En la residencia Las Marismas, de la que, por cierto, eres directora, recibes una llamada de los servicios sociales de la zona. Te informan de que el próximo ingreso en una de las plazas concertadas con la administración será el de un hombre de 62 años. Actualmente está ingresado en la unidad psiquiátrica de agudos de un hospital cercano.
La noticia ya te incomoda antes de terminar la conversación. No solo por la edad.
Te explican que se trata de una persona con un largo historial de seguimiento en salud mental. Lleva unos cuarenta años siendo paciente de los servicios psiquiátricos. Ha tenido varios ingresos a lo largo de su vida, alternados con periodos largos, a veces de años, en los que vivía con sus padres, sin brotes, con seguimiento ambulatorio y con una medicación que, cuando la toma bien, le permite llevar una vida estable.
Durante mucho tiempo su familia fue su apoyo principal y punto de referencia. Especialmente sus padres, con quienes ha convivido casi toda su vida. Pero los dos han fallecido en el plazo de un año. Desde entonces, el equilibrio se ha roto. El hombre se ha quedado solo en el piso familiar, con una supervisión esporádica por parte de un hermano poco implicado. En ese tiempo ha vuelto a ingresar dos veces.
La conclusión a la que han llegado los servicios sociales y los de salud mental es que lo mejor para él es vivir en una residencia de personas mayores. Y como Las Marismas tiene buena fama, han decidido que será allí.
Normalmente no te dan tantas explicaciones. Esta vez sí.
Has podido hablar con el servicio de salud mental. Te han dicho que estarán “encima”, que tendrás un teléfono de contacto por si sucede algo y que puedes estar tranquila, porque mientras se tome la medicación y lleve una vida ordenada no tiene por qué pasar nada. Añaden que para él lo mejor es sentirse acompañado, tener una rutina y vivir en un entorno estable. Incluso te dicen algo que suena casi a aval moral: que es muy buena persona y que, cuando esté en Las Marismas, seguro que acabaréis valorando positivamente su estancia.
Pero el equipo no lo ve así.
Cuando comentas el caso en la reunión de equipo, aparecen enseguida las objeciones. Algunas con prudencia. Otras de forma mucho más directa.
Una profesional recuerda que esto es una residencia para personas mayores, no un recurso de salud mental. Otra señala que la ratio de personal no está pensada para atender a alguien con posibles descompensaciones psiquiátricas. La enfermera plantea que una cosa es supervisar medicación en un contexto de estabilidad y otra gestionar negativas al tratamiento, agitación o crisis conductuales. La supervisora pregunta qué ocurrirá si una noche se desorganiza, se altera o quiere salir del centro.
La gobernanta te comenta que la noticia ya ha llegado a las auxiliares y que varias han dicho que, si finalmente ingresa, quieren que cualquier interacción con él se haga siempre entre dos gerocultoras.
A ti esa frase se te queda clavada.
No solo por lo que implica respecto al miedo. También por lo que dice del ambiente que puede generarse incluso antes de que el hombre cruce la puerta.
Luego hablas con los propietarios de la residencia. La pregunta que te hacen va por otro lado, pero no es irrelevante. ¿Pagará la administración más por esta plaza? ¿Habrá alguna compensación económica por un caso que previsiblemente exigirá más seguimiento, más coordinación, más tiempo y quizá más formación?
Lo consultas.
La respuesta es no.
La plaza se pagará como cualquier otra plaza concertada.
La discusión continúa. ¿Qué ocurrirá si un día te dice que quiere salir a pasear? ¿Puedes dejarle salir? ¿Tienes que impedírselo? ¿Con qué criterio? ¿Y con qué respaldo? ¿Qué pasa si rechaza la medicación? ¿Hasta dónde puede insistir el equipo? ¿Y si la situación se complica un sábado por la noche? ¿Llamar al teléfono que te han dado? ¿Esperar a la mañana siguiente? ¿Mandarlo a urgencias? ¿Quién toma realmente el mando en ese momento?
Como si faltara algo, aparece otro problema que no habías previsto tan pronto. La hija de una residente te aborda en el pasillo. Con el tono de quien quiere ser discreta, pero no puede evitar la alarma, te dice que está preocupada por “el residente enfermo mental” que, según ha oído, va a ingresar en el centro.
Y ahí te detienes.
Porque antes incluso de entrar en el fondo del asunto aparece una cuestión previa, y muy seria. ¿Tan mal está gestionando Las Marismas la confidencialidad que ya circulan detalles del expediente de una persona que ni siquiera vive todavía en la residencia? ¿Quién ha explicado qué? ¿En qué momento una información reservada ha pasado a convertirse en conversación de pasillo, temor de auxiliares y comentario de familiares?
