La asfixia de la burocracia estéril
De julio en julio: el eterno bucle de la inseguridad jurídica
Hace un tiempo reflexionábamos en estas mismas páginas sobre la asfixia del sector, el sentimiento de maltrato por parte de la Administración y la sensación de que, tarde o temprano, el último tendría que apagar la luz. Hoy, a las puertas del verano de 2026, la dolorosa conclusión es que nada ha cambiado. Al contrario, la maquinaria burocrática de la Administración sigue funcionando a pleno rendimiento, no para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, sino para ahogar bajo una montaña de papeles a quienes las cuidamos.
El modus operandi ya es un clásico de la casa: la técnica del "regalo" en vísperas de festivos. Todo empezó el pasado julio, cuando con un deadline fijado al borde de las vacaciones de verano, se obligó a los centros a aportar una ingente cantidad de documentación para el proceso de acreditación bajo el paraguas del Decreto 69/2020. Una norma dictada en pleno estallido del Covid-19 que plantea exigencias arquitectónicas materialmente imposibles para muchos centros (nadie puede ensanchar el pasillo de un edificio ya construido), entre otros puntos conflictivos. Lo más perverso del sistema es que, para poder tramitar la solicitud, se exige declarar por anticipado que se cumple con todo. Y si la Administración no responde en plazo, el silencio es negativo. Ante la lógica alarma de cientos de residencias que veían su futuro en el aire, la respuesta oficial fue un desalentador "no sufráis, ya se responderá". Estamos en junio de 2026 y muchos centros siguen en una absoluta indefensión jurídica, sin acreditación y sin saber qué será de ellos.
Por si las vacaciones de verano no fueran suficientes, el siguiente golpe llegó en Navidad. Con un límite de entrega fijado apenas unos días después de Reyes —entre canelones y conciliación familiar—, se exigió a los centros colaboradores tramitar la conversión a concertados. De nuevo, la misma encrucijada y la misma respuesta administrativa ante las dudas de su viabilidad: "presentad la solicitud igualmente y ya responderemos". Una temeridad burocrática que obliga a gestionar a ciegas mientras se presiona para eliminar plazas (como las habitaciones triples) sin ofrecer alternativas ni certezas a los gestores, directores y propietarios.
Llegados a junio, y sin que se haya resuelto ninguno de los flancos anteriores, la Administración se descuelga ahora con dos nuevos frentes, de los cuales nos enteramos a través de unas patronales que actúan más como voceros del Govern que como defensores reales de nuestros intereses.
El primero es un planteamiento de incremento de tarifas para 2026 vinculado a los sueldos del personal que resulta discriminatorio y fragmentario. Por un lado, excluye de forma incomprensible a los directores, como si no tuvieran derecho a la actualización de sus salarios. Por otro, establece tres tramos de incremento que van desde el IPC hasta algo más del 8%, ensanchando la brecha y creando residencias de primera, de segunda y de tercera categoría.
Conviene recordar que la propia Administración reconoció hace años que pagaba las plazas públicas por debajo del precio de coste. Mantener este déficit tarifario y sumar la presión de estos incrementos obligará a los centros más pequeños al cierre o a salir del sistema público. ¿El resultado? Menos plazas disponibles, listas de espera interminables y un coste que ya le ha supuesto a este Govern una pérdida de 15 millones de euros por su mala gestión.
El segundo agravio llegó un viernes 29 de mayo a mediodía, el momento preferido para las sorpresas. Se nos exige presentar, en un plazo exiguo de 15 días (del 4 al 19 de junio), una pseudo auditoría para verificar la intervención del mercado que ya hicieron en 2025 (aquella que vinculaba el aumento del 4% en el precio de la plaza a salarios más un 1% a costes salariales). Vuelven a excluir a las direcciones —algo que no constaba en la adenda original— y nos reclaman un volumen absurdo de datos financieros que ya obran en su poder a través del Registro Mercantil. Pero lo más kafkiano es que hoy, 9 de junio, la plataforma web para enviar dicha documentación sigue cerrada y las consultas enviadas para aclarar el procedimiento permanecen sin respuesta. Nos exigen cumplir plazos imposibles bajo canales que ellos mismos mantienen inoperativos.
¿Alguien con sentido común puede poner orden en este caos? Los equipos directivos y gerenciales vivimos por y para responder consultas, rellenar declaraciones responsables, redactar protocolos interminables y activar procesos burocráticos. Estamos perdiendo un tiempo precioso de gestión para cuidar papeles en lugar de cuidar a las personas, que es nuestra verdadera vocación.
Y la rueda no se detiene. Ya nos tememos cuál será la "ocurrencia" para este mes de julio: iniciar la conversión definitiva de colaboración a concierto y tener que aprender a facturar a la Administración a través de un sistema incomprensible que, en el mejor de los casos, alargará los plazos de cobro otros 30 días. Todo esto mientras muchos centros todavía arrastran impagos por parte del Govern desde el pasado mes de diciembre.
La paciencia del sector no es infinita. La vocación de servicio y el compromiso con nuestros mayores no pueden seguir siendo la moneda de cambio con la que la Administración financia su ineficacia y su falta de empatía. Menos burocracia estéril, menos inseguridad jurídica y más respeto a quienes sostenemos el sistema del bienestar día a día.
Xavier Pérez – Grup Benestar