Arquitectura y Residencias: Sólo un hospital es un hospital (Primera parte)

Infraestructuras de apoyo y contención frente al Covid. Las Unidades de Convivencia.

TCU Arquitectos, Hospitecnia 23/11/2020

Estar preparado para una eventualidad significa ser capaz de afrontar una situación fuera de los estándares supuestos, sin morir en el intento. En arquitectura, quiere decir que, ante unas condiciones excepcionales y adversas -meteorológicas, de fuego, de carga, de uso- el edificio es capaz de mantener su normal funcionamiento durante un tiempo determinado. Este tiempo se fija en función de los daños personales, materiales y económicos que acarrea su destrucción y posterior reconstrucción. A partir del momento en el que este balance sea positivo, estaremos “preparados”.

Polarizando la situación, siempre nos encontraríamos antes dos escenarios posibles: uno de destrucción y otro de conservación total. En el primero, se estima que cualquier acción de prevención, lucha y/o reconstrucción, supondría pérdidas. O dicho de otro modo, ni las partes ni la suma de lo que se ha invertido en la infraestructura hasta ese momento, vale más que las acciones destinadas a salvaguardarla.

En el supuesto contrario, se estima que, aun llevando a la excelencia todas las medidas de prevención, lucha y reconstrucción, el valor de lo salvado sería siempre superior. Entre una decisión y otra, hay un amplio rango de alcance, en el que entra en juego, además, la frecuencia con que se da la situación. Así, tendremos soluciones que conjuguen diferentes valores para los factores de este sumatorio, y se materializarán aplicando coeficientes de mayoración, diversos equipamientos, protocolos de mantenimiento y control más o menos exhaustivos etc. Por ejemplo: ante un incendio en un edificio de viviendas, el punto de inflexión entre balance positivo y negativo es la capacidad de asegurar la evacuación de los residentes. Si esto no se logra, las pérdidas serán mayores que el ahorro en sistemas de prevención y lucha contra incendios, mientras que, si se consigue, el resultado será positivo. El alcance de los medios destinados a reaccionar frente a un incendio queda determinado por la evacuación de los usuarios. Esto es precisamente lo que recoge el DB-SI del CTE. Este requerimiento, mantener un estado de servicio que permita la evacuación de los usuarios en condiciones de seguridad, pasa a ser básico, es decir, el edificio se proyecta y construye asumiendo esta situación.

Los incendios, como cualquier otro accidente meteorológico, son situaciones excepcionales asumidas como concernientes a los edificios residenciales porque hay cierto grado de posibilidades de que ocurran durante su vida útil, porque son sensibles a esta clase de contingencia, y porque sus consecuencias afectan directa y seriamente a sus usuarios: amenazan vidas humanas, que son, por lo general, el principal valor que hay en toda ecuación. Existen otros riesgos que sólo son relevantes para ciertas infraestructuras o servicios, bien porque la actividad que se desarrolla en ellos puede provocar un accidente, o porque, por su materialidad, contenido o funcionamiento son más sensibles. Por ejemplo, el riesgo de fuga de residuos tóxicos y su exposición a ellos, es especialmente trascendental en la industria química o en la del automóvil, y por eso, cuentan con unos protocolos de control y prevención ad hoc. Protocolos que, evidentemente, estaría fuera de toda lógica aplicar en un uso residencial o docente, por ejemplo.

Sin embargo, esta lógica se ha perdido de vista durante la pandemia del Coronavirus, una situación que, por su naturaleza, escala, efecto y probabilidad, estaba fuera de toda previsión. Uno de los temas más controvertidos ha sido cómo han respondido las residencias de ancianos a esta crisis, y más concretamente, qué se esperaba de ellas. La discusión tendría sentido si fuera sobre un aspecto propio de su uso -residencial-: barreras arquitectónicas, m²/residente, calidad de los servicios de hostelería etc. Pero de repente, nos hemos llegado incluso a escandalizar de que en ellas no hubiera tomas de gases ni personal médico capacitado para gestionar el contagio de sus residentes. ¿Por qué habría de tenerlo, si no son hospitales, ni siquiera ambulatorios, sino hogares? ¿Por qué no ha se ha cernido esta sombra de acusación por negligencia sobre cualquier otro edificio de uso residencial? ¿Qué se pretende decir al señalar que “deberían estar mejor preparadas”? ¿Deberían dispensar los mismos cuidados que un hospital o, mejor dicho, que una Unidad de Cuidados Intensivos para aislados, que es de lo que estaríamos hablando?