El nuevo ingreso todavía no se ha producido y ya ha empezado a construirse una etiqueta alrededor de él.
No tiene nombre. No tiene historia. No tiene matices. De momento es, para algunos, “el enfermo mental que viene”.
Eso te preocupa casi tanto como el resto.
Porque una cosa es valorar sinceramente si el recurso es el adecuado y otra muy distinta es que el caso llegue contaminado por el miedo, el prejuicio o el rumor.
Aun así, las dudas de fondo siguen ahí, intactas.
El hombre tiene 62 años. La residencia atiende a personas mayores. Es verdad que hay excepciones y que, en ocasiones, el sistema deriva a recursos que no encajan del todo porque no tiene otros mejores a mano. Eso pasa. Pero que pase no significa que esté bien resuelto.
También está la cuestión técnica. Puede que en periodos de estabilidad sea una persona amable, rutinaria y agradecida. Puede incluso que encaje bien en la convivencia diaria. Eso es posible. Pero una residencia como Las Marismas, con la plantilla, la formación y la organización que tiene, ¿está realmente preparada para asumir el ingreso si las cosas no van bien? ¿Puede hacerlo sin poner en tensión al equipo, sin generar miedo en otras personas residentes y sin convertir cada incidente en una improvisación?
La trabajadora social plantea un matiz interesante. Quizá el problema no sea que tenga un diagnóstico psiquiátrico. Quizá el problema sea si el recurso cuenta o no con medios suficientes para atenderle correctamente. Dicho de otra manera: no sería una cuestión de etiqueta diagnóstica, sino de adecuación entre necesidades de apoyo y capacidad real del centro.
La médico añade otra preocupación. En una residencia no se puede trabajar a base de frases tranquilizadoras. “Estaremos encima” puede querer decir muchas cosas o no querer decir ninguna. Tener un teléfono de contacto ayuda, sí. Pero un teléfono no sustituye presencia, protocolos, formación específica ni una cobertura clara cuando la situación se complica.
La supervisora vuelve al terreno concreto, que es donde sucenden las cosas reales. Si el residente quiere salir solo, ¿qué hacéis? Si no hay una medida legal que limite sus movimientos y si en ese momento no presenta una alteración evidente, ¿puede el centro impedirle salir? ¿Y cómo? ¿Cerrando la puerta? ¿Sujetándolo? ¿Convenciendo a dos auxiliares de que lo acompañen para evitar un problema? Cada respuesta abre un problema nuevo.
La enfermera lleva la discusión al tratamiento. Si rechaza la medicación, ¿qué margen hay? Supervisar no es imponer. Insistir no es obligar. Y medicar a la fuerza, además de ser una expresión incómoda, no es algo que pueda resolverse con buena voluntad ni con miedo.
A medida que avanza la reunión, el caso deja de ser un simple ingreso complicado y se convierte en otra cosa: una prueba de hasta qué punto el sistema descarga sobre las residencias situaciones para las que no siempre están pensadas, ni financiadas, ni respaldadas.
Y tú te quedas con una sensación incómoda. La de estar en medio de un cruce de caminos donde todos parecen haber encontrado una solución razonable, siempre que la solución la gestione otro.
Los servicios sociales piensan que vivirá mejor acompañado que solo en casa.
Salud mental considera que con medicación, orden y seguimiento puede funcionar.
La administración mantiene la plaza concertada sin cambiar condiciones ni precio.
La familia, o lo poco que queda de ella, acepta.
Y la residencia recibe el encargo.
Pero el hecho de que algo sea comprensible no quiere decir que sea adecuado.
Antes del ingreso todavía estás a tiempo de plantear objeciones. Lo que no tienes claro es cuáles son sólidas, cuáles son defendibles y cuáles serían percibidas como resistencia del centro a aceptar a una persona incómoda.
¿Puedes negarte a acoger a un usuario en plaza pública porque no reúne los requisitos ordinarios de ingreso, al ser menor de 65 años?
¿Puedes oponerte porque su patología o sus necesidades de apoyo hacen pensar que Las Marismas no dispone del personal, la formación ni la estructura adecuada para atenderle bien?
¿O debes aceptar el ingreso y confiar en que, con buena voluntad, coordinación externa y algo de suerte, las cosas acabarán yendo razonablemente bien?
Mientras das vueltas a todo eso, sigue resonando la pregunta anterior, la más incómoda de todas, porque te interpela a ti y a tu organización antes incluso de que llegue el nuevo residente.
¿Qué ha fallado para que medio centro y hasta una familiar sepan ya más de la cuenta?
¿Qué harías tú?
Autor del caso Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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