¿Podrán las personas mayores que viven en residencias seguir recibiendo su medicación de forma anticipada de las farmacias?

Aparece en prensa una noticia con el siguiente encabezado 'Un reglamento Europeo deja sin fármacos financiados a los geriatricos y psiquiátricos'. Cunde el pánico se difunde en redes sociales y en plataformas varias, multiplica su ola de nieve a medida que con buen o mal hacer personas sin conocimiento alguno opinan y llaman a la movilización, otros culpan a diferentes partidos políticos, otros (los mas) aceptan incluso lo enunciado con un victimismo propio de la patología paranoica que lo contempla.

A ver, serenémosnos y puntualicemos:

1- Los fármacos sujetos a financiación por el SPS (sistema publico de salud) no modifican sus costes ni gratuidad en los casos contemplados por nuestra actual reglamentación.

2- Lo que si está prohibido y, aunque os suene a desconocido siempre fue así, es adelantar medicamentos desde la oficina de farmacia a cualquier cliente, tanto particulares como colectividades, sin tener la receta de un facultativo al respecto.

3- No se trata de pagar el medicamento, se trata de tener una indicación clara y por escrito en contenido por parte de un médico colegiado de a quién, cómo, cuándo y en qué tiempo se debe tomar un medicamento. La farmacia solo se cubre a nivel profesional de una situación de riego en caso de no cumplir con lo dicho y una sanción nada banal ante una inspección que lo detecte.

4- Solo quedan exentos de lo anterior los medicamentos de libre dispensación, los cuales no precisan receta, así como la homeopatía y la parafarmacia.

5- Asimismo, debemos recordar que el transporte a los centros geriátricos y psiquiátricos de la medicación de sus usuarios en el primer caso y pacientes en el segundo debe cumplir también con unas características específicamente fijadas por normativa.

Por ello, no nos alarmemos, no contribuyamos a difundir una noticia excesivamente sesgada bajo mi entender mal titulada y capciosa. Lo sucedido, una vez más, refleja sin duda que todo nos lo creemos y, lo que es peor, incluso a veces lo aceptamos. No somos capaces de tener un limite en cuanto a lo que los legisladores pueden llegar a hacernos y tenemos anestesiado el sentido de la justa queja y la reclamación razonada.

Además, ¿creen Vds. que van a tocar los psicofármacos quienes mas los necesitan?

Vamos en esta ocasión a verlo desde el punto de vista anecdótico y esperar qué más nos sobrevendrá en un próximo futuro.

Vicente Botella es médico geriatra, vicepresidente de UPIMIR

Hace tiempo que mantenemos la hipótesis que las residencias somos un fondo de saco donde impactan o caen por gravedad cuestiones no resueltas, o no resueltas adecuadamente, por terceros quienes debieran ser cuidadosos al generar normativas y así minimizar los daños colaterales. Especialmente me refiero a las entidades, instituciones o administraciones responsables de esas normas.

Después nos toca a nosotros, en las residencias, gestionar esas contradicciones -o parchearlas- como buenamente podamos para adaptarlas a la realidad de la praxis diaria.

Los despachos están bastante lejos de las trincheras y del conocimiento y necesidades de los cuidados a las personas de la primera línea de fuego, generalmente no saben lo que aquí pasa o lo saben muy superficialmente por “oídas” …pero tienen la soberbia suficiente como para hacer normativas o reglamentos que nos impactan, de obligados cumplimientos y que generalmente vienen acompañadas de un potente régimen sancionador… para aplicar a los demás, claro, ellos levitan. Versión corregida y aumentada del s. XXI del “potestas” romano.

En este disloque es donde podemos encuadrar la directiva europea, versionada por nuestro Ministerio de Sanidad, por el que se pone en marcha el denominado SEVEM (Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que persigue que medicamentos falsos no entren en la cadena de suministro. Parece que sin saberlo debemos estar inundados de falsificaciones medicamentosas… o que hay un “exceso” en pasarse de frenada.

Este sistema regula que para que exista una dispensación del medicamento debe haber previamente una prescripción y todo esto es rastreable en la cadena. Esto siempre ha sido así en aquellas medicaciones sujetas a prescripción. Pero, a nivel práctico, lo cierto es que el perfil de las personas usuarias y sus frágiles estados de salud están sujetos a desequilibrios muy frecuentes al margen de sus cronicidades. En esas ocasiones agudas, las farmacias adelantaban medicación prescritas por los servicios médicos del centro, o incluso ante instrucciones del facultativo del CAP, a las personas usuarias de residencias y posteriormente el médico del ambulatorio hacia la prescripción y se saldaba el suministro que se había proporcionado anticipadamente para empezar el tratamiento.

