La Federación reclama que el desarrollo de los nuevos derechos tenga en cuenta el envejecimiento, la dispersión territorial y el coste real de los servicios, y que Castilla y León mantenga como mínimo el nivel de financiación estatal alcanzado hasta ahora.
La Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia, ACALERTE, valora positivamente la reforma de la Ley de Dependencia aprobada definitivamente esta semana y considera favorable la ampliación de derechos, la mayor capacidad de elección de las personas y el avance hacia unos cuidados más personalizados.
Al mismo tiempo, la organización reclama al Gobierno de España una financiación estable y suficiente que permita transformar los derechos reconocidos en servicios efectivos y preserve, como mínimo, los recursos que viene recibiendo Castilla y León.
La Federación sitúa esta petición en un contexto en el que el modelo de la Comunidad Autónoma se encuentra entre los mejor valorados de España según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) 2025, presentado ayer jueves por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Castilla y León obtiene una puntuación de 7,20 sobre 10, frente a los 5,33 puntos de media nacional. Este resultado la coloca en segunda posición en España, únicamente por detrás del País Vasco, y en primera posición entre las comunidades autónomas de régimen común.
“Castilla y León ha construido durante años una red extensa de atención a la dependencia y el Índice DEC vuelve a acreditar su fortaleza. Ese resultado debe servir como punto de partida para seguir avanzando y también como referencia a la hora de distribuir la financiación estatal, porque mantener una cobertura elevada en una Comunidad envejecida, con más de dos mil municipios y una población muy dispersa exige recursos estables y una planificación a largo plazo”, señala el presidente de ACALERTE, Diego Juez.
ACALERTE destaca especialmente de la reforma su orientación hacia una atención más personalizada y vinculada a la voluntad, una línea que, según la Federación, ya se está desarrollando en la Comunidad desde hace años.
Para la organización, este planteamiento encaja con la transformación experimentada por el sector de los cuidados en Castilla y León, donde residencia, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, asistencia personal y otros servicios de proximidad forman parte de una misma red y deben poder combinarse alrededor de la persona.
“La libertad de elección necesita opciones reales. Para elegir dónde y cómo recibir cuidados hacen falta servicios disponibles, profesionales que puedan prestarlos y una financiación que cubra su coste. La reforma amplía las posibilidades y eso es positivo; ahora corresponde dotar al sistema de capacidad suficiente para desarrollarlas en condiciones de calidad y continuidad”, ha afirmado Juez.
Los datos del Índice DEC también permiten dimensionar esta red. Castilla y León ha obtenido una puntuación de 7,5 en atención a las personas en situación de dependencia, frente al 4,9 de media, y encabeza España en cobertura de plazas residenciales financiadas con recursos públicos para mayores de 75 años, con un 11,6 %, más del doble del promedio estatal del 5,5 %.
ACALERTE considera que estos indicadores reflejan una estructura asistencial que debe preservarse y reforzarse ante el crecimiento de la demanda asociado al envejecimiento de la población.
La Federación recuerda que la aplicación de los nuevos derechos se producirá sobre una red que ya atiende a un volumen elevado de personas y que deberá incrementar progresivamente su capacidad a medida que las generaciones más numerosas alcancen edades en las que aumenta la prevalencia de situaciones de dependencia.
En relación con la financiación de la norma, ACALERTE valora favorablemente el incremento de la corresponsabilidad financiera de la Administración General del Estado previsto para el Sistema de Dependencia y reclama que el desarrollo presupuestario de la reforma garantice su continuidad en los próximos ejercicios.
La Federación pide que Castilla y León mantenga, como mínimo, el nivel de financiación estatal alcanzado hasta ahora y que las futuras fórmulas de distribución incorporen variables capaces de reflejar el coste real de prestar cuidados en cada territorio.
Entre esas variables sitúa el porcentaje de población mayor y dependiente, la dispersión geográfica, la extensión territorial, la ruralidad, la intensidad de los apoyos requeridos y el nivel de servicios profesionales ya desplegado.
“Alcanzar una mayor aportación estatal constituye un avance muy importante, pero la financiación debe tener continuidad y ofrecer seguridad a medio y largo plazo. Castilla y León ha realizado un esfuerzo sostenido para disponer de una cobertura que reconoce el propio Índice DEC y el nuevo modelo de financiación debe consolidar ese esfuerzo, facilitar su crecimiento y reconocer el coste diferencial que supone llevar los cuidados hasta miles de pequeños municipios”, defiende el presidente de ACALERTE.
La disponibilidad de trabajadores constituye, para ACALERTE, el otro gran condicionante para el desarrollo de la reforma.
La Federación plantea agilizar la acreditación de competencias profesionales, reforzar la formación vinculada a las necesidades reales del sector, facilitar el reconocimiento de titulaciones obtenidas en otros países y aprovechar los procesos de incorporación de población migrante mediante itinerarios formativos que permitan acceder al empleo con la cualificación necesaria.
A estas medidas añade la necesidad de una planificación específica para las zonas rurales, donde la disponibilidad de trabajadores resulta determinante para garantizar la continuidad de los servicios.
“Cada nuevo derecho reconocido necesita profesionales capaces de hacerlo efectivo. Tenemos la oportunidad de ampliar el sistema y generar empleo estable en un sector con una enorme utilidad social, pero para conseguirlo necesitamos abrir vías de formación, cualificación y acreditación mucho más ágiles y ajustadas a la realidad laboral actual”, explica Diego Juez.
“Castilla y León parte de una posición sólida y ahora el objetivo debe consistir en conservar aquello que funciona, ampliar las coberturas que todavía tienen recorrido y preparar el sistema para una demanda de cuidados que crecerá durante las próximas décadas. La reforma ofrece una oportunidad para hacerlo y ahora necesitamos que financiación, profesionales y desarrollo reglamentario avancen al mismo ritmo que los derechos reconocidos”, concluye el presidente de Acalerte.