La Diputación Foral de Vizcaya interpuso el pasado martes, un recurso contencioso-administrativo contra la orden de servicios mínimos del Gobierno Vasco para el sector de residencias de Vizcaya ante el nuevo periodo de huelga que se inició ayer mismo. Los servicios jurídicos de la institución foral han solicitado la suspensión cautelar de los servicios mínimos, para que se revisen por parte de un juez. La Diputación que considera que cualquier situación de riesgo de vulneración de la integridad y dignidad de las personas usuarias de los centros, por aislada que sea, debe ser prevenida y revertida a la mayor brevedad posible para evitar daños irreversibles en las personas mayores en situación de dependencia.
Por su parte los representantes de los trabajadores han calificado de abusivos los servicios mínimos establecidos, recordando que al igual que en huelgas anteriores el Gobierno Vasco ha establecido para este nuevo paro un 70% y un 80% durante los periodos de mayor carga de trabajo, porcentaje que la Diputación, según los trabajadores exige que se incremente un 10% en los servicios mínimos, algo que en palabras del responsable de ELA en el sector de Residencias de Bizkaia, Gaizka de Miguel "es una vergüenza".
Con esta nueva huelga que comenzó ayer y se extenderá durante cuatro semanas, se abre un nuevo capítulo sobre un conflicto que se mantiene abierto desde hace 14 meses y suma ya 150 días de huelga hasta la fecha. Los trabajadores piden reducir la jornada laboral a 1592 horas; un salario mínimo para todas las trabajadoras del sector de 1200 euros, mejora de los ratios asistenciales según se propuso ya el 17 de noviembre de 2016 a la Diputación Foral de Vizcaya, y que se mejoren las coberturas en caso de baja y los pluses.
Por su parte la Diputación ha instado a los representantes sindicales y a las entidades gestoras de los centros a redoblar los contactos y explorar todas las vías y posibilidades para tratar de buscar un acuerdo que dé luz a un convenio colectivo del sector de centros para personas mayores de Bizkaia, y así dar fin al conflicto colectivo.