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Del Día del Mayor al Derecho de Mayores: lo mucho que aún queda por hacer

Eduardo Ortega, abogado especialista en Derecho de Mayores, titular de EO Abogados.
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Eduardo Ortega, abogado especialista en Derecho de Mayores, titular de EO Abogados. (Foto: EO Abogados)
Por Dependencia.info
martes 29 de septiembre de 2026, 12:31h

Entrevista con Eduardo Ortega Hernández, abogado especializado en personas mayores.

Con ocasión del Día de las Personas Mayores, repasamos con Eduardo Ortega Hernández, CEO de EO Abogados, especialista en Derecho de Mayores, los principales avances de 2026 en la protección jurídica de las personas mayores: desde la jurisprudencia sobre abuelos y nietos, desheredación y Derecho Penal de Mayores, hasta la dependencia, la financiación del sistema y los desahucios de personas octogenarias.

Un recorrido que apunta a la consolidación de un Derecho de Mayores incipiente, pero también a todo lo que aún falta por hacer para que la edad no se convierta en una coartada para vulnerar derechos.

Edadismo: de la injusticia silenciosa al conflicto jurídico

- ¿El edadismo es solo un problema cultural o ya es un problema jurídico de primer orden?

Es ambas cosas, y precisamente por eso es tan peligroso. El edadismo es una injusticia silenciosa: una forma de discriminación por razón de edad que se ha normalizado en la familia, en las instituciones y también en la práctica jurídica. Durante años se ha tratado a las personas mayores como menos capaces, menos relevantes, menos dignas de ser escuchadas, sin nombrar esa realidad como discriminación.

Cuando una sociedad decide dejar de aceptar como normal una injusticia, el conflicto deja de ser solo cultural y se convierte en jurídico. Eso pasó con el machismo: el movimiento feminista y casos como “La Manada” obligaron a mirar de frente conductas que ya no podían interpretarse con los parámetros de décadas anteriores. Con el edadismo estamos en ese punto de inflexión: o lo nombramos como vulneración de igualdad y dignidad, o seguiremos maquillando decisiones que, en el fondo, recortan derechos por el mero hecho de cumplir años.

Familia: abuelos, nietos y desobediencia

- En familia, 2026 deja una sentencia muy potente: ¿qué cambia la STS 307/2026 en la relación abuelos-nietos?

Cambia el marco completo. La STS 307/2026, de 29 de abril, declara que los progenitores no son “propietarios” de sus hijos y califica la relación abuelos-nietos como un “derecho natural” recíproco. Eso significa que el vínculo no es un favor revocable de los padres, sino un interés jurídico propio de los niños y de los abuelos.

La sentencia condena por dos delitos continuados de desobediencia grave (art. 556 CP) a una madre que, de forma reiterada, impedía el régimen de visitas fijado judicialmente. El mensaje es contundente: impedir injustificadamente ese vínculo, desobedeciendo resoluciones firmes, deja de ser un conflicto privado y pasa a tener relevancia penal. En términos de Derecho de Mayores, es un hito: por primera vez se afirma con esa claridad que la relación con los nietos forma parte del núcleo de derechos de muchas personas mayores.

Sucesorio: ¿se puede desheredar por abandono afectivo?

- En sucesiones, la pregunta incómoda es directa: ¿puede hoy una persona mayor desheredar a un hijo por abandono afectivo grave?

Sí, pero no de cualquier manera. Bajo el Código Civil común, la vía es interpretar el “maltrato de obra” del art. 853.2 CC en sentido amplio, incluyendo el maltrato psicológico y el abandono afectivo grave. Esa línea la abren las SSTS 258/2014 y 59/2015, y se consolida con resoluciones posteriores que admiten la desheredación sin necesidad de condena penal previa, siempre que el juez civil aprecie el maltrato psicológico en el propio procedimiento sucesorio.

