El Gobierno central ha tomado la iniciativa al promover la mayor refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en sus 20 años de historia. Esta reforma estructural, acompañada de una inyección económica sin precedentes de 6.200 millones de euros, busca transformar el modelo de cuidados primando la atención en el entorno, reduciendo la burocracia y garantizando que las personas puedan decidir libremente sobre su proyecto de vida.
Superada la encrucijada parlamentaria, tras incorporar en el Senado aportaciones sustanciales sobre la libre elección del usuario y el blindaje financiero, la pregunta inevitable que interpela a toda la clase política es: ¿y ahora qué?
Es justo poner en valor la ambición del Ejecutivo al acometer un giro de guion que ataja de raíz asignaturas pendientes desde 2006. Por un lado, la reforma refuerza de forma notable la atención domiciliaria y comunitaria, elimina incompatibilidades históricas para combinar servicios como la ayuda a domicilio y los centros de día, crea una pasarela directa entre dependencia y discapacidad, e introduce servicios clave como el apoyo en viviendas o los productos de autonomía.
A ello se suma la redefinición de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), que consagra el derecho del usuario a elegir centro o servicio privado acreditado basándose en sus deseos y preferencias. Por otro lado, la asunción legal de que la Administración General del Estado financie de forma efectiva el 50% del gasto total certificado ataca la sangrante asimetría que obligó durante años a las comunidades autónomas a asumir hasta el 73% de la factura del sistema.
Sin embargo, el papel lo aguanta todo; la realidad cotidiana de las familias, no. Dos décadas de trayectoria nos han demostrado una trágica constante en la gestión de la dependencia: de nada sirven las grandes reformas ni los titulares pomposos si luego se ahogan en la burocracia, se ven recortados por conveniencia táctica o se utilizan para ingeniería contable entre administraciones.
Aprobar un nuevo marco normativo es solo un primer paso; garantizar que los fondos no se desvíen para cubrir otros huecos presupuestarios ni para que las autonomías replieguen su propio esfuerzo es la verdadera prueba de fuego.
Para que esta histórica remodelación del SAAD no vuelva a naufragar en la trinchera parlamentaria ni en la gestión autonómica, resulta absolutamente fundamental un pacto de Estado que consolide y blinde los fondos para su desarrollo por encima de ideologías, batallas partidistas y siglas políticas.
Mirar a las experiencias internacionales de éxito confirma que la viabilidad y calidad de los cuidados no se improvisan en una sola legislatura, sino que requieren de grandes acuerdos nacionales que trasciendan el color de los gobiernos.
En Alemania, el centro-derecha y los socialdemócratas fraguaron en los noventa un histórico pacto multipartidista para fundar el Seguro Obligatorio de Cuidados (Pflegeversicherung), configurando una estructura financiera sólida que lleva tres décadas funcionando con estabilidad. De igual forma, Japón cimentó su Seguro de Cuidados a Largo Plazo (Kaigo Hoken) sobre un férreo consenso que blinda sus fuentes de financiación al margen de la pugna diaria.
En España, en cambio, la aprobación de este marco normativo por un margen tan estrecho en el Congreso siembra dudas razonables sobre el compromiso real del arco político. Una ley aprobada por la mínima no es un pacto de Estado; es una victoria táctica con fecha de caducidad si la oposición de hoy decide enmendarla mañana y la mayoría de hoy se conforma con el titular de ayer. ¿Tiene la clase política la madurez necesaria para no convertir estos avances en munición electoral en cuanto cambie la correlación de fuerzas?
El despliegue del nuevo texto exige superar el partidismo así la financiación del SAAD debe dejar de ser un arma de arrojo entre administraciones. La aportación estatal del 50% tiene que sumarse a la inversión que las comunidades autónomas ya tienen consolidada, sin que estas aprovechen los nuevos recursos centrales para replegar sus propios presupuestos de servicios sociales. La inyección de fondos debe repercutir de forma directa e inmediata en más horas de atención, en la erradicación de las listas de espera y en una verdadera accesibilidad universal.
Pese al ajustado balance en el hemiciclo, el texto ya es ley. Ahora le toca a cada una de las fuerzas parlamentarias demostrar con hechos si su voto respondía a convicciones profundas sobre los derechos sociales o a meros cálculos de disciplina de partido. Las personas en situación de dependencia y sus familias no pueden seguir siendo rehenes de la geometría variable ni del cortoplacismo presupuestario; son titulares innegociables de un derecho que exige altura de miras y continuidad en el tiempo.
Juan Carlos Campón Durán es presidente de la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX)