El pasado sábado 9 de febrero entró en funcionamiento el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) con el objetivo de prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal, reforzar la seguridad de los pacientes y cumplir con la normativa europea.
De esta forma, los medicamentos que estén sujetos a receta médica tienen que estar provistos de dos dispositivos de seguridad: un identificador único (en forma de código datamatrix) para verificar la autenticidad e identificar cada envase de medicamento de manera individual y un sistema antimanipulación para garantizar que el envase no ha sido abierto desde su salida de la cadena de producción hasta su dispensación en la oficina de farmacia.
Hasta que se agoten los lotes liberados antes del 9 de febrero siguiendo el etiquetado antiguo, durante unos meses convivirán en las oficinas de farmacia los nuevos medicamentos serializados con los fármacos sin el identificador único.
Esta nueva forma de dispensar el medicamento puede alterar el funcionamiento habitual de muchas residencias que mantienen un sistema de avanzamiento de recetas y de medicamentos.
La directora general del SEVeM, Mª Ángeles Figuerola, destacó durante la presentación del nuevo sistema que constituye "el primer paso en la digitalización y trazabilidad completa de la cadena del medicamento", un proceso que beneficiará en primer lugar al paciente.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, aclaró algunas dudas a Dependencia.info:
¿Cómo afecta este Sistema Español de Verificación de Medicamentos a la dispensación en las residencias de tercera edad?
De la misma manera que al resto. La distribución de medicamentos en residencias, si se hace a través de oficinas de farmacia, que es como se tiene que hacer, se hará con la desactivación en la oficina de farmacia.
Si las personas que están en las residencias no van directamente a la farmacia, ¿la verificación y la autenticación del medicamento se hace igual?
Exactamente igual. Los medicamentos tienen que estar en las oficinas de farmacia, que es donde se tiene que desactivar en el momento que se ha hecho la dispensación.
En el caso de las residencias, la persona mayor no tiene que desplazarse porque en esa residencia tiene que haber un depósito de medicamentos. Es obligatorio prácticamente en todas las comunidades autónomas que las residencias tengan un depósito de medicamentos que esté regido y dirigido por farmacéuticos con oficina de farmacia. Exactamente igual que en las residencias públicas, que tampoco está el farmacéutico en la residencia.
No utilicemos al paciente para saltarnos la legalidad. El paciente tiene todo el derecho a que se le dé su medicación. Si hay prácticas que no son correctas, serán prácticas que tengan que cambiar aquellas personas que no las hacen, pero la dispensación se hace en las oficina de farmacia o en los depósitos autorizados.
¿Y ante prácticas de “avanzamiento” de medicamentos sin receta que no son estrictamente legales?
Yo no entro. Si lo que se hace no es legal, tendrá que adecuarse a la legalidad. Me baso en lo que es la normativa y lo que hay que hacer. Si hay personas que hacen las cosas de otra manera, tendrán que adecuarlo.
Las dispensaciones se hacen en las oficinas de farmacia y quien no las haga en las oficinas de farmacia o en los depósitos legalmente autorizados posiblemente esté cometiendo una ilegalidad. Las personas que estén haciendo eso tendrán que mirar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
Los medicamentos son medicamentos, no son bienes de consumo, y por tanto hay una normativa estatal y hay normativas autonómicas en las que si una persona tiene una receta se la podrá recoger una persona u otra, pero las desactivaciones se hacen en las oficinas de farmacia o en los depósitos autorizados.
Este sistema no se ha hecho para dar carta de legalidad a cosas que no se están haciendo de forma legal. Yo lo que digo es dónde se hace la verificación y la dispensación de los medicamentos y, a partir de ahí, quien tenga cualquier tipo de problema, lo que tiene que hacer es ir a su colegio, plantear estos temas y ver la legalidad o ilegalidad de esos asuntos.
También es verdad que así aflorarán todas las cosas que no se están haciendo bien
La patronal ACALERTE se ha quejado de que una normativa en Castilla y León obliga a las residencias de más de 100 plazas a tener contratado en plantilla un farmacéutico con certificado FIR.
No entro en los temas que son autonómicos. Todas estas cosas dependen de las autonomías porque ellos tienen las competencias. Yo doy mi opinión desde el punto de vista de Estado. A partir de aquí, hay una casuística tremenda, pero en las residencias y en los centros de día, etc. Pero lo que está claro es que la obligación del farmacéutico es la dispensación y la custodia del medicamento y cuando se hace la verificación tiene que haber una oficina de farmacia o depósitos o botiquines establecidos legalmente.
En contra de la realidad del sector
Hay que recordar que el presidente de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León, Acalerte, decía ya la semana pasada, tras conocerse el contenido del proyecto del Real Decreto de la Consejería de Sanidad que traspone la normativa nacional y en la que se obliga a disponer de un profesional farmacéutico contratado en plantilla, es decir, con el certificado FIR, que la normativa prresentada en esta comunidad “va en contra de la realidad del sector que se está adaptando al modelo “En Mi Casa” que promueven junto a la Consejería de Familia y que convierte a las residencias de mayores en auténticos hogares para las personas mayores, no en macrocomplejos asistenciales impersonales que no escucha a la persona y no dignifica a los profesionales”.
Una medida, que sólo se aplica a los centros privados y concertados, ya que los centros públicos podrán seguir empleando los recursos del Sacyl obviando las conversaciones mantenidas con el sector, y lastra el modelo que se está aplicando centrado en la persona que se está aplicando con éxito en la región. “No entendemos como se ofrecen dos modelos diferenciados desde una misma Administración y más cuando el modelo socio-sanitario conocido como ‘En Mi Casa’ es un modelo de éxito”, añadía Juez.
Por otro lado, desde Acalerte, con presencia en las nueve provincias de Castilla y León, explican que actualmente, las residencias, que en el mundo rural son en muchos casos la única empresa abierta en algunos municipios, actualmente realizan las compras de los productos a la farmacia de cada localidad, por lo que la medida revertiría directamente en los pequeños negocios que no podrían seguir suministrando los productos debido a que los licenciados que disponen de un servicio público de estas características no disponen del título que se demanda en este decreto el FIR y del que tan sólo se han convocado 267 plazas para toda España.
Residencias de tercera edad en Valladolid
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