Ahora esto NO PODRÁ ser así, no se podrá adelantar el medicamento porque nuestro Ministerio se olvidó poner a las residencias como excepcionalidad a la norma y aconsejada por la Unión Europea en su artículo 23:

“Artículo 23 Disposiciones para dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro de los Estados miembros

Los Estados miembros podrán exigir, cuando sea necesario para dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro en su territorio, que un mayorista verifique los dispositivos de seguridad y desactive el identificador único de un medicamento antes de suministrarlo a cualquiera de las siguientes personas o entidades: a) personas autorizadas o facultadas para dispensar medicamentos que no trabajan en un centro asistencial o una farmacia; b) veterinarios y minoristas de medicamentos veterinarios; c) odontólogos; d) ópticos y optometristas; e) personal paramédico y técnicos en emergencias sanitarias; f) fuerzas armadas, policía y demás instituciones gubernamentales que conservan existencias de medicamentos por razones de protección civil y lucha contra las catástrofes; g) universidades y otros establecimientos de enseñanza superior, distintos de los centros asistenciales, que utilizan medicamentos con fines de investigación y educación; h) prisiones; i) centros docentes; j) centros de cuidados paliativos; k) residencias de ancianos.”

A nuestro Ministerio se le olvidó recoger la excepcionalidad a las residencias. Inaudito pero o es olvido o mala fé.

¿Y esto que significa? Pues vamos al principio, que una norma hecha por nuestros avispados legisladores para dispensaciones farmacéuticas, que es un tema ajeno a nosotros, nos acaba complicando la vida. Si no se corrige solo hay las dos siguientes opciones de afrontar el asunto desde las residencias:

1.- Llamar e implicar a la familia ante cada situación por problema de salud que requiera actuación de atención sanitaria de respuesta temprana. Tendremos que avisar a las familias que vengan al centro, que estas vayan con la receta del médico de la residencia a la oficina de farmacia, compre y pague íntegramente el medicamento, nos lo traiga a la residencia al tiempo que pacte con la oficina de farmacia que cuando el médico del CAP le haga la correspondiente receta, vuelva a la farmacia y acaben de cuadrar el tema económico devolviéndole el importe pagado.

Esto pasa cientos de veces cada día en cualquier sitio de España. Burocracia, pérdida de tiempo, familias cabreadas, retraso y desatención a las personas, … Anunciamos problemas de desatención. Queda dicho.

2.- Prescindir del médico de la residencia, llamar desde el centro al 061, que vengan ellos, prescriban y con esta receta del sistema público, que la farmacia pueda desbloquear y darnos la medicación para ese proceso agudo en cuestión.

Tendremos cientos de llamadas cada día la 061 y lo colapsaremos. También queda dicho.

Así está el patio y así nos va, otra vez asuntos de terceros nos caen a las residencias por gravedad y acaban perjudicándonos y sufriendo las personas dependientes las consecuencias de la ineficacia y miopía legislativa.

Quizá tengamos que volver a Fiscalía, exponer el problema y advertirles que el sistema SEVEM es un arma letal, una declaración formal y oficial de desatención inducida desde la propia administración hacia nuestros residentes.

Me rio de la repercusión de los protocolos de limitación del esfuerzo terapéutico, desgraciadamente tan en entredicho en la pandemia, con lo que puede significar este SEVEM.

Ahora la limitación del esfuerzo terapéutico será por enredo burocrático, legal y fuera de aquellos casos de procesos tan avanzados.

Porca miseria y viva la burocracia y la ineficacia.

El 1 de noviembre es la fecha de entrada en vigor, atentos que empieza la fiesta.

Andrés Rueda es gerontólogo, presidente de ASCAD

He sabido por Inforesidencias, que se ha hecho eco de una noticia del ABC, que las farmacias españolas-europeas disponen de dos días, hasta el 1 de noviembre, para adaptarse a una normativa que prohíbe a las farmacias adelantar la medicación si no hay receta, y esto se hace para evitar la falsificación de medicamentos.

Desde el desconocimiento más absoluto, la medida parece un poco absurda ¿no? Entiendo, insisto desde mi desconocimiento, que con la receta electrónica esto no debiera de ser un problema, y por lo tanto lo que habría que hacer seria facilitar a los centros el acceso a esta herramienta.

Aun así, me sigue pareciendo una medida desproporcionada para muchas personas, mayores o no, a las que desde la farmacia se les adelanta la medicación en tanto en cuanto se consigue la receta, y más aún que el motivo sea la falsificación de medicamentos que a mí me suena a un delito muy grave y que habría que perseguir por otras vías.

