Si algo pasa una sola vez, lo consideramos una anécdota. Si en pocos días se repite en lugares distantes, conviene prestarle más atención. Eso es exactamente lo que ha pasado con dos noticias recientes: una procedente de Canarias, de la que se ha hecho eco la Cadena SER, y otra de la Comunidad Valenciana, aparecida en El Periódico. Las dos tratan de personas mayores hospitalizadas cuando ya no deberían estarlo porque no pueden volver a sus casas ni encuentran una residencia, que es donde su estado haría recomendable trasladarlas.
O sea, personas con alta médica que siguen ocupando camas hospitalarias porque no tienen a dónde ir. Tradicionalmente, las familias se habrían encargado de ellas, pero hoy las familias ya no son lo que eran. La idea tradicional de una mujer que no accede al mercado laboral y hace de cuidadora “gratuita/sacrificada/que no tiene más opción” (lo que no es más que otra forma de llamar al cuidado familiar) está disminuyendo. Lo que conocemos como recursos de “atención intermedia”, “sociosanitarios” o nombres parecidos, no alcanzan y el sistema de la dependencia hiberna constreñido por el peso de las listas de espera y los procesos interminables en los que no es extraño morir perdido en el laberinto burocrático.
Las noticias ponen la música de los números a la letanía de la existencia de quienes viven 24 horas al día en pijama ocupando una cama de hospital.
En Canarias, una cama en residencia se sitúa en torno a 100 euros al día y una hospitalaria en torno a 700. La noticia indica que entre 500 y 600 camas están actualmente ocupadas por pacientes con alta, por lo que el coste supera los 130 millones anuales y, según el gerente del Hospital Doctor Negrín, se están dejando de hacer 12.000 ingresos al año.
O sea, todos esos miles de personas que esperan cada día ser llamadas para una intervención que requiere de ingreso hospitalario, que no entienden lo que sucede y que resignadamente esperan, lo hacen sin saber que, si se agilizasen las altas, ya les habrían operado de esa hernia o lesión que arrastran.
Y así, los hospitales se convierten en las residencias más caras de España. Y no es nada nuevo. Llevo escuchando lo mismo en diferentes versiones desde hace más de treinta años; los que llevo trabajando de alguna forma en el campo de la atención de personas mayores dependientes. Lo interesante, y también lo incómodo, es que esto no parece un problema aislado. La propia Cadena SER lo presenta como una realidad que se detecta en varias comunidades, y el Ministerio de Sanidad explica por qué la situación es más dolorosa en las Islas Canarias: allí cuentan con 2,2 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud, que es 2,4. O sea, que las camas ocupadas de forma ineficiente duelen más en Canarias. Algo que no parece quererse afrontar, aunque la tendencia demográfica hacia el envejecimiento haga que lo que hoy parece una disfunción local mañana se convierta en pauta.
Mi yo racional se sorprende ante la situación, incapaz de entender que no se ponga remedio. ¿Nadie se da cuenta de que no tiene sentido? Pero mi yo cínico, que se hace más presente a medida que cumplo años, encuentra una retorcida explicación: Quizás para los gestores económicos del sistema de salud sale más barato tener a unos cuantos mayores ocupando camas durante unas semanas o meses sin producir más gasto que el mantenimiento general del hospital, que optimizar las altas y hacer que ocupen la plaza cuatro o cinco pacientes durante ese mismo tiempo.
Mi yo perverso, a quien cada vez me cuesta más controlar, sospecha que para ese gestor económico de la sanidad no tiene sentido el argumento de que una persona mayor que no necesita estar en el hospital, pero está, supone un despilfarro. Sabe perfectamente que, si encuentra una cama en una residencia o centro sociosanitario para esa persona, la cama hospitalaria se ocupará inmediatamente, por lo que el traslado no producirá un ahorro. Producirá mayor eficiencia, pero no ahorro, por mucho que un día un hospital cueste más que una semana en una residencia. Y será así porque al final el sistema tendrá que pagar por la cama hospitalaria, la ocupe quien la ocupe, y por el recurso adicional que se contrate para la persona mayor que cuesta tanto trasladar.
El gestor “más pragmático que ético” quizás lo piense de esta forma: Doña Agustina, que se rompió el fémur y no conseguimos que se vaya a su casa, a un centro sociosanitario o a una residencia, solo gasta lo que come. Si mañana se fuese, en vez de quedarse dos meses, Marta, Begoña, Evelyn, Arturo y Wilson ocuparían esa misma cama durante ese tiempo. A cada uno se les haría una operación, con lo que requerirían traslados internos, pruebas, cirugía, postoperatorio, curas, tratamientos y mucha más atención que conllevarían gasto en material, servicios externos y horas de dedicación. Pensado así, en comparación, Doña Agustina casi “sale barata”.
Quizás Marta, Begoña, Evelyn, Arturo y Wilson, o aunque solo sea uno de ellos, opte por acudir a la medicina privada para acortar la espera o fallezca antes de recibir la carta que le anuncie su operación. Y aunque todos lleguen a recibir el tratamiento, no lo harán este mes, sino que tendrán que esperar más. Serán “gasto en el futuro”, no “gasto de hoy”.
Como conozco a algunos gestores de hospitales, sé que mis “yos malos” se equivocan. Que nadie piensa de forma tan aviesa. Pero eso da igual. Lo cierto es que la realidad se da y, mientras tanto, cada día tenemos un número más elevado de personas mayores susceptibles de necesitar atención hospitalaria y de plantear problemas a la hora de trasladarse cuando obtengan el alta.
No soy capaz de imaginar cómo se puede encontrar remedio a este problema, cuando este requiere de disponer de más plazas en residencias sociosanitarias y sociales, cuando nuestros gobernantes viven encantados en la ensoñación de la desinstitucionalización, como si el verdadero problema fuese el exceso de residencias y no su falta.
Cargar la responsabilidad sobre las familias es pan de ayer. Los tratamientos hospitalarios en personas mayores parecen milagrosos en su capacidad de curar, pero cada vez requieren más de una segunda fase de rehabilitación, recuperación y convalecencia que demandan una atención profesional, algo que difícilmente puede prestar un pariente en casa, por mucha dedicación que quiera poner. Cada familia es un mundo. Muchas no tienen medios, no tienen tiempo, no tienen vivienda adecuada, no tienen apoyo o sencillamente no tienen ganas de cuidar a alguien con quien, por muy padre suyo que sea, no les une el afecto. Otra cosa es que el sistema lleve años sabiendo que este escenario venía de frente y siga reaccionando tarde, como si el envejecimiento de la población fuese una sorpresa y no ese vecino que vino a vivir al edificio hace ya unos cuantos años y cada día hace más ruido.
La solución no pasa por demonizar la residencia ni por convertir el hospital en almacén de estancias largas. Pasa por algo menos vistoso y bastante más serio: planificar y financiar de verdad los cuidados intermedios/sociosanitarios. Crear, en definitiva, unas condiciones sostenibles económicamente y estables durante un tiempo largo con un compromiso público que atraiga la inversión y permita generar las residencias que vamos a necesitar.
Escribo esto y acabo preocupado. ¿Alguien ha leído hasta aquí? Sé que lo que propongo casi nunca llega a producirse, pero no sé si es porque propongo tonterías o porque, sencillamente, nadie lo lee. Si alguien llega a leer esto, agradecería que lo dijese en comentarios.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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