Las patronales del sector de la atención a las personas mayores han realizado este miércoles un ejercicio notable de fuerza y de unión en un acto conjunto organizado por el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) para reivindicar la equiparación del IVA al 4% en todos los servicios de atención a la Dependencia. después de que tres partidos políticos, PP, ERC y PdCat, hayan presentado enmiendas a los Presupuestos en este sentido que han sido vetadas por el Gobierno.
“Utilizaremos todas las vías posibles para lograr acabar con la injusticia social hacia las personas mayores”. Así de contundente se mostraba la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, tras el veto del PSOE a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que pretendía equiparar este IVA del 10 al 4%: “No cejaremos en nuestra lucha contra esa discriminación histórica... No es fiscalidad, es justicial social”.
Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, señalaba que están "esperanzados en que el Gobierno reconsidere" la petición de la equiparación del IVA "porque es de justicia y claramente discriminatorio", pero se plantean "acudir a las instancias judiciales europeas" si no dan marcha atrás desde el Ejecutivo y "poner una demanda porque claramente es una discriminación social". Apunta también que desde el Ministerio de Derechos Sociales echan balones fuera y dicen que esto del IVA "es cosa de Hacienda".
Esta unión es imparable
Igualmente, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, abundaba en que "es un tema de justicia social" y apuntaba que "este Gobierno de la gente que nunca se iba a quedar atrás tiene una excepcional oportunidad para demostralo". "Es una reivindicación histórica del sector y si esta semana no se atiende esta petición de enmienda lo que haremos será ir a la justicia europea y solicitarlo por esta vía", afirmaba. Cubero concluía con que "esta unión ya es imparable y lo que tenemos que hacer es reivindicarlo a entidades superiores, como puede ser la justicia europea".
El portavoz de AESTE, afirmaba que “esta reivindicación vela única y exclusivamente por las personas mayores. Nos resulta muy difícil entender que los partidos políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para modificar este punto de la Ley, tan a todas luces injusto y discriminatorio. Aquí no somos las empresas ni las entidades que ofrecemos servicios cuidados las que sufrimos este doble gravamen, sino las personas mayores necesitadas de esos cuidados, que tienen derecho a este servicio esencial, no deseado, en situación de igualdad”.
“Confiamos que en los próximos días el Gobierno cambie de opinión y levante el veto a estas enmiendas. Si no fuera así y si para defender los derechos de las personas mayores y sus familias tenemos que recurrir a la justicia europea, lo haremos sin dudar”, concluía Cubero.
Respaldo masivo de los mayores al manifiesto
Aun así, respaldados "al 100% por todas las entidades de mayores de España", la presidenta del CEAPs también se mostraba esperanzada en que el Grupo Socialista “reaccione” y, al final, “levante el veto”: “El Gobierno tiene derecho a vetar, pero también tiene derecho a volver a activar la enmienda antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”.
Pascual se pronunciaba en esos términos minutos después de suscribir, junto a representantes de más de 8 millones de pensionistas y jubilados el manifiesto, impulsado por CEAPs, para exigir que todas las personas dependientes tributen al mismo tipo reducido del 4% por los servicios a la Dependencia y eliminar, de esta forma, el doble rasero “injusto” que implica que no todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar paguen el mismo IVA por el mismo servicio.
“La atención a la Dependencia no puede ser considerada un lujo; es un servicio esencial”, insistía Pascual, quien añade que “es una vergüenza que hablen de justicia social cuando vetan una enmienda que va directamente a las personas. No hablamos de fiscalidad o de dinero, hablamos de justicia”.
“Otra vez nos han dado la espalda, pero no a las entidades que damos servicios y proveedores, están dando la espalda a personas mayores que son los finalistas del IVA. Pedimos a los políticos que miren más allá… Nuestro país es de los que menos invierte en dependencia y con los precios más bajos, que al final repercuten en ratios y salarios”, se lamentaba la responsable del CEAPs.
Cinta Pascual recordaba que este "doble rasero" perjudica a cerca de 100.000 personas que se encuentran "en el limbo de la dependencia" porque tienen esperar de media 468 días para que se les asigne una plaza en un centro público o concertado, aunque -insistió- la ley estipule un máximo de 180. "Hay casos en los que la espera es más larga que su esperanza de vida", apuntaba.
Masiva adhesión al manifiesto
Entre las organizaciones que han suscrito el manifiesto figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), que trasladan así su apoyo unánime a la enmienda presentada PP, PDeCAT y ERC al punto número 3º del apartado 2 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido para acabar con la injusticia histórica que sufren las personas mayores, las personas dependientes y sus familias.
En línea con CEAPS, CEDDD entiende que una situación especialmente preocupante es la de aquellas personas que viven en el limbo y que, aun teniendo derecho a una plaza pública, tienen que pagar la plaza o el servicio de su propio bolsillo. Además, con el incremento del 6% del tipo impositivo. Por ello, creen que es el momento de que todos los partidos políticos defiendan un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las ponga en el centro. Así mismo, consideran totalmente necesario mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes, de forma que quede garantizado el ejercicio y disfrute de sus derechos.
Presión al Gobierno
Con su adhesión, trataban de presionar al Gobierno para que no vetara la enmienda presentada por distintos grupos políticos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, al entender que “es el momento de que todos los políticos, en el Gobierno y la oposición, estén a la altura, se pongan al lado de los mayores, de las personas dependientes y de sus familiares, y acaben con una “injusticia histórica”.
Y es que, tal y como aparece en el manifiesto, “no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente”. Hay que recordar que actualmente el IVA que se paga por los servicios asociados a la Dependencia es del 10% si los contratan de forma personal, mientras que solo tributan un 4% por idéntico servicio si este es concertado o público.
Este doble rasero “perjudica doblemente” a las personas que se encuentran en el limbo, ya que, pese a tener derecho a una plaza pública, se ven obligadas a abonar la totalidad de la plaza o el servicio de su propio bolsillo mientras la Administración resuelve su caso y encima gravado con un 6% más de IVA que pagaría si ya dispusiera de esa plaza pública o concertada que le corresponde.
En el manifiesto se sostiene que es un derecho universal, reconocido en la LAPAD, y como tal es injusto que se penalice a un ciudadano incrementando el IVA cuando este se ve obligado a contratar un servicio privado por la falta de plazas públicas o por la “ineficacia del sistema público”, que tarda de media 468 días en otorgar un servicio o prestación, cuando el máximo que establece la ley es de 180 días.
“La atención a la Dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos”, recalca el manifiesto.
No solo pide la equiparación del IVA por “justicia social y porque es un derecho universal”, sino porque aliviaría la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.200 € anuales y mejoraría “la economía del país”. Según sus cálculos, la recaudación del Estado se incrementaría en 170 millones de euros.
En este sentido, explica que una rebaja del IVA movería a más familias a acudir a la contratación de servicios profesionales, lo que conllevaría una mejora en la ocupación de los centros y nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, una reducción en el número de parados y un ahorro en las prestaciones por desempleo. “Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable”, concluye el manifiesto.
LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS A TÍTULO INDIVIDUAL QUE DESEEN AÚN ADHERIRSE AL MANIFIESTO PUEDEN HACERLO EN LA PAGINA WEB DE CEAPS https://ceaps.org/
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