En el sector sociosanitario hablamos cada vez más de calidad, humanización, innovación y atención centrada en la persona. Sin embargo, todavía nos cuesta mirar de frente una realidad incómoda: cuando algo falla, puede aparecer la tentación de esconder el error debajo de la alfombra.
Se oculta por vergüenza, por miedo a las represalias o por temor a dañar la reputación de la organización. Porque seguimos asociando, en demasiadas ocasiones, el reconocimiento del error con una atención deficiente. Pero quizá ocurre justamente lo contrario: lo que debilita a una organización no es admitir que algo ha fallado, sino carecer de la capacidad o de la valentía necesarias para detectarlo, analizarlo y aprender de ello.
Ocultar el error no lo hace desaparecer: lo vuelve crónico. Una alfombra bajo la que se acumula el polvo termina, tarde o temprano, haciendo tropezar a todo el sistema.
Resulta paradójico que, en un sector en el que la humanidad constituye nuestro principal activo, pretendamos ocultar una de las características más intrínsecamente humanas: la falibilidad. Reconocer el error no significa normalizar el daño ni diluir responsabilidades de gestión. Significa comprender que la seguridad no depende de que los profesionales sean infalibles las 24 horas del día, sino de que trabajen dentro de sistemas robustos capaces de prevenir los fallos, detectarlos antes de que alcancen al residente y responder adecuadamente cuando se producen. En definitiva, significa sustituir la cultura de la culpa por una auténtica cultura del aprendizaje.
Sería injusto afirmar que el sector residencial no ha evolucionado. Lo ha hecho, y de manera notable. En los últimos años se han reforzado los requisitos de calidad, se han desarrollado modelos de atención más respetuosos con la autonomía y las preferencias de las personas y se ha avanzado en cuestiones como la prevención de caídas, la reducción de sujeciones, la seguridad de la medicación o la anticipación ante cambios en el estado de salud. También se han incorporado protocolos, auditorías, indicadores, sistemas de calidad y nuevas tecnologías destinadas a reducir riesgos.
Sin embargo, existe una pregunta que todavía resulta difícil responder: ¿sabemos realmente cuánto hemos mejorado?
En 2011, el estudio EARCAS marcó un hito al convertirse en la primera aproximación general al análisis de seguridad del paciente en centros sociosanitarios españoles. Mediante una metodología cualitativa, identificó los incidentes percibidos por los profesionales como más frecuentes. Su aportación fue muy valiosa, pero debemos interpretar correctamente sus resultados si queremos avanzar: EARCAS no fue un estudio epidemiológico destinado a estimar la incidencia de los eventos adversos, sino una aproximación cualitativa basada en la percepción y el consenso profesional.
Quince años después, conocemos algunos riesgos, pero seguimos sin disponer de una fotografía nacional, homogénea, actualizada y accesible que permita responder con rigor a una cuestión importante: ¿cómo de seguras son nuestras residencias?
No se trata únicamente de una reflexión profesional. La Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2025-2035 incorpora expresamente los centros residenciales y plantea establecer métricas homogéneas que faciliten la comparación entre organizaciones. A su vez, el Acuerdo estatal sobre Acreditación y Calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contempla avanzar hacia sistemas comunes de evaluación, análisis comparado y publicación de resultados. El camino ya está señalado; falta convertirlo en una realidad operativa.
Y el problema comienza incluso antes de medir los resultados. No sabemos cuántos centros disponen realmente de verdaderos sistemas integrales de seguridad del paciente, qué indicadores monitorizan, cómo los calculan ni qué hacen con sus resultados.
Muchas residencias registran indicadores asistenciales y de calidad, pero todavía no contamos con una visión homogénea que permita saber qué se mide, cómo se mide y qué resultados obtiene el sector en su conjunto.
Incluso cuando existen datos, una cifra aislada aporta muy poco contexto. Saber que un centro ha registrado diez caídas no permite determinar si es más o menos seguro. Necesitaríamos conocer cuántas produjeron daño, cuál fue su gravedad, qué características tenía la población atendida, qué factores contribuyeron y, sobre todo, qué hizo la organización después para evitar que volvieran a repetirse.
