Critica la falta de financiación adecuada y propone un Pacto Nacional para garantizar igualdad en servicios y salarios en el sector.
El ecónomo general de la Familia Social Lares, Rafael Luque Muñoz, ha compartido en el último número de la Revista Somos Lares sus reflexiones sobre el Anteproyecto de Reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Desde su doble perspectiva como economista y experto en servicios de atención a personas mayores, Luque ofrece un análisis que combina crítica constructiva y propuestas.
Comentario del fundador de Inforesidencias.com, Josep de Martí
Me parece un posicionamiento claro y correcto. Corroboro, o refuto, aunque me atrevo a apuntar que después de 18 años, si se hace una reforma o una nueva ley, en esta ocasión deberíamos poner en algún punto el equivalente a unos KPIs, o sea unos indicadores, que nos permitan saber si la Ley se ha cumplido o no.
Me gusta lo del 50% de financiación del Estado. Yo añadiría, porcentaje de gasto sobre PIB en servicios de larga duración y algún indicador que permitiese descubrir si los derechos de los ciudadanos están convergiendo.
Rafael Luque lo apunta en el texto, yo solo incorporo la idea de tener un indicador.
En primer lugar, destaca que este anteproyecto, que unifica dos normativas con más de una década en vigor, busca actualizar el modelo de cuidados adaptándolo a los cambios sociales y garantizando derechos esenciales. Considera un éxito la inclusión de dos temas fundamentales:
1.- La atención centrada en la persona, un concepto novedoso para algunos, pero habitual en los centros Lares.
2.- La libertad de elección y la autodeterminación de las personas dependientes.
Del mismo modo, Rafael Luque, que también es gerente de la Fundación Benéfico Social Hospital Stmo. Cristo de los Remedios en La Rambla (Córdoba), resalta la incorporación de principios clave como:
- Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
- Plena inclusión y participación en la comunidad.
- Prevención del aislamiento y la soledad no deseada.
- Calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios.
- Reconocimiento del "entorno relacional", equiparando amigos a familiares como cuidadores.
Financiación: "sigue sin cumplirse"
Según el ecónomo, “la sostenibilidad, entendida como satisfacer las necesidades presentes sin comprometer el futuro, apenas recibe modificaciones significativas en el anteproyecto”. Critica que, años después de la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, el modelo de financiación estipulado (50% a cargo del Estado y 50% de las comunidades autónomas) sigue sin cumplirse. “El sistema actual parece compacto, pero es frágil debido a la insuficiencia de recursos y la dificultad para retener profesionales en un sector inestable”, añade.
En cuanto a la financiación, Luque propone la creación de una caja única y un Fondo de Garantía de la Dependencia para asegurar una atención igualitaria en todo el territorio nacional. Enfatiza también la necesidad de una verdadera coordinación sociosanitaria que integre servicios sanitarios y sociales, asegurando una atención integral y equitativa en cualquier región de España.
“Las residencias deben ser hogares en un entorno de confianza y bienestar”, subraya. Insiste en vincular la sanidad con la atención residencial para garantizar una relación efectiva entre hospitales, centros de salud y residencias.
Finalmente, desde la Familia Social Lares se hace un llamamiento al consenso y a la participación del sector social y solidario en el diseño de esta reforma. Luque concluye que “la accesibilidad universal no debe ser solo una obligación normativa, sino una oportunidad para construir un país más justo”.
Para terminar, propone un gran Pacto Nacional por las Personas Dependientes como la vía para garantizar la igualdad en procedimientos, prestaciones y salarios, así como la unificación de precios en los conciertos de plazas residenciales.
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