El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) alertaba recientemente de que las tarifas fijadas para las plazas públicas en residencias se sitúan, en términos generales, por debajo del coste real del servicio, una situación que, en un contexto de aumento de la demanda asistencial y del coste de vida, está generando tensiones en la viabilidad económica de los centros y compromete la sostenibilidad del sistema.
Según la organización, los precios concertados llevan años sin actualizarse en muchas comunidades autónomas, lo que ha provocado un desfase respecto a costes crecientes como los del personal, los suministros o las exigencias normativas, en un escenario marcado por la inflación, lo que conduce a una infrafinanciación del sistema.
CEAPs atribuye parte de este desequilibrio al actual modelo de desindexación en la contratación pública, que impide adaptar las tarifas a la evolución de los costes, especialmente en un sector intensivo en mano de obra. Al tiempo, advierte de que “los precios no evolucionan al ritmo de los costes y los centros no tienen capacidad para ajustarlos. Es un problema de diseño del sistema”.
A esta situación se suma una notable desigualdad territorial, con precios de plazas privadas que oscilan entre los 1.800 euros en regiones como Extremadura o Andalucía y más de 3.300 euros en el País Vasco, en un contexto en el que, según el Círculo, confluyen factores estructurales como tarifas públicas sin revisar, incremento de costes y mayor complejidad asistencial. Ante este escenario, la organización reclama una reforma urgente del modelo de financiación que incluya la actualización de tarifas conforme a los costes reales, mecanismos de revisión periódica y medidas para reducir las desigualdades territoriales.
CEAPs reclama una relación más equilibrada entre el sector y las Administraciones públicas en un contexto en el que la diferencia entre lo que cuesta prestar los servicios y lo que se paga por ellos no deja de aumentar. El presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Rafael Sánchez-Ostiz, descarta cualquier planteamiento de ruptura y recuerda que la Administración es “el principal cliente”, ya sea a través de plazas concertadas o de las Prestaciones Vinculadas al Servicio.
En ese marco, el sector insiste en que la financiación pública debe alinearse con los costes reales. “El precio que pagan las Administraciones se ajuste al coste real del servicio”, subraya Sánchez-Ostiz, que advierte de que la brecha actual entre costes y tarifas “lejos de reducirse, continúa ampliándose”.
Pese a este diagnóstico, el presidente de CEAPs no prevé un escenario de cierres masivos de centros. Sí anticipa, en cambio, una reconfiguración del modelo asistencial, condicionada por la presión de la demanda y la evolución de las tarifas, en un sistema en el que la plaza pública pierde progresivamente atractivo relativo frente a otras fórmulas de financiación y acceso.
Sánchez-Ostiz lo explica perfectamente en esta entrevista:
- ¿Es planteable una situación en la que las residencias digan 'NO' a todo tipo de concierto con las Administraciones?
Desde el sector no se plantea en ningún caso una ruptura con la Administración. Conviene recordar que esta constituye el principal cliente, ya sea a través de las plazas concertadas o mediante las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), es decir, las ayudas individuales que reciben los usuarios para financiar su estancia o el acceso a determinados servicios.
Precisamente por ese papel central, lo que se reclama es una relación honesta y equilibrada entre cliente y proveedor. Sin embargo, la realidad actual muestra una brecha creciente entre el coste efectivo de los servicios —marcado por el incremento de las exigencias regulatorias— y los precios fijados por las Administraciones. Esa diferencia, lejos de reducirse, continúa ampliándose.
Basta con comparar el coste de una plaza pública con el de una plaza privada: en muchos casos, la Administración llega a triplicar el gasto para ofrecer unos servicios equivalentes a los que presta una entidad privada. Una situación similar se observa en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, donde, pese a haberse equiparado las exigencias en la prestación del servicio, los precios que se abonan son significativamente más elevados.