El problema, por tanto, no es únicamente la ausencia de indicadores. También es la falta de criterios comunes y de transparencia sobre los resultados.
Porque surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos aprender de los mejores si no sabemos quiénes son, qué miden ni cómo han conseguido mejorar?
Esta falta de información compartida genera, además, una paradoja peligrosa: una organización que detecta y notifica rigurosamente sus incidentes puede parecer menos segura que otra que apenas los registra. Tener menos datos no implica necesariamente tener menos problemas. Puede significar que no se detectan, que no se comunican o que permanecen escondidos debajo de la alfombra.
La transparencia tampoco debería consistir en publicar rankings ni cifras brutas sin contexto. Debería permitir compartir información anonimizada, comparable y útil para conocer tendencias, identificar riesgos y aprender de las prácticas que están funcionando.
Mientras seguimos sin resolver esta carencia, el sector avanza rápidamente en innovación. Se incorporan sensores de movimiento, carros inteligentes de medicación, sistemas de alerta, mapas digitales de dietas y nuevas soluciones para anticipar riesgos. Todas ellas pueden aportar un enorme valor, pero instalar tecnología no equivale automáticamente a mejorar la seguridad.
Si no conocemos la situación de partida, no hemos definido qué riesgo queremos reducir y no evaluamos los resultados después, solo podremos demostrar que hemos modernizado un proceso. No que hayamos reducido el daño.
Innovar sin medir puede cambiar nuestra forma de trabajar, pero no permite saber si estamos cuidando mejor.
Por eso, quizá el verdadero reto del sector no sea incorporar más herramientas, sino construir primero una cultura de medición, análisis y transparencia que permita saber cuáles funcionan, en qué contextos y con qué resultados.
El aprendizaje no debería quedarse dentro de las paredes de cada residencia. Lo poco o mucho que cada organización conoce podría convertirse, si se compartiera de forma segura y anonimizada, en conocimiento útil para todo el sector.
Por eso, merece la pena plantear un desafío: ¿seríamos capaces de construir un sistema compartido de medición y aprendizaje que permitiera analizar indicadores de calidad y seguridad con criterios homogéneos?
¿Y si cada organización pudiera aportar sus resultados de forma confidencial y acceder, a cambio, a una fotografía agregada con la que conocer tendencias, detectar riesgos y comparar su evolución con la de centros de características semejantes?
No se trataría de construir rankings.
Ni de señalar a quien comunica un mayor número de incidentes.
Ni de alimentar una nueva competición reputacional.
Se trataría, simplemente, de transformar la información que ya generan las residencias en conocimiento compartido.
Un sistema de este tipo permitiría empezar a responder con datos a preguntas que siguen abiertas: ¿qué incidentes se producen con mayor frecuencia?, ¿qué gravedad tienen?, ¿qué medidas preventivas parecen funcionar?, ¿qué innovaciones están reduciendo realmente el daño? Y, sobre todo, permitiría identificar dónde se concentran las principales oportunidades de mejora.
Permitiría también que una organización pudiera conocer su evolución respecto a centros comparables sin necesidad de revelar su identidad. Y que el conjunto del sector dispusiera, por fin, de una fotografía evolutiva de su nivel de seguridad y calidad.
El desafío más complejo no sería únicamente metodológico. Sería cultural.
Porque compartir datos supone reconocer que existen riesgos. Notificar un incidente significa aceptar que algo puede fallar. Compararnos exige la humildad suficiente para descubrir que otras organizaciones pueden estar haciéndolo mejor y que siempre existe margen de mejora.
La verdadera pregunta es otra:
¿Están las organizaciones dispuestas a compartir sus datos con transparencia?
¿Nos atreveríamos a mostrar no solo nuestros logros, sino también aquello que aún debemos mejorar?
¿Aceptaríamos compararnos para aprender, en lugar de competir por aparentar que somos infalibles?
¿Nos atrevemos, por fin, a levantar la alfombra?
Paloma Díaz Vila es consultora sanitaria en Auren, especializada en Seguridad del Paciente, calidad asistencial y mejora de procesos.