El sector privado gestiona tres de cada cuatro plazas del sistema de cuidados en España. Pese a ello, sigue negociando con la Administración como un proveedor, no como el socio estratégico que el sistema necesita que sea.
El sector privado de atención a la Dependencia lleva décadas ejecutando servicios que la Administración no puede asumir por sí sola, pero sin participar en las decisiones que dan forma al sistema. AMADE, ACRA y ASOREX, tres de las patronales autonómicas integradas en CEAPs, exigieron durante una mesa sobre nuevos escenarios de colaboración público-privada en el foro Cuida, un cambio de fondo en esa relación: dejar de ser proveedores para convertirse en socios estratégicos en el diseño y la gestión de los cuidados.
El reclamo no es nuevo, pero adquiere urgencia ante el envejecimiento acelerado de la población. Con el baby boom a las puertas, la demanda de plazas se disparará en los próximos años y la capacidad pública de respuesta es, reconocen todas las partes, claramente insuficiente. "¿Tenemos capacidad de que los gobiernos hagan residencias y centros de día para tantísima gente que va a venir al sistema?", preguntó Cinta Pascual, presidenta de ACRA, que se respondió así misma: "La respuesta es muy clara, no".
Por su parte, Pilar Ramos, presidenta de AMADE, fue contundente al rechazar el relato de culpabilidad que se instaló en el sector tras la crisis del Covid. "No somos culpables. Atendemos a miles de personas todos los días. Y están vivos. Y sonríen. Y se lo pasan bien. Y si miramos los ojos de cada uno, cada uno de sus centros saben lo que tienen".
Para Ramos, mientras el sector no se posicione desde esa certeza, la interlocución con la Administración seguirá siendo reactiva. "Claro que tenemos problemas, claro. No tenemos personal y el sistema sanitario no nos hace caso. Pero están ahí. Y viven. Y la cotidianeidad está. Ese es nuestro trabajo".
El problema de fondo es que esa colaboración no existe igual en todos los territorios. El sector privado gestiona tres de cada cuatro plazas del sistema de cuidados en España, pero la relación con la Administración sigue reduciéndose, en la mayoría de territorios, a la concertación y la gestión, sin que el sector participe en la planificación ni en el diseño normativo.
Como señaló la moderadora de la mesa, Marina del Corral, directora general de CEAPs, muchas administraciones siguen viendo al sector privado exclusivamente desde la lógica de la gestión, sin dar el paso hacia una colaboración más amplia que incluya el diseño del sistema, la planificación de recursos o la definición de la normativa. Pero el problema también son las diferencias en el marco normativo de cada región.
"Desafortunadamente tenemos 17 modelos diferentes de cómo atender", denunció Juan Carlos Campón, presidente de ASOREX. Las diferencias entre comunidades autónomas van desde marcos avanzados basados en acuerdos marco hasta modelos regidos por la ley de contratos y el criterio del precio más bajo, lo que Campón describió como un sistema "totalmente subastero".
Para Campón, la colaboración público-privada no puede reducirse al precio de la plaza concertada: implica definir juntos los itinerarios de atención, las políticas de inversión, la coordinación sanitaria y los procesos que dan forma al sistema. "Le pido a la Administración que me entienda como un agente imprescindible para un cambio estratégico importantísimo", resumió.
Extremadura, según explicó, es uno de los casos más rezagados. El modelo sigue anclado en la ley de contratos, lo que hace imposible en la práctica consensuar costes o establecer una relación estable con los prestadores de servicios. "Estamos trabajando mucho con la Administración para intentar dejar al margen ese modelo de concierto y pasar a un modelo en el que la colaboración público-privada pueda vincular la gestación de un servicio a un coste consensuado entre la Administración y el prestador de servicios, que no se pueda mercadear con lo que cuesta atender a una persona en situación de dependencia".
El primer objetivo, "la base", es un Acuerdo Marco, resumió.
Juan Carlos Campón (ASOREX), Cinta Pascual (ACRA), Pilar Ramos (AMADE) y Marina del Corral (CEAPs). (Foto: JC/Dependencia.info)
La presidenta de ACRA denunció que el criterio del precio sigue siendo determinante en muchos concursos públicos pese a existir marcos legales que permitirían eliminarlo.
Puso un ejemplo concreto ocurrido en Cataluña: un servicio de atención domiciliaria que la propia Administración prestaba a 24 euros por hora fue sacado a concurso a 21 euros a la baja, por debajo incluso del coste que marcaba el convenio colectivo aplicable. "¿Esto significa que somos estratégicos? ¿O somos las de bajas de verano?", preguntó Pascual. "Algo somos, pero desde luego, estratégicos no tanto".
