Ministerio de Derechos Sociales... ¿Consumo y Agenda 2030? ¡Menudo cóctel!

Cada vez que hay elecciones y se acaba nombrando un Gobierno, y también cuando hay crisis y se crean, escinden o fusionan ministerios, dedico un rato a ver “dónde hemos caído” y “quién nos ha tocado”. Cuando hace un año nombraron a Pablo Bustinduy Amador como ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, también lo hice y me quedé sorprendido por el cóctel competencial más que con el titular. De él me captó la atención que fuese hijo de una política, Angeles Amador, que también había sido ministra de Consumo en los años 90.

No escribí de ello entonces, pero estos días me ha venido a la cabeza y quería compartir una reflexión. ¿Tienen los servicios sociales y la dependencia suficiente entidad para que haya un ministerio específico que gobierne esas materias?

Creo que no es casualidad que cuando los servicios sociales se ven mezclados con otras áreas aparentemente dispares para formar “Ministerios Pupurri” lo que en realidad se nos está diciendo es que esas materias, por sí solas, no se consideran lo suficientemente importantes. No puedo evitar, cuando leo “Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030” acordarme de que, durante un gobierno del PP, nos sorprendieron con el Ministerio de Asuntos Sociales, Educación y Deporte. Otra versión de esa especie de “cajón de sastre” en el que se agrupan áreas que, a falta de una mejor estructura quedarían huérfanas.

La historia nos muestra que tradicionalmente los servicios sociales se han vinculado con carteras que guardaban algo más de coherencia entre sí: Trabajo, Seguridad Social o Sanidad. Estas asociaciones tenían cierto sentido. Por ejemplo, la atención a las personas mayores se relacionaba de alguna forma con las pensiones o, más recientemente, con la salud, lo “sociosanitario” o la igualdad.

Si repasamos la lista de titulares del ministerio que con diferentes nombres y elementos ha tocado la materia de servicios sociales, vemos que sólo dos ministras, Matilde Fernández y Cristina Alberdi lo han sido de Asuntos Sociales (a secas). A partir de allí siempre se ha diluido la materia con otras, en últimos años con Igualdad y Agenda 2030.

Lo que vemos en el actual Ministerio parece un cóctel hecho con los restos que en el reparto del pacto de coalición les tocaban a los socios de gobierno. Ahí tenemos la Agenda 2030, un concepto que muchos aún no tenemos claro cómo encaja en la política diaria de un ministerio concreto cuando se trata de algo transversal que debería afectar a toda la acción del gobierno y que, posiblemente cambie de nombre a ”Agenda 2040” cuando se vea que se acerca 2030 sin haber alcanzado muchos de los objetivos.

¿Qué tiene que ver Agenda 2030 con Derechos Sociales, que debería ser un asunto de la más alta importancia en un país con una población envejecida, y con Consumo, un ámbito que históricamente ha tenido su propio recorrido?

Es cierto que estamos en un momento donde los derechos sociales, relacionados con envejecimiento de la población y la dependencia deberían ser abordados desde una perspectiva transversal. En eso, se parecen algo a la Agenda 2030, con sus metas de sostenibilidad y bienestar. Pero mezclarlas y añadir consumo parece casi una fórmula improvisada para rellenar huecos de poder y asegurar que todas las piezas del tablero político queden satisfechas en el pacto de coalición.

Admito que mi argumento puede ser criticado si se indica que las competencias “reales” sobre asuntos sociales y dependencia acaban siendo ejercidas directamente por parte de las comunidades autónomas. Así, el trabajo del Ministerio se reduce a intentar dar una apariencia de coordinación cuando la experiencia nos dice (véase, por ejemplo, el Acuerdo Belarra) que poco puede hacer un ministro para coordinar las 17 comunidades si éstas no se dejan.

Al final del día, si realmente queremos construir una sociedad que se preocupe por sus miembros más mayores, por las personas en situación de dependencia y por los derechos sociales en general, deberíamos empezar por darles el espacio que merecen en la agenda política. Quizás lo más importante no sea el nombre del Ministerio sino el dinero que gastamos en la materia en relación con nuestro PIB.

Claro que eso sería otro tema.

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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