Esta línea se ha ido consolidando hasta llegar a la STS 507/2026, de 7 de abril (Sala Primera, rec. 4695/2021), que confirma que el abandono afectivo prolongado, injustificado e imputable al hijo, con daño psíquico relevante para la persona mayor, puede operar como causa de desheredación al amparo del art. 853.2 CC.

La clave está en los requisitos: no basta con decir “no tenemos relación”. Hay que acreditar un abandono injustificado, prolongado, imputable al hijo y que haya causado un daño psíquico relevante al causante. Mientras el Código Civil no incorpore una causa específica como la catalana, estamos ante una vía posible pero exigente. La pregunta de fondo es si el legislador está dispuesto a reconocer que el abandono afectivo grave hacia una persona mayor merece consecuencias sucesorias claras, y no solo morales.

Penal: ¿un verdadero Derecho Penal de Mayores?

- En el ámbito penal, ¿podemos hablar ya de un “Derecho Penal de las Personas Mayores” o es una etiqueta excesiva?

No es una etiqueta; es una realidad en construcción. El Código Penal contiene agravaciones específicas cuando la víctima es “persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad” (art. 140.1.1ª CP), cuando convive con el autor (art. 148.5 CP) o cuando se trata de agresiones sexuales a personas en situación de especial vulnerabilidad (art. 181.5.c CP).

La STS 516/2026, de 21 de julio, es un ejemplo contundente: confirma la prisión permanente revisable por el asesinato alevoso de una residente de 98 años con demencia avanzada, aplicando la hiperagravación del art. 140.1.1ª CP. Siguiendo la doctrina del Pleno en la STS 585/2022, la Sala afirma que no hay bis in idem entre la alevosía por desvalimiento y la hiperagravación por especial vulnerabilidad; hay un “bis in altera” legítimo. El mensaje es claro: utilizar la fragilidad de una persona mayor como instrumento del delito merece una respuesta penal cualificada.

Ahora bien, persona mayor no equivale automáticamente a persona vulnerable. La edad cronológica no puede ser la única vara de medir. La vulnerabilidad debe acreditarse caso por caso: deterioro cognitivo, dependencia, aislamiento, imposibilidad real de defenderse. El reto del Derecho Penal de Mayores es doble: proteger sin infantilizar y agravar cuando la edad y la situación real colocan a la víctima en desvalimiento extremo.

Vivienda y arrendamientos: ¿es compatible el desahucio con la dignidad?

- En vivienda y arrendamientos, el caso de Maricarmen es demoledor: ¿puede el Derecho seguir permitiendo desahucios de personas octogenarias con décadas de arraigo sin ofrecer alternativa?

Esa es una de las preguntas más duras que tenemos que hacernos. El caso de Maricarmen —más de 80 años, discapacidad, contrato de renta antigua, décadas de vida en la misma casa— muestra un choque frontal entre el derecho de propiedad y la dignidad de la persona mayor. La ley permite la recuperación de la finca, pero apenas pondera la historia de vida, el arraigo y la imposibilidad real de “empezar de cero” a esa edad.

Se han introducido avances, como la obligación de comunicar a servicios sociales los desahucios de vivienda habitual y valorar la vulnerabilidad (reforma del art. 441 LEC), pero son claramente insuficientes. La pregunta jurídica es contundente: ¿vamos a seguir lanzando a la calle a personas de más de 80 años con discapacidad sin una alternativa habitacional digna, amparándonos en una lectura rígida del derecho de propiedad? Si la respuesta es no, hace falta una reforma legal que impida el lanzamiento en estos supuestos sin solución habitacional adecuada y que incorpore la historia de vida y el arraigo como elementos de ponderación obligatoria.

Dependencia: ¿derecho subjetivo o promesa condicionada?

- En dependencia, la cuestión es casi brutal: ¿el derecho a la atención es real o sigue siendo una promesa condicionada a la voluntad política?

