Su presidente, Jesús Norberto Fernández, defendió respuestas comunes a retos como la vivienda, los cuidados, el empleo y las pensiones, que afectan a personas en distintas etapas de la vida.
Su presidente, Jesús Norberto Fernández, defendió esta posición en el diálogo Una sociedad para todas las edades: una agenda común para la nueva legislatura, organizado por Servimedia junto a la PMP. Allí pidió superar las políticas diseñadas por separado para cada grupo de edad y promover respuestas que tengan en cuenta a las personas durante todo su ciclo vital.
En el encuentro también participaron Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal); Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas; y Sara Villodre, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Fernández señaló que la vivienda, los cuidados, el empleo, las pensiones, el edadismo y la soledad afectan a distintas generaciones y etapas de la vida, por lo que requieren respuestas estructurales. En ese sentido, defendió que se dejen atrás las políticas compartimentadas por edades y subrayó la interdependencia entre las personas.
Para la PMP, el sistema público de pensiones muestra la importancia de reforzar el pacto entre generaciones. Frente a los discursos que enfrentan las pensiones de las personas mayores con los salarios y las oportunidades de los jóvenes, Fernández sostuvo que garantizar pensiones suficientes y favorecer salarios dignos son objetivos compatibles, no una cuestión de suma cero.
El presidente de la Plataforma señaló que el sistema de pensiones no afecta solo a los 10 millones de pensionistas, sino a los 50 millones de españoles, pues su fortaleza concierne tanto a quienes reciben una pensión como a quienes cotizan y la percibirán en el futuro. Fernández describió esta solidaridad como la espina dorsal del Estado de bienestar y afirmó que jóvenes y mayores afrontan dificultades comunes en ámbitos como la vivienda.
La PMP indicó que muchas personas jóvenes encuentran obstáculos para emanciparse y que, para algunas personas mayores con bajos ingresos, pagar un alquiler supone una importante carga económica. También defendió que viviendas, calles y transporte público respondan a criterios de diseño y accesibilidad universal, para adaptarse a las necesidades de las personas en las distintas etapas de la vida.
La Plataforma considera que los cuidados deben reconocerse como una política social de primer orden, capaz de responder a necesidades crecientes y, al mismo tiempo, de generar empleo y actividad económica en el entorno cercano. Pilar Villarino defendió cuidados que preserven la autonomía de las personas con discapacidad y su derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir. Yolanda Besteiro destacó el impacto de la desigual distribución de los cuidados en las trayectorias laborales y económicas de las mujeres.
La PMP también pidió que la participación ciudadana y de las organizaciones sociales tenga más peso en la próxima legislatura. Fernández advirtió de que apenas aparece en los programas políticos y reclamó mecanismos para que la sociedad civil intervenga efectivamente en el diseño de las políticas.
Según la Plataforma, esa participación permitiría adoptar una perspectiva de conjunto y valorar cómo afectan las decisiones políticas y presupuestarias a las personas en las distintas etapas de la vida. La PMP propuso estrechar la colaboración entre las organizaciones de mayores y las juveniles para presentar posiciones conjuntas ante las administraciones cuando compartan problemas e intereses.
Sara Villodre rechazó los relatos que presentan a unas generaciones enfrentadas con otras y señaló que mejorar las condiciones de vida de los jóvenes beneficia también al conjunto de la sociedad. Al cierre del diálogo, Fernández defendió políticas globales, justas y equitativas que acompañen a las personas a lo largo de la vida y conviertan la solidaridad intergeneracional en respuestas concretas.
La Plataforma sostuvo que las desigualdades se entrecruzan y condicionan las oportunidades y los derechos según factores como la edad, el género, la discapacidad y la situación socioeconómica. Planteó que la equidad entre generaciones debe construirse atendiendo tanto a las vulnerabilidades compartidas como a la diversidad de trayectorias vitales, mediante políticas integrales basadas en la autonomía, la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad en los cuidados y la participación efectiva.
A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las organizaciones participantes reclamaron a los partidos que estas prioridades dejen de ser asuntos sectoriales y ocupen un lugar central en sus programas y en el debate electoral. Pidieron que la próxima legislatura impulse una agenda común que sitúe la interdependencia y la solidaridad en el centro del Estado de bienestar, con compromisos concretos, medibles y dotados de presupuesto, para que el nuevo Gobierno y las nuevas Cortes Generales hagan posible que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales con dignidad y derechos, con independencia de sus circunstancias y de la etapa de la vida en que se encuentren.