Abordemos esta cuestión teniendo en cuenta el balance de costes y los requerimientos básicos que explicábamos antes. Ante las elevadísimas pérdidas personales y económicas (sin precedentes), es seguro que, a partir de ahora, todas las infraestructuras y servicios tendrán entre sus requisitos básicos un plan de acción ante un estado de contingencia similar a este. Ahora bien, ¿cómo será? ¿Qué alcance deberá tener? En todo caso se aumentará -o implementará por vez primera- el estándar de medidas destinadas a la protección frente a una pandemia, pero ¿hasta qué punto? Cabe insistir en que se trata de un riesgo de infección, caso únicamente contemplado en el uso Hospitalario y determinadas Industrias; ahora, todos los usos -Administrativo, Pública Concurrencia, Docente, Industrial, y por supuesto, Residencial- han de contemplar este riesgo. Y esto va a ser así porque, a la vista de las consecuencias que puede tener no implementarlas -no estar preparado-, es mucho más rentable invertir en acciones preventivas y en su mantenimiento, aun a riesgo de no llegar a amortizarlas.

Para fijar el alcance que deben tener estas medidas, primero hay que despejar cuál es su objetivo. Una vez definido este, podremos desarrollar las acciones adecuadas para conseguirlo. Volviendo al ejemplo del incendio, este sólo tiene efecto sobre sí mismo; por eso, sólo tiene que asegurar la evacuación de sus residentes, y hacerlo por sus propios medios. El caso de la pandemia es totalmente distinto, en primer lugar, por su escala. Al tratarse de un fenómeno global, afecta a todos los miembros de la sociedad y en todos los medios y ambientes: rural, urbano, nacional e internacional; laboral, domiciliario y ocio; en espacios abiertos o cerrados. Empecemos a acotar la solución:

1. De esta primera característica se deduce que ninguna acción contra esta situación existirá de forma aislada, sino al contrario, pertenecerá a un plan general que abarcará y coordinará todas las operaciones llevadas a cabo desde todos los ámbitos.
2. Aun siendo una crisis global, hay un eslabón en el que repercute con más fiereza: el uso Hospitalario. Es aquí donde desembocan las emergencias sufridas en el resto de sectores, engrosando el estado de emergencia que ya sufre su propia comunidad. Su capacidad se ve desbordada. No pueden, al contrario de lo que ocurría en el edificio incendiado, proteger a sus usuarios con sus propios medios, porque tienen que hacerse cargo de muchos más usuarios -pacientes- de los que le corresponden que, a su vez, demandan una cantidad de recursos que excede enormemente el dimensionamiento del hospital. Es urgente volver a equilibrar la relación entre capacidad (de camas, equipamiento, recursos materiales y personal) y ocupación. De aquí se deduce que la misión del resto de los servicios e infraestructuras será evitar sobrecargar los centros hospitalarios, intentando autogestionar al mayor número posible de usuarios.
3. Ante una crisis biológica, el uso Hospitalario se encuentra, sin duda, entre los que mejor preparados están, ya que entra dentro de las amenazas más plausibles en dicha actividad, y porque sus usuarios, por definición, son especialmente sensibles a ella. Por eso, las medidas tomadas para prevenir y enfrentar esta eventualidad son mucho más especializadas y exhaustiva que en cualquier otro uso. Este grado de capacitación consume, desde los inicios de su proyecto, un coste tremendamente elevado en superficie, equipamiento médico, infraestructuras (especialmente clima), abastecimientos, protocolos de control y personal cualificado. Un coste que ningún otro uso puede asumir, mucho menos a posteriori. Podemos intuir esta diferencia de coste al comparar ratios: en España hay 2.4 camas/1000 habitantes², y 1 vivienda/2.5 personas³. La conclusión de esto es que nada que no sea un hospital, puede convertirse en un hospital.

Y con estas nociones, volvemos a la pregunta inicial: ¿Deberían las residencias de ancianos dispensar los mismos cuidados que un hospital? La respuesta es clara: no. Las residencias de ancianos (como cualquier otro servicio e infraestructura) deben asumir determinadas funciones o responsabilidades encaminadas a contener lo más posible a sus residentes. Así, dentro del mapa de acciones coordinadas, serán identificados como Centros de Apoyo Sanitario y Contención a la Pandemia.