La Ley 39/2006 dice que es un derecho subjetivo. La Constitución, con los arts. 10, 41, 49 y 50, refuerza la obligación de garantizar una protección social suficiente y la dignidad de las personas mayores y dependientes. Pero la práctica nos muestra otra cosa: listas de espera interminables, plazos legales sistemáticamente incumplidos, intensidades de atención insuficientes. Eso no es un problema menor de gestión; es una vulneración estructural de un derecho reconocido.

La reciente inyección presupuestaria aprobada por el Real Decreto-ley 17/2026 es una medida necesaria, pero llega tarde y no puede presentarse como un gesto voluntarista: es la corrección parcial de una deuda acumulada con las personas mayores y dependientes. Si hoy se pueden movilizar miles de millones, es porque antes se decidió no hacerlo. Esa decisión tiene consecuencias jurídicas y éticas que no podemos seguir maquillando.

La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿vamos a blindar por ley una financiación suficiente y estable del sistema de dependencia, o vamos a seguir dejando que la efectividad del derecho dependa de cada ciclo político y de cada prórroga presupuestaria?

Financiación: ¿qué significa “blindar” el sistema?

- Cuando hablas de blindar la financiación de la dependencia, ¿a qué te refieres en términos concretos?

Blindar significa dejar de tratar la dependencia como una partida negociable y convertirla en una obligación jurídica con cifras mínimas garantizadas. Por ejemplo, fijar por ley un porcentaje mínimo de financiación estatal —no inferior al 50% del coste real del sistema— y vincularlo a indicadores objetivos de necesidad y envejecimiento, no a la coyuntura política.

Operar de forma prolongada con presupuestos prorrogados en un sistema ya tensionado implica, en la práctica, recortar derechos sin decirlo. Cuando un derecho se reconoce en la ley pero no se garantiza en la realidad, y esa situación se mantiene en el tiempo, estamos ante una vulneración por omisión. Blindar la financiación es, en el fondo, tomar en serio la dignidad constitucional de las personas mayores y dependientes, y dejar de usar la excusa presupuestaria como coartada.

Operadores jurídicos: ¿qué responsabilidad tienen?

- Más allá de las normas, ¿qué responsabilidad tienen los operadores jurídicos en todo esto?

Mucha más de la que a veces queremos admitir. Las normas son, en gran medida, las mismas, pero la sociedad no. Abogados, jueces, fiscales, notarios, registradores… todos tenemos la responsabilidad de incorporar de forma expresa la condición de persona mayor —y, cuando proceda, de persona mayor vulnerable— en la argumentación jurídica y en la ponderación judicial.

Eso significa dejar de tratar la edad como un dato neutro y convertirla en un elemento central del caso cuando afecta a la autonomía, la dependencia, el arraigo o la vulnerabilidad. Significa evitar lecturas rígidas que ignoren el impacto real de las decisiones sobre la vida de las personas mayores. Y significa utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para combatir el edadismo: desde la interpretación de las causas de desheredación hasta la aplicación de agravantes penales o la suspensión de lanzamientos en supuestos extremos.

Legislador y futuro: ¿estamos preparando el Derecho para el envejecimiento?

- Si tuvieras que hacer una sola pregunta al legislador en el Día de las Personas Mayores, ¿cuál sería?

Le preguntaría: ¿está dispuesto a preparar el Derecho para la realidad del envejecimiento, o va a seguir gestionando la vejez con normas pensadas para otra sociedad? El envejecimiento no es una anécdota demográfica; es un fenómeno estructural mundial. Si el ordenamiento no se adapta, la consecuencia será que millones de personas mayores verán sus derechos recortados en la práctica, aunque sigan intactos en el papel.

Para mí, el 1 de octubre es, sobre todo, el día de los derechos de las personas mayores; más bien, el día en el que toca revisar con honestidad la efectividad real de esos derechos. Porque la edad no suspende derechos fundamentales ni derechos civiles. Porque la dignidad, el arraigo, la autonomía y la historia de vida de las personas mayores deben dejar de ser meras referencias éticas y convertirse en parámetros jurídicos explícitos. Y porque mayores somos todos: unos ahora, otros en potencia.

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