Pero bueno, siendo como somos, en este país en tanto en cuanto no haya sanciones o restricciones relevantes, lo de cumplir el plazo es “relativo”.

Ánimo y mucha suerte.

Aitor Pérez Artetxe es Socio promotor de GEROKON

Por Eduardo Ortega

Dejando a salvo el buen hacer de los profesionales farmacéuticos que se encuentran al frente de las correspondientes oficinas, resulta más que llamativo el “trato” farmacológico recibido por las personas mayores tanto en general como en particular.

En general, porque hace unos días se publicaban diferentes noticias referidas a la “discriminación farmacéutica” de las personas mayores en cuanto a ensayos se refiere, ya que, aun siendo uno de los principales colectivos que consumen fármacos, proporcionalmente, es con el que menos se ensaya para comprobar previamente la efectividad del medicamento…

En particular (para las personas mayores con domicilio en un centro residencial), porque la noticia publicada el pasado lunes en ABC, de consumarse, no deja de ser limitativa para los mayores con domicilio en un centro residencial (transcribo el titular): “A partir del 1 de noviembre las farmacias no podrán adelantar la medicación a los residentes de centros sociosanitarios y los pacientes pagarán el precio íntegro o tendrán que ir al centro de salud”

Jurídicamente, la cuestión arranca, entre otros, del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano.

Este Reglamento define Identificador único como el “dispositivo de seguridad que permite verificar la autenticidad y la identificación de cada envase de un medicamento”.

Como regla general, este Reglamento establece (artículo 12) que “No podrá distribuirse ni dispensarse un medicamento cuyo identificador único haya sido desactivado, salvo en determinadas situaciones.

Entre estas situaciones excepcionales se contempla la recogida en el artículo 23 que es la que afecta a las personas mayores con domicilio en una residencia, entre otros colectivos.

Transcribo íntegramente el artículo con el propósito de que se aprecie la “oportunidad” de recoger estas excepciones:

Los Estados miembros podrán exigir, cuando sea necesario para dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro en su territorio, que un mayorista verifique los dispositivos de seguridad y desactive el identificador único de un medicamento antes de suministrarlo a cualquiera de las siguientes personas o entidades:

1. personas autorizadas o facultadas para dispensar medicamentos que no trabajan en un centro asistencial o una farmacia;
2. veterinarios y minoristas de medicamentos veterinarios;
3. odontólogos;
4. ópticos y optometristas;
5. personal paramédico y técnicos en emergencias sanitarias;
6. fuerzas armadas, policía y demás instituciones gubernamentales que conservan existencias de medicamentos por razones de protección civil y lucha contra las catástrofes;
7. universidades y otros establecimientos de enseñanza superior, distintos de los centros asistenciales, que utilizan medicamentoscon fines de investigación y educación;
8. prisiones;
9. centros docentes;
10. centros de cuidados paliativos;
11. residencias de ancianos.

De confirmarse la información publicada en ABC, el Ministerio de Sanidad no incluiría en la transposición del Reglamento a nuestro país a los centros residenciales; sí incluiría por el contrario supuestos tales como “hospitales, dentistas, centros de cuidados paliativos o prisiones a los que se les podrá adelantarla medicación” (según ABC).

Coincido en la propia afirmación de ABC al señalar los perjuicios que esto ocasionaría en los centros residenciales, todos ellos en detrimento de la persona mayor, entre ellos, el de una mayor dilación para su dispensación, o el abono del importe íntegro del medicamento con el posterior debate de cómo gestionar la devolución de parte del importe (una vez extendida la receta por el Sistema Público de Salud).…

Y uno que considera que el denominado modelo de “desinstitucionalización” ha entrado como un elefante en una cacharrería, esto es, sin reconocer el papel necesario presente y futuro de la red de centros residenciales existentes, considera que sería un buen momento para establecer tal excepción y “facilitar” así a unos y a otros (farmacéuticos, responsables de centros residenciales y sobre todo a las personas mayores usuarias de centros residenciales) el acceso a medicamentos en determinadas situaciones por razones de practicidad (procesos agudos y de urgencia).

Con cierta mala uva me pregunto inclusive si el modelo de desinstitucionalización tan pretendido por unos y otros ya viene de serie con esta excepción...

Por eso creo que es un momento más que importante que nuestros gobernantes han de aprovechar para mostrar su apoyo a los centros residenciales existentes y para no “ahuyentar” a los inversores de nuevos centros con nuevas trabas esta vez referida a la dispensación de medicamentos en determinados supuestos.

Eduardo Ortega es CEO de EO Abogados, especialista en Derecho de Mayores