Su propuesta: contratos de al menos diez años —plazo que ya existe en Cataluña—, eliminación del peso del precio como criterio de adjudicación e incorporación obligatoria de una cláusula de revisión automática vinculada al IPC. "Esta cláusula ya existe. ¿Por qué no lo hacen?", insistió.
Pascual reclamó además que el sector busque conjuntamente los mejores modelos de contratación de cada comunidad autónoma y los lleve como propuesta común ante todas las administraciones. "Seamos capaces de unir las fuerzas que las tenemos y tirar para adelante un modelo que nos escuche."
Pascual señaló una asimetría difícil de justificar: el coste de una plaza en un centro de titularidad pública puede alcanzar los 5.000 o 6.000 euros mensuales, mientras que la plaza concertada se financia, según la comunidad autónoma, con entre 2.000 y 3.000 euros.
"Con estos 6.000 euros a nosotros nos financian tres plazas", resumió. "Yo creo que en eso no hay estrategia ninguna de la administración. No hay. Porque si realmente existiera una estrategia, no hablaríamos de estas dimensiones".
Campón lo reforzó desde su experiencia en Extremadura: "Yo puedo hacerlo tan bien como tú de una forma más eficiente. Pero es cierto que si a ti te vale cuatro y a mí me pagas dos, seguramente por tres o tres y medio lo podamos hacer bien. Tú vas a alcanzar menos dinero, yo lo voy a hacer mejor porque voy a tener mejores salarios para mis trabajadores y vamos a tener menos grietas, menos problemas en el futuro".
En Madrid, según explicó Ramos, se ha avanzado hacia un modelo en el que precio y calidad están más equilibrados. Se ha trabajado con todas las organizaciones patronales para fijar precios, y el baremo de calidad permite que cada centro compita por aspectos de servicio y no solo por coste.
El proceso de acreditación en marcha establece además ratios mínimos de atención directa para todos los centros: un 0,45 de atención directa tanto para centros de 20 plazas como para los de 150. "Esto también va a significar un vuelco importante en la manera de gestionar, incluso en la manera de subsistir", advirtió Ramos.
El plan de construcción de 40 residencias y 40 centros de día añade presión adicional. La primera edificación acaba de salir y el objetivo es tenerlas todas en funcionamiento en poco más de un año. "¿De dónde sacamos 6.000 trabajadores?", planteó Ramos, apuntando a la tensión que ese crecimiento generará sobre unos recursos humanos ya escasos. En Madrid además el acuerdo marco ha eliminado la obligación de contar con enfermería las 24 horas, algo que hace tres años era impensable. "No somos un sistema sanitario, somos un sistema social. Cuidamos, y cuidar también es sanar", afirmó Ramos.
(Foto: JC/Dependencia.info)
Campón introdujo otro frente crítico: la competencia del sistema sanitario por los mismos perfiles profesionales. "Los enfermeros del sistema social huyen al sistema sanitario de una forma muy legítima, porque ganan mucho más dinero y trabajan menos", describió. La consecuencia es una pérdida de talento que se agudiza en periodos vacacionales y que el sector no puede contener mientras los convenios del ámbito social no sean competitivos con los del sanitario.
El presidente de la patronal extremeña señaló además que la Administración sanitaria no siempre asume su responsabilidad en la atención a los residentes: "He tenido que presentar un informe público a un centro de salud en una zona de Extremadura para demostrar a la directora del centro de salud que le tenía que prestar atención sanitaria. Ella decía que eso era una residencia de mayores y que tenía que tener médicos y enfermeros y ellos no iban a ir."
Pascual fue igualmente directa sobre la escasez de vocaciones: "No hay profesionales que quieran voluntariamente trabajar cuidando a mayores." Y reclamó originalidad en las propuestas para atraer y retener talento, subrayando que el problema no puede abordarse sin una mejora estructural de las condiciones laborales del sector.
Del Corral introdujo al cierre un elemento adicional: la prestación económica vinculada al servicio como posible vía de colaboración público-privada. Cinta Pascual se mostró favorable a que el mayor reciba una prestación económica, contrate el servicio con el proveedor de su elección y quede este sujeto a los mismos indicadores de calidad que cualquier centro concertado.
"¿Estáis de acuerdo en que le den a los mayores una prestación económica? Que vengan, que contraten nuestro servicio y, por supuesto, que nos exijan indicadores, como todos, como si fuera un concierto", planteó la responsable de ACRA.
Campón, por su parte y para terminar, añadió la dimensión esencial: "Sobre todo, qué puedan elegir donde quieren ser cuidados. Al final, que el ciudadano decida en qué entorno quiere vivir".