Después de que, durante años la idea que dominaba la discusión en el mundo de la atención a personas dependientes fuese la Atención Centrada en la Persona, ahora llevamos un tiempo en que el nuevo concepto de debate es la desinstitucionalización.
Desde que el gobierno publicara su Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), un denso documento de más de 80 páginas que habita en una web diseñada al efecto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hemos visto cómo la idea de que las personas mayores deben ser atendidas preferentemente en sus domicilios ha ganado terreno, por lo menos en las intervenciones públicas de nuestros queridos gobernantes y en las mesas de las reuniones, jornadas y congresos que se celebran para tratar la dependencia, los cuidados de larga duración y todo lo sociosanitario.
A primera vista, nadie puede negar lo positivo de esta intención: la gran mayoría de las personas mayores prefieren envejecer en sus casas, rodeados de sus recuerdos y sus seres queridos, en un entorno que conocen y donde se sienten seguros.
Esa voluntad de permanecer en casa cuando la dependencia llega es algo que no debemos perder de vista. Responde a un deseo legítimo y humano de conservar la autonomía y la dignidad hasta el último momento. Nadie, ni el Gobierno ni los profesionales del sector, cuestiona esta aspiración. Es un anhelo al que todos, llegado el momento, quisiéramos acceder.
Sin embargo, lo que me preocupa, y creo que debería preocuparnos a todos, es el desfase entre ese noble objetivo y la realidad de nuestra capacidad como sociedad para hacerle frente. En la prolija “Estrategia”, las conclusiones y estrategias parecen estar construidas sobre una premisa que no se sustenta del todo: que seremos capaces como sociedad de atender a todas las personas mayores dependientes en sus domicilios o en la comunidad de forma eficaz y con calidad. Y aquí es donde surgen las dudas.
En primer lugar, debemos preguntarnos si realmente contamos con los recursos necesarios para materializar este cambio de modelo a gran escala. La experiencia de muchos años en el sector de la dependencia nos ha enseñado que el cuidado domiciliario puede llegar a ser más complejo y caro que la atención en residencias. Y no lo digo solo por los recursos financieros, sino por los humanos. Para fundamentar lo que digo propongo sacar la calculadora (o sea la app calculadora del teléfono) y hacer un pequeño cálculo:
Multiplicando 30 días por 24 horas cada día obtenemos que un mes tiene 720 horas. Si vemos la última modificación sobre el máximo número de horas de ayuda a domicilio que ofrece el sistema de la dependencia que es de Julio de 2023, vemos que ese año se hizo un esfuerzo importante y se incrementaron esas horas quedando así:
- Grado I: De 20 a 37 horas mensuales (antes máximo 20).
- Grado II: De 38 a 64 horas mensuales (antes entre 21 y 45).
- Grado III: De 65 a 94 horas mensuales (antes entre 46 y 70).
Dicho de otra forma, la persona más dependiente, aquella que si ingresase en una residencia viviría en un entorno sometido a una regulación detallada y con una ratio de personal que, contando a todo el personal, supondría un empleado a jornada completa por cada dos residentes; si se queda viviendo en su casa obtendrá atención durante el 13% del tiempo.
Repito que el gobierno hizo un esfuerzo considerable al incrementar las horas de ayuda a domicilio, tan intenso fue que tuvo que dosificarse y dejó claro que esas intensidades sólo se aplicarían a los “nuevos dependientes”, dejando a los ya valorados con las intensidades anteriores. Pero, aun así, supone que el 87% del tiempo la persona más dependiente no recibirá ayuda. Si nos vamos a la parte baja de la tabla vemos que quien reciba 20 horas al mes tendrá una ayuda de un poco más de media hora al día.
94 horas son ciertamente un número considerable y pueden suponer un cambio real en muchísimas personas pero, ¿pueden sustituir a una residencia para quien la necesite?
Imaginemos a una persona gran dependiente que vive sola en un domicilio que ha sido adaptado adecuadamente y puede recibir visitas esporádicas, cada dos o tres días de un familiar. Necesita que alguien vaya por la mañana para ayudarle a levantarse, vestirse y desayunar; durante el día necesitaría una segunda visita para acompañarle al baño o, si es incontinente, cambiar los absorbentes; quizás algo de ayuda a la hora de la comida y cena para acabar con un acompañamiento a la cama y quizás una visita durante la noche más alguna otra de carácter esporádico.
