La patronal CECUA ha denunciado la falta de diálogo social en el Concierto Social y la improvisación en la modificación de la orden 30 de agosto de 1996 que supone la vulneración de derechos de las pymes andaluzas.
Para situar esta noticia hay que remitirse al momento con la crisis econónomica en el que el Estado retiró las aportaciones a las CCAA. En Andalucía hubo negociaciones entre todos los actores para repartir la factura. Tanto las empresas como la administración intentaron mejorar la ocupación de los centros. La Junta se comprometió a hacer frente al porcentaje que había retirado el Gobierno central para mantene el sistema. Las empresas, por su parte, sacrificaron la reserva de plaza a cambio de otros beneficios.
El problema aparece ahora con la improvisación en la modificación de la orden 30 de agosto de 1996 supone la eliminación de la reserva de plaza y vulnera los plazos establecidos: "En tiempos de postcrisis, el gobierno regional saca un modelo de concierto social, de licitación, y después saca la orden que lo regula". Así lo ha explicado a Dependencia.info el presidente del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, CECUA, Andrés Rodríguez, que aclara: "Si tienes que cambiar las reglas del juego de manera unilateral, cámbialas y luego sacas el procedimiento; no lo hagas al contrario, que haces presentar ofertas y luego me dices que cambias las reglas del juego".
"Es que a lo mejor no me interesa licitar o las plazas que te oferto son menos", apunta Rodríguez que, además, reprocha también que "no ha habido diálogo social con los agentes para hacer estas modificaciones". De hecho, "el mismo que se estaba haciendo la presentación se estaba publicando en el BOJA", subraya.
De esta forma, los cambios más significativos con los que se encuentran los empresarios es que "quitan de manera unilateral la reserva de plazas" cuando "el procedimiento de ocupación, según el concierto social, va a ser de dos meses y no inferior a un mes". Por otra parte, "las plazas que se oferten a concierto deben estar a disposición durante 6 meses en los que no puede estar ocupada". Andrés Rodríguez se lamenta por esto: "Debo tener la plaza a disposición de la administración, no me pagan la reserva, pero tampoco puedo ocuparla con usuarios privados y sigue congelada la tarifa. Es decir, en época de postcrisis están empeorando las condiciones de la crisis".
De esta forma, la queja se presenta por la unilateralidad de las medidas y por la improvisación en un procedimiento que afecta a trabajadores, usuarios y empresas, con una total carencia de dialogo social en el que participen todos los agentes sociales implicados. Recuerda que en un contexto social en el que luchar contra la despoblación rural es una prioridad, "el concierto social se ha convertido en una amenaza real que supondrá en los próximos años la pérdida de miles de empleos, hasta un 30%, principalmente femeninos, y el cierre de residencias en el entorno rural después de millonarias inversiones, siendo un duro revés para las pymes andaluzas que ya se encuentran en una situación precaria e indefensa ante políticas unilaterales", destacan desde la patronal de la dependencia en Andalucía.
El máximo responsable de CECUA insiste en los impactos: "Ni nos suben la tarifa ni nos adecuan los ratios a la realidad de los usuarios que tenemos los centros, que es lo primero que pedimos cuando se incorporó el nuevo gobierno, además de mantener el presupuesto. Lo que nos hemos encontrado es que ajustan el presupuesto, no dan lo que pedimos y, además, bajan la ocupación de los centros".
Andrés Rodríguez señala que en las alegaciones que han hecho sean "incluso coincidentes con los sindicatos" y recuerda que "quien se va a ver muy afectada es la pyme andaluza, es la que más impacto va a sufrir porque tiene mucha capilaridad en el entorno rural, en cabecera de comarca". Así, esclaro al afirmar que "el nuevo concierto social andaluz perjudica a las empresas de la dependencia e impacta en el empleo".
Por todo esto, CECUA tiende la mano a la administración para redirigir la situación y alcanzar el consenso necesario. La patronal andaluza pretende así garantizar la atención social territorializada, sostenible, equilibrada y de proximidad, de forma que el acceso a los servicios sea equitativo para todas las personas y facilite la integración de las personas en su entorno habitual como reconoce la Ley 9/2016 de 27 diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
CECUA espera que el gobierno andaluz apueste decididamente por el sector de los servicios sociales, no sólo de palabra sino con hechos, y se vea reflejado cuando sean aprobados los próximos presupuestos, para acabar con la infrafinanciación de un sector con grandes riesgos si no se toman medidas de manera inmediata.
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