Este plan busca mejorar la calidad, coordinación y cohesión del sistema en la Comunitat Valenciana, abordando desafíos como la rotación de profesionales y las desigualdades territoriales.
La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha dado un paso significativo al aprobar el Plan Estratégico de Supervisión del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS) para el periodo 2026-2029. Este plan tiene como objetivo primordial reforzar la calidad, coordinación y cohesión del sistema a lo largo de toda la Comunitat Valenciana.
La resolución que respalda esta aprobación, disponible en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, establece un marco clave para diagnosticar, analizar y proponer mejoras en los servicios, programas y centros del SPVSS en los diferentes departamentos territoriales.
En abril, la consellera Elena Albalat presentó este plan a los supervisores de todos los departamentos de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, así como a representantes de entidades locales y equipos directivos de la Conselleria. Este instrumento se considera esencial para avanzar hacia un sistema más eficiente y transparente, que garantice un acceso equitativo a los servicios sociales y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
El Plan se enmarca dentro de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, que define al SPVSS como un sistema universal estructurado en niveles de atención primaria y secundaria, orientado a asegurar la inclusión social y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La supervisión emerge como una figura central en este contexto, encargándose de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y la aplicación uniforme de protocolos, así como fomentar la coordinación entre diferentes niveles asistenciales y territorios. Los objetivos principales del plan incluyen lograr una unidad en las acciones realizadas por los profesionales supervisores y desarrollar plenamente esta figura para consolidarla como un elemento vertebrador del sistema.
Además, el Plan responde a la necesidad urgente de impulsar el catálogo de prestaciones sociales y establecer un modelo integral centrado en las personas. Esto se basa en principios como la continuidad en los cuidados, el trabajo interdisciplinario y una distribución equitativa territorialmente.
El diagnóstico previo ha puesto en evidencia desafíos estructurales significativos, tales como una alta rotación profesional, deficiencias en infraestructuras, burocracia administrativa excesiva, falta de actualización digital y desigualdades territoriales entre áreas urbanas y rurales. También se ha señalado un aumento en la demanda social que complica la coordinación entre administraciones y sistemas protectores.
A pesar de estos retos, el Plan también destaca fortalezas como el incremento en las ratios profesionales, avances hacia un sistema más universalizado y el desarrollo normativo respaldado por financiación plurianual mediante contratos programa.
Estrategicamente, el documento se estructura en dos líneas fundamentales: por un lado, se enfoca en la supervisión funcional del sistema; por otro lado, busca optimizar la función supervisora. La primera línea incluye acciones relacionadas con la implementación del modelo organizativo, seguimiento de contratos programa y mejora en la coordinación entre atención primaria y secundaria.
Asimismo, contempla establecer sinergias con entidades del tercer sector social y otros sistemas protectores como sanidad o educación para ofrecer respuestas integrales a las necesidades ciudadanas. La segunda línea estratégica se centra en mejorar continuamente el sistema supervisor mediante metodologías uniformes, formación especializada para profesionales y proyectos piloto destinados a validar nuevas herramientas.
Finalmente, el Plan propone una estructura colaborativa entre la Administración Autonómica, direcciones territoriales y equipos supervisores con mecanismos anuales para evaluar su eficacia mediante indicadores claros.