Por ello, la principal reivindicación del sector es clara “que el precio que pagan las Administraciones se ajuste al coste real del servicio”. Actualmente no sostenible que la financiación pública se sitúe por debajo de ese umbral, ya que ello implica, en la práctica, que el sector privado esté asumiendo y compensando el déficit generado por las plazas públicas.
- Si no se corrigen los precios de concierto en el corto plazo, ¿qué consecuencias tangibles prevé CEAPs en términos de cierres de centros o reducción de plazas?
Desde la perspectiva del cierre de centros, no se prevé una clausura generalizada. Es cierto que pueden producirse cierres puntuales en aquellos casos de ubicaciones inadecuadas, diseños deficientes o una prestación de servicios insuficiente, pero no como consecuencia directa de la situación estructural del sector.
En términos generales, los centros mantienen una notable capacidad de adaptación a contextos de tarifas más reducidas, compensando esa presión mediante un incremento de la tarifa privada. A ello se suma un factor determinante: el crecimiento sostenido de la demanda. Las necesidades asistenciales seguirán aumentando, impulsadas por la evolución demográfica, lo que introduce una presión constante derivada del déficit de plazas existentes.
En este sentido, los datos actuales indican que únicamente se están generando en torno al 50 % de las plazas necesarias para atender adecuadamente dicha demanda. Esta brecha refuerza la idea de que no se producirá un cierre masivo de centros, pero sí una reconfiguración del modelo.
Así, se avanza hacia un escenario en el que la plaza pública tenderá a perder atractivo relativo, lo que propiciará un incremento tanto de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS) como de la oferta de plazas privadas. Se trata de una tendencia clara que, sin embargo, no resulta deseable desde la óptica de las Administraciones públicas, al desplazar progresivamente el peso del sistema hacia fórmulas menos directamente controladas por el ámbito público.
- ¿El actual modelo de colaboración público-privada en residencias es sostenible tal y como está diseñado o estamos ante un punto de inflexión que obliga a replantearlo en profundidad?
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) considera imprescindible replantear el modelo de colaboración público-privada, ya que el incremento de costes derivado del aumento de los requerimientos normativos está tensionando de forma evidente la sostenibilidad del sistema. Esta situación obliga a revisar los mecanismos de financiación y a introducir ajustes que algunas Administraciones ya han comenzado a aplicar, aunque de manera desigual según el territorio.
Como consecuencia, existen comunidades autónomas que han iniciado procesos de actualización de tarifas, tratando de aproximarlas al coste real del servicio. No obstante, desde CEAPS se echa en falta un análisis riguroso y homogéneo del coste efectivo de las plazas. Conviene recordar que, en los últimos cinco años, la inflación se ha incrementado en torno a un 20 %, con un impacto directo en los costes de suministros —especialmente alimentación y energía—. A ello se suma un contexto internacional incierto que previsiblemente seguirá presionando al alza dichos costes.
Por otro lado, los costes laborales también están experimentando un incremento significativo. La escasez de personal cualificado está obligando a muchos centros a ofrecer retribuciones por encima de lo establecido en convenio en diversas categorías profesionales, encareciendo aún más la prestación del servicio. En la actualidad, estos sobrecostes recaen fundamentalmente en el usuario privado, mientras que el sistema público no está absorbiendo ni el impacto de los nuevos requerimientos ni el efecto de la inflación.
En este contexto, resulta difícilmente justificable la existencia de diferencias tan acusadas —de hasta 1.500 euros— entre comunidades autónomas en la financiación de una misma plaza. Esta desigualdad territorial debe corregirse mediante criterios más equitativos y transparentes.
Desde CEAPS se defiende un modelo en el que las ayudas —a través del denominado “cheque servicio” o prestación vinculada— lleguen directamente a las familias, permitiéndoles elegir libremente el recurso que mejor se adapte a sus necesidades. En ese marco, las entidades privadas competirían en términos de calidad asistencial, infraestructuras y excelencia en la atención, configurando un sistema más eficiente, equilibrado y orientado al usuario.