'Las personas mayores en el punto de mira de las emergencias': ¿También en el punto de mira en situación de normalidad?

El 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/127 por la que declara el 15 de junio como DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ.

Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha declaración y de las distintas actuaciones que se vienen realizando desde organizaciones de todos los ámbitos, los datos son poco alentadores (también para nosotros, profesionales de la Gerontología):

• Atendiendo a los últimos datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud,1 de cada 6 personas mayores de 60 años han experimentado algún tipo de maltrato en entornos comunitarios (esto es, aproximadamente 141 millones de víctimas de todo el mundo y, particularmente, más de 500.000 en España).
• El 90% de las personas que infligen abuso y maltrato a los mayores son familiares(entre padres e hijos, cónyuges o parejas).
• El riesgo a sufrir estas situaciones aumenta, y se multiplica por 10, cuando el afectado presenta discapacidad, lo que ocurre en un alto porcentaje de los mayores.
• Se estima que un 61% de las personas mayores víctimas de maltrato son mujeres.
• Para el año 2050, se estima que el número de personas afectadas, dado el envejecimiento de la población, aumentará hasta los320 millones de víctimas.
• Solo se denuncia 1 de cada 24 casosde abuso o maltrato en la vejez.
• Cuando las personas mayores sufren algún tipo de abuso, pueden aparecer problemas de salud, lesiones y dolor, así como depresión, estrés y ansiedad.
• Y lo que es igualmente preocupante, las personas mayores víctimas de maltrato, tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellas que no lo sufren.

Por si el reto de reducir las estadísticas referidas fuera fácil, este año la OMS ha escogido el lema “Las personas mayores en el punto de mira de las emergencias” para poner de relieve la “urgente necesidad de proteger y apoyar a las personas mayores durante las crisis”.

Señala la OMS sobre esta realidad que “Las emergencias como las catástrofes naturales, las pandemias o los conflictos afectan de manera desproporcionada a las personas mayores, exacerbando así su vulnerabilidad”, así como “el estrés y el caos de las emergencias pueden aumentar el riesgo de malos tratos a las personas mayores, ya sean físicos, emocionales, económicos o por negligencia”.

Por su parte, HelpAge Internacional indica como factores de riesgo para las personas mayores en situación de emergencia, entre otros, el incremento de la exclusión y la marginación existente, la invisibilidad ante los actores humanitarios, la imposibilidad de dejar el hogar aun si se desea, la separación de la familia o la comunidad, ser víctimas de abuso, las dificultades para llegar a los puntos de distribución de agua y alimentos o mercados, las dificultades para transportar los alimentos de regreso a casa, la inaccesibilidad de algunos refugios, las dificultades para acceder a instalaciones sanitarias, o la desnutrición no detectada.

Como medios de prevención frente a abusos de personas mayores en situaciones de emergencias, se señalan por dicha organización, entre otras medidas, preguntar a las personas mayores sobre sus preferencias en el momento de ubicarlas en refugios comunales temporales; involucrar y priorizar a las personas mayores en los planes de evacuación y reducción de riesgos de desastre, y en las actividades previas de la crisis; proveer un refugio en el área de retorno para las personas mayores que han quedado aisladas o sin apoyo familiar; proporcionar transporte; reconocer que las mujeres mayores pueden ser víctimas de abuso sexual, físico y mental; apoyar a las personas mayores con dificultades de movilización a llegar a los puntos de distribución; asegurarse de que los proyectos sobre refugios, tanto temporales como permanentes, consideren a las personas mayores para otorgarles hogares individuales y tratar de evitar la fragmentación de hogares multigeneracionales; asegurar que las personas mayores estén incluidas en las evaluaciones médicas; y coordinar los trabajadores comunitarios en salud para identificar a las personas mayores que no pueden llegar a los centros de salud.

Refiere igualmente la OMS implementar dos acciones que desde aquí divulgamos con la intención de que cale entre aquellos que tienen potestad para llevarlas a cabo, y permita garantizar que las personas mayores no se queden atrás en tiempos de crisis:

• Tener presente sus “necesidades en la planificación y respuesta ante emergencias”.
• Y potenciar la “educación y la formación del personal de emergencias, los cuidadores y el público en general”.