Eso es más o menos lo que recibiría en una residencia. ¿Cuántas horas supone esa ayuda? Si se lo preguntamos a los miles de personas que la están ofreciendo de forma gratuita a sus seres queridos, seguro que nos dirán que mucho más que media jornada. De hecho, algunos estudios dicen que un cuidador familiar que vive solo con un gran dependiente dedica hasta 12 horas al día, otros llegan a la conclusión de que el sueldo que no cobran los familiares por cuidar a familiares dependientes mayores es de unos 4.122 euros al mes.
Lo que queda claro es que, con el modelo actual, sustituir residencias con ayuda a domicilio es poco factible.
No critico en absoluto la Ayuda a Domicilio, todo lo contrario, creo que debería incrementarse su intensidad. Lo que digo es que no debe plantearse como algo para que ingresen menos personas en residencias, sino como solución adecuada para muchos dependientes, pero no todos.
Creo que hay un porcentaje de personas mayores, que ronda el 4-5% que, por su dependencia, necesidades complejas de atención y situación social, recibirán una mejor atención y a un coste más razonable en una residencia que en sus casas. ¡Por supuesto que preferirían “poder” ser atendidas en sus domicilios!, sencillamente no “pueden permitírselo” ellos por su cuenta ni la sociedad en su conjunto.
El envejecimiento de la población en España es una realidad incontestable. Según los datos del INE, se espera que para 2050, algo más del 30% de la población española tenga más de 65 años. Este tsunami demográfico ya está aquí, y con él se avecinan enormes desafíos para el sistema de atención.
Por supuesto, la desinstitucionalización como un concepto que lleve a las residencias a no ser “instituciones totales” y a que personas con una dependencia que no requiere de atención continuada permanezcan en sus domicilios es viable en muchos casos, pero ¿están los domicilios que existen en la actualidad preparados para convertirse en centros de cuidado incluso con dependencia severa o moderada?
Por desgracia, en muchos casos no. El 40% de los hogares en España no están adaptados para que puedan vivir en ellos personas con movilidad reducida, y adaptar una vivienda requiere una inversión considerable que no todas las familias pueden asumir y para la que no existen programas de ayudas solventes.
Además, cuando el cuidado domiciliario resulta viable, lo hace porque hay algún familiar al que está complementando. Generalmente mujeres que enfrentan una carga enorme de trabajo no remunerado. Pensemos, en relación con esto, que a medida que aumenta el número de personas que envejecen solas, ese cuidado no profesional va a ir reduciéndose.
La estrategia menciona la necesidad de una integración de los cuidados en la comunidad, pero poco se dice sobre cómo será esa transición de recursos hacia los domicilios o cómo se garantizará que la calidad de la atención no se vea comprometida.
Yo veo el concepto de desinstitucionalización como algo loable y positivo entendido, como he dicho, como proceso para que las residencias sigan su camino hacia modelos basados en la filosofía de la Atención Centrada en la Persona. Me preocupa que se entienda como un argumento para fundamentar que es posible sustituir las residencias por apoyos en el domicilio y en la comunidad para quienes de verdad necesitan atención residencial.
Me preocupa que estemos apostando por una solución basada en deseos, pero no en hechos. La realidad es que, aunque las personas dependientes quieran permanecer en sus hogares, el sistema de cuidados tal y como está diseñado hoy no tiene capacidad para absorber esta demanda sin poner en riesgo la calidad de vida de los dependientes y la sostenibilidad del sistema.
Es necesario seguir debatiendo sobre este tema y, sobre todo, continuar trabajando para encontrar un equilibrio que permita ofrecer a las personas mayores lo mejor de ambos mundos: el derecho a envejecer en su hogar si así lo desean, cuando la vivienda esté adaptada, tengan apoyos complementarios y la atención domiciliaria que se pueden pagar (ellos mismos o con ayuda púbica) sea suficiente para mantener una adecuada calidad de vida; pero también el acceso a cuidados especializados y de calidad cuando el domicilio ya no pueda ser una opción viable.
Creo que me he enrollado mucho, lo siento.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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