problema de convivencia y asistencial en entornos tan frágiles.

Ya es habitual encontrarnos con situaciones en los que las expectativas de vida de las personas al ingreso son, con suerte, de meses. Las polipatologias del tipo insuficiencias cardiacas, diabetes, EPOC, insuficiencia renal o enfermedades neurodegenerativas conviviendo en una misma persona son muy frecuentes y requieren de monitoreo constante y ajustes terapéuticos frecuentes que van generando a su vez polimedicaciones y quizá interacciones farmacológicas o problemas de adherencias de tratamientos.

Estos seguimientos a nivel sanitario se hacen en ámbitos hospitalarios con equipos y tecnología pero los esfuerzos encomiables de los profesionales de las residencias no pueden ser la alternativa, y menos cuando sus entornos nos llegan sin estar debidamente informados de cuál es el estado general y el pronóstico de la evolución de su familiar…

Esto un asunto de práctica diaria. Con esos desconocimientos de los pronósticos es muy fácil el deslizamiento a que cuando esas cronicidades y polipatologias se descompensan o evolucionan, se acuse a las residencias de una praxis discutible o de falta de ser diligentes en sus cuidados. Echamos en falta y demandamos mayor y mejor información a las familias en “origen”, porque parece que cuando les sacamos el tema de la fragilidad todo les viene de nuevo.

Conclusión: un cambio urgente e integral, también ético.

El futuro de las residencias de ancianos depende de un cambio estructural profundo. Es imprescindible aumentar la financiación pública, simplificar la normativa, flexibilizar, acompañar y no obstruir los procesos de acreditación sin comprometer la calidad, mejorar las condiciones laborales para atraer y retener talento, ser muy didácticos a todos los niveles en cuanto que hacer o no hacer en estos casos tan comunes y tan complejos y explicar muy bien qué somos y qué no somos y que se puede esperar o no de una persona altamente dependiente como hemos descrito.

Además, las familias y la sociedad deben ser conscientes de los retos que enfrenta el sector y deberíamos trabajar conjuntamente con las instituciones para encontrar soluciones sostenibles.

Culpar a las residencias por problemas que exceden nuestro ámbito de acción no es solo injusto, sino que desvía el foco de cómo y a quien toca acometer el problema. Los profesionales ponemos sobre la mesa la voz de alarma y nos ponemos a trabajar en ello si se nos requiere, pero pedimos comprensión, honestidad y realismo.

Denunciamos a la sociedad las recurridas y reiteradas proclamas populistas e irreales de obligaciones y expectativas fuera de la necesaria sintonía y al margen del “terreno de juego”. Advertimos que las indicaciones de obligaciones imposibles de cumplir desde la conciencia de ello, y las sanciones consecuentes por no hacer “magia”, es algo muy parecido si no lo es, a una suerte de prevaricación administrativa, que si no se corrige llevaremos a donde competa apelando a la legítima defensa.

El envejecimiento de la población y en consecuencia la complejidad y cuantía de personas altamente dependientes no es una crisis futura, para nosotros es una realidad presente. Ignorar los problemas actuales no hará más que agravar la situación con consecuencias devastadoras para las personas mayores y para la sociedad en su conjunto.

Es hora de actuar, si la nueva Conselleria quiere entrar en estos temas no estará sola, pero nos urge, ya vamos tarde, activémonos al menos antes de que sea demasiado y despiadadamente tarde.

Por ASCAD, Andrés Rueda