Y a uno que aprecia el término “normalidad” (término contrario a “emergencia”), el lema de la OMS (“Las personas mayores en el punto de mira de las emergencias”), le hace reflexionar nuevamente sobre la necesidad de hacer frente a nuestra realidad más próxima para así, revolver las eventuales situaciones de emergencia con mayor eficiencia. Y es que, difícilmente podremos enfrentarnos a las necesidades de las personas mayores en contextos de “emergencia” cuando en situaciones de “normalidad” se nos hace difícil cubrir unos mínimos.

Digo esto porque los datos que arroja el último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia (de marzo de 2024) realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales referido a 2023 resultan ser del todo mejorables:

- Sigue habiendo 296.431 personas en la lista de espera de la Dependencia al finalizar 2023, situación que denominamos el “Limbo de la Dependencia”.

- 40.447 personas fallecieron en 2023 esperando ser valoradas o atendidas.

- Cada 13 minutos fallece en España una persona en las listas de espera de la Dependencia.

- La media de días que tarda la Administración en tramitar un expediente de ayuda a la Dependencia es de 324 días, aun así 97 días menos que en 2020.

- Con respecto al servicio de Teleasistencia, el Plan de Choque considera vivir en su domicilio un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia, no obstante, sólo el 35,8% de las personas con Grado de dependencia, que viven en su vivienda, tienen teleasistencia al finalizar 2023.

- En Ayuda a domicilio la intensidad media es de 33,8 horas mensuales en 2023, con un incremento de sólo 0,3 horas mensuales respecto al año anterior.

- La Prestación Económica Vinculada al Servicio es de 575€ de media para una plaza residencial en el caso de los dependientes de Grado III; menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España.

Estos datos de 2023, aun siendo mejores que en años anteriores, nos lleva a la conclusión de la absoluta necesidad de continuar trabajando en la “normalización” de la atención a las personas mayores, como principal medio, para poder atender, del mejor modo posible, ante supuestos de “emergencia” en nuestro país.

Puestos a bajar a la arena, hay que señalar que la resolución de los problemas que encierran estas cifras pasa por una simplificación de los procedimientos y por una mayor implicación de la clase política, pero, al final, el lenguaje de los números se vuelve a imponer: ¡La financiación destinada a la atención de la dependencia es insuficiente!

Así, resulta que a pesar del importante incremento de financiación estatal con origen en el Plan de Choque aprobado en 2021 por el Ministerio de Derechos Sociales nueve comunidades autónomas han reducido, según el citado informe, su aportación.

Así resulta también, que el importe destinado por el Estado sigue siendo inferior al 2% del PIB, porcentaje destinado por otros países europeos para la misma finalidad.

Para mayor inri, el propio Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy admitió el pasado 25 de abril que las listas de espera en dependencia “presentan una situación que es inadmisible” y que “no se puede aceptar” , reclamando “un acuerdo de país”, porque cambiar el modelo de cuidados es “una prioridad democrática” ,y que esto, ni más ni menos, “[…]tiene que ser objeto de un acuerdo de país, porque nos va el país en ello”.

De esta manera, a la espera de que la reducción de las listas de espera se convierta en una verdadera prioridad, con su consiguiente repercusión presupuestaria estatal y autonómica, en un día como el señalado me consuelo con recordarme a mí mismo:

• Que el derecho a la dignidad se constituye como el principal fundamento en la atención a las personas mayoresentendiendo por tal, en palabras del TRIBUNAL SUPREMO (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia num. 465/2019 de 17 septiembre) “la facultad de autodeterminarse; o, dicho de otro modo, de ser protagonista de su propia existencia, de adoptar las decisiones más transcendentes, que marcan su curso vital, según sus deseos, sentimientos y aptitudes, en la medida en que quepa satisfacerlos.”
• Que los profesionales dedicados a la atención las personas mayorescondenan cualquier tipo de maltrato a personas mayores entendiéndose como tal, según la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud en la Declaración de Toronto de 2002, como “cualquier acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas, que se producen dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, y que causa daño o angustia a una persona mayor”, ya sea físico, psicológico o emocional, sexual, económico, por abandono o negligencia.

Y que el maltrato compromete y posiciona a todos, ya que conocer un acto de violencia contra una persona mayor y no actuar, nos convierte en cómplices.