La Generalitat de Catalunya ha dado un nuevo paso en el proceso de provisión de plazas de residencia asistida y centros de día para personas mayores mediante el régimen de concierto social. El Comité de Provisión de Servicios Sociales ha emitido el acuerdo propuesta correspondiente a la convocatoria abierta a finales de 2025, después de analizar 889 solicitudes y establecer una propuesta de asignación que alcanza las 17.105 plazas previstas. El procedimiento entra ahora en una fase de alegaciones antes de que se adopte la resolución definitiva.
El documento, firmado el 29 de julio de 2026, recoge la propuesta elaborada por el Comité de Provisión de Servicios Sociales para los servicios de centro de día y residencia asistida para personas mayores, de carácter temporal o permanente, dentro de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y mediante concierto social. El proceso deriva de la Resolución DSI/4823/2025, publicada en el DOGC el 30 de diciembre de 2025.
El plazo para participar en la convocatoria finalizó el 22 de enero de 2026 a las 15.00 horas. En total se analizaron 889 solicitudes. Tras las comprobaciones realizadas por el Servicio de Recursos Concertados de la Dirección General de Acreditación y Provisión de Servicios, 850 solicitudes cumplían las condiciones y requisitos necesarios para participar.
El procedimiento se ha desarrollado sobre la base de los requisitos establecidos para la provisión de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. La normativa citada en el acuerdo establece, entre otros aspectos, los principios de publicidad, libre concurrencia y no discriminación, así como la convocatoria pública como mecanismo para formalizar los conciertos sociales.
La convocatoria también se enmarca en las disposiciones que regulan las condiciones de ejecución y los criterios de asignación de los servicios de residencia asistida y centro de día para personas mayores dependientes.
El calendario del procedimiento se aceleró durante la última semana de julio. El 24 de julio, el jefe del Servicio de Recursos Concertados emitió el informe propuesta relativo a la provisión de los servicios.
Ese informe planteaba dos actuaciones principales: denegar las solicitudes de las entidades que no cumplían las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria y asignar a las entidades solicitantes las plazas correspondientes a las distintas tipologías de servicio y ámbitos territoriales, siguiendo el criterio de distribución establecido.
Cuatro días después, el 28 de julio, se reunió el Comité de Provisión de Servicios Sociales para evaluar los informes de valoración de los proyectos presentados y la documentación correspondiente a la convocatoria.
El acuerdo propuesta quedó firmado electrónicamente el 29 de julio de 2026.
El anexo de plazas asignadas ofrece el detalle territorial y por entidad de la propuesta. La tabla incorpora las plazas solicitadas, la puntuación total, la puntuación correspondiente al juicio de valor, la puntuación automática y las plazas convocadas. También especifica las plazas asignadas en las distintas fases del procedimiento y el total finalmente propuesto para cada servicio.
El total general que figura al final del Anexo 2 asciende a 17.105 plazas asignadas. De ellas, 15.664 corresponden a la fase 1, 1.324 a la fase 2 y 117 a la fase 3. La suma de las plazas asignadas en las distintas fases alcanza las 17.105 plazas previstas.
El sistema permite observar diferencias importantes entre territorios y servicios. En las tablas aparecen, por ejemplo, solicitudes a las que se asignan todas las plazas demandadas y otras en las que la propuesta es inferior a la solicitud inicial. También figuran solicitudes con puntuaciones diferentes que reciben asignaciones en fases distintas.
El Anexo 2 incorpora para cada solicitud incluida en la propuesta de asignación tres datos diferenciados: puntuación total, puntuación del juicio de valor y puntuación automática. Esta información aparece junto al número de plazas solicitadas y las plazas convocadas en cada territorio.
Los datos permiten comprobar cómo se combinan ambos componentes de la valoración. Por ejemplo, en determinadas solicitudes aparecen puntuaciones totales de 74 puntos, desglosadas en 50 puntos de juicio de valor y 24 de puntuación automática, mientras que otras alcanzan puntuaciones superiores o inferiores con una composición diferente.
La documentación muestra asimismo casos en los que una entidad obtiene una puntuación pero no recibe plazas en la primera fase, mientras que aparecen asignaciones en fases posteriores. En el ámbito de los centros de día, por ejemplo, se recogen solicitudes con puntuaciones de 92, 82, 76 o 56 puntos que reciben cantidades diferentes de plazas en función del territorio y de las plazas convocadas.
La propuesta no establece una asignación homogénea para todas las entidades. El Anexo 2 organiza los resultados por comarca, tipología de servicio y entidad, y relaciona las plazas convocadas con las solicitadas y las finalmente propuestas.
Esta distribución territorial puede provocar que entidades con puntuaciones elevadas reciban un número de plazas inferior al solicitado. En Baix Camp, por ejemplo, la documentación recoge solicitudes de residencia con puntuaciones de 74, 65 o 73,5 puntos y asignaciones diferentes en función de las plazas convocadas y de las fases de distribución.
También aparecen casos de solicitudes que, pese a figurar en el Anexo 2, terminan sin plazas asignadas. En Vallès Occidental, por ejemplo, se incluyen servicios con puntuaciones de 56 y 36,5 puntos que terminan con cero plazas asignadas.
El acuerdo diferencia las solicitudes que no pueden continuar en el procedimiento de aquellas que forman parte de la propuesta de asignación.
El Anexo 1 recoge las solicitudes denegadas y especifica, para cada caso, el territorio, la tipología del servicio, la entidad y el motivo de la denegación. Entre las causas que aparecen figuran el incumplimiento del requisito de acreditación, la pertenencia de la entidad al sector público, la inexistencia de oferta de plazas en la comarca para la tipología solicitada o el agotamiento de las plazas disponibles.
El propio documento recoge, por ejemplo, solicitudes denegadas por falta de acreditación y otras en las que se señala que la entidad forma parte del sector público. También aparecen casos en los que se indica que se ha agotado la totalidad de las plazas ofertadas o que no existe oferta de plazas en la comarca para la tipología solicitada.
El acuerdo propuesta todavía no constituye la resolución definitiva. El Comité de Provisión establece que debe notificarse formalmente a todas las entidades que presentaron solicitud y les concede un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones y justificaciones que consideren pertinentes.
El acuerdo también dispone su publicación en el e-Tauler.
De esta manera, el procedimiento iniciado con la convocatoria de diciembre de 2025 entra en su tramo final antes de la resolución definitiva. La documentación conocida hasta ahora establece la propuesta de provisión de las plazas y deja abierta la posibilidad de que las entidades participantes formulen alegaciones durante el plazo establecido.