La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. De los 8.125 municipios que tiene España en total, 4.995 subsisten con menos de mil habitantes. Situación especialmente grave en 14 provincias españolas, donde más del 80% de sus municipios no llegan al millar de habitantes. Además la inmensa mayoría de estas localidades sufren el continuo envejecimiento de su población y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad, según los datos del último informe Población y despoblación en España 2016, presentado por la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sobre los retos que plantea el mantenimiento de servicios básicos para la población, entre ellos la atención sociosanitaria en estos núcleos rurales, Negocios & Gestión de la Dependencia ha hablado con Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la mencionada Comisión de la FEMP, presidente también de la Diputación Provincial de Zaragoza y alcalde de Tobed, un pequeño pueblo de esa provincia de apenas 243 habitantes.
Usted es alcalde de Tobed desde 1995, un pueblo de Zaragoza de apenas 240 habitantes. ¿Cómo se gestiona la atención sociosanitaria de un pueblo tan pequeño? ¿Cuál es la principal demanda de la población a la hora de recibir esta atención?La atención socio-sanitaria en los municipios es competencia principalmente del gobierno autonómico y de los propios ayuntamientos. En el caso de Tobed tenemos un consultorio médico y una residencia municipal. El resto de servicios sociales se prestan de forma mancomunada y con la colaboración en muchos casos, al igual que en el resto de municipios de la provincia, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, como es el caso del servicio de Teleasistencia. La demanda no puede ser otra que la del mantenimiento de los servicios que son competencia del Gobierno de Aragón, como la sanitaria y la educativa, y la de tener una financiación municipal suficiente para mantener los servicios que dependen de nosotros, independientemente de que otras administraciones intermedias nos ayuden en su coordinación y prestación.
Tobed, es uno de los 203 municipios que hay en la provincia de Zaragoza en peligro de extinción con menos de 500 habitantes, a los que afecta el despoblamiento y el envejecimiento. Desde la Diputación que usted preside ¿Qué medidas se están adoptando para que estas personas mayores que acaban viviendo en municipios despoblados y dispersos reciban una correcta atención sociosanitaria, y que en un momento puntual necesitan una atención urgente y específica?
Desde la Diputación de Zaragoza se coordina y financia la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos a la población. Este año hemos agrupado la mayoría de la treintena de planes que había en la institución en el Plan Unificado de Subvenciones, el DPZ Plus, para que los ayuntamientos puedan priorizar aquellos servicios y proyectos que consideren prioritarios en cada caso. Además, la institución provincial presta servicios directos para que los vecinos puedan tener una calidad de vida equiparable a la de quienes viven en las ciudades, como el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, o la mejora de las comunicaciones, así como políticas de igualdad de la mujer en el medio rural, y planes de empleo.
¿Cuál es la apuesta de servicios de la Diputación la atención domiciliaria, con más personal? ¿Más residencias en cabeceras comarcales?
Es fundamental que se favorezca la viabilidad de los centros residenciales en los municipios para que los vecinos no tengan que abandonar sus municipios cuando no pueden valerse por sí mismos y para, que al mismo tiempo, se creen puestos de empleo en las localidades. Por ello, consideramos importante estimular el concierto de plazas de residencias desde la administración autonómica para favorecer la viabilidad de los centros residenciales. La Diputación de Zaragoza cuenta desde el año pasado con un plan de residencias para facilitar la viabilidad económica de los centros de titularidad municipal y de gestión directa.
l caso de Zaragoza no es único. De hecho según el último informe de Despoblación publicado por la Comisión que analiza estos temas en la FEMP y que usted preside, más del 60% de los municipios españoles, en concreto 995 de los 8.125 que hay en España, tienen menos de 1.000 habitantes y están en riesgo de extinción, y en ellos vive el 53,5% de la población. Mientras en el lado contrario el 46,5% de los residentes en nuestro país se concentra en el 3,4% de municipios con más de 1.000 habitantes, en el 1,6% de superficie del territorio. ¿Cómo abordar la gestión de los servicios sociosanitarios con estas cifras en la mano?El caso de Zaragoza no es único pero sí es quizá el más peculiar porque la macrocefalia de su capital impide que territorio se considere al resto del como lo que es: una gran zona rural y en muchos casos con una intensa depresión demográfica, incluso en un desierto demográfico como sucede con las comarcas de Belchite, Daroca, Aranda o parte de