La pregunta parece sencilla y, sin embargo, casi siempre se responde mal. Yo suelo decir, y sigo pensando, que las personas mayores no es que prefieran su casa frente a una residencia, es que prefieren no necesitar ingresar en una residencia, que es algo bastante distinto.
Hace unos días leí un artículo científico publicado en PLOS ONE y me llamó la atención porque intenta poner método, y datos, a esta intuición tan repetida en el sector.
El estudio analiza las preferencias de las personas mayores sobre dónde envejecer utilizando modelos estadísticos que cruzan variables como el estado de salud, nivel de dependencia, red social, ingresos, entorno físico o acceso a servicios. No es una encuesta de opinión al uso, sino un intento de entender cómo se construyen esas preferencias.
Y aquí aparece el primer matiz relevante: la preferencia por permanecer en el domicilio es mayoritaria… pero no es rígida. Cambia cuando cambian las condiciones.
El artículo muestra que, a medida que aumentan la dependencia funcional, la fragilidad o la soledad, la preferencia por el domicilio se debilita. No desaparece del todo, porque hay un componente emocional muy fuerte, pero deja de ser dominante. En paralelo, gana peso la aceptación de soluciones institucionales, especialmente cuando se perciben como entornos seguros y con cuidados adecuados.
Dicho de otra manera: no es que las personas “quieran” ir a una residencia, es que en determinadas circunstancias empiezan a verla como una opción razonable.
Otro elemento interesante que sugiere el artículo es que la percepción de control y de dignidad personal pesa más que el lugar físico. Es decir, lo que realmente está en juego no es tanto el “dónde”, sino el “cómo”. Si el domicilio deja de ofrecer autonomía real, o se convierte en un espacio de riesgo o de aislamiento, pierde atractivo. Y si una residencia consigue ofrecer seguridad sin anular la identidad de la persona, deja de ser percibida como un mal menor.
Eso, que sobre el papel parece bastante lógico, en el debate público casi nunca aparece.
A mí me da la impresión de que hemos simplificado demasiado este asunto porque nos convenía. Decir que “todo el mundo quiere quedarse en casa” es una idea cómoda: políticamente correcta, emocionalmente potente y, además, barata de defender… al menos en el corto plazo.
Pero es una verdad incompleta.
Porque cuando rascas un poco, y el artículo lo hace, ves que esa preferencia está condicionada por algo muy concreto: la posibilidad real de sostener los cuidados en el domicilio.
Y ahí entran factores como si hay alguien que pueda cuidar; si la vivienda está adaptada; si hay servicios suficientes y coordinados; si la intensidad de atención necesaria es asumible o si hay recursos económicos para sostenerlo.
Cuando alguno de estos elementos falla, la preferencia empieza a moverse.
Esto conecta bastante con la evolución del propio sector. Durante años profesionalizamos los cuidados, introdujimos protocolos, equipos, registros… y después apareció la Atención Centrada en la Persona como corrección a un modelo que, en ocasiones, había olvidado al individuo.
En paralelo, el domicilio se ha convertido en una especie de ideal normativo. Pero el domicilio no es un recurso neutro: es un espacio que tiene que soportar una carga asistencial creciente. Y no siempre puede.
No tengo claro que seamos del todo conscientes de lo que implica mantener a una persona con gran dependencia en casa durante años. No tanto en términos emocionales, que también, sino operativos: más horas, más profesionales, más coordinación, más coste.
El artículo, en el fondo, introduce una idea que debería incomodarnos un poco: las preferencias no son declaraciones abstractas, son decisiones situadas.
Cuando alguien dice que quiere quedarse en casa, lo dice desde una determinada situación. Si esa situación cambia, la preferencia también puede cambiar.
Y ahí el debate público se queda corto porque seguimos planteando una dicotomía casi moral: casa buena, residencia mala. Cuando en realidad estamos hablando de grados de dependencia, de disponibilidad de cuidados y de sostenibilidad del sistema.
Hay otro matiz que me parece importante. El estudio también apunta a desigualdades. No todas las personas tienen las mismas opciones de elección. La capacidad de “preferir” quedarse en casa depende mucho de los recursos disponibles.
Quien tiene dinero puede adaptar su vivienda, contratar cuidados, complementar servicios. Quien no lo tiene, depende de lo que el sistema público pueda ofrecer… y de la suerte.
Al final no estamos hablando solo de preferencias, sino de acceso: acceso a servicios domiciliarios suficientes, acceso a plazas residenciales, acceso a financiación pública o privada.
Por eso, cuando escucho afirmaciones categóricas sobre lo que “quieren los mayores”, siempre me quedo con la sensación de que estamos respondiendo a la pregunta equivocada.
Lo relevante no es tanto lo que quieren, que en gran medida ya lo sabemos, sino si el sistema está preparado para dar respuesta cuando dejan de poder sostener esa preferencia.
Si tuviese que quedarme con una idea del artículo, sería esta: las preferencias existen, pero están condicionadas por la realidad material de los cuidados.
No se trata de elegir entre domicilio o residencia como si fueran modelos excluyentes. Se trata de entender en qué momento uno deja de ser viable y el otro pasa a ser necesario.
Y termino.
Quieran lo que quieran los mayores, y conviene escucharlo con atención y sin simplificaciones, hay algo que deberíamos tener claro.
Lo peor no es ingresar en una residencia prefiriendo vivir en casa. Lo peor es necesitar una residencia y no poder acceder a ella porque no se puede pagar una plaza privada o uno se muere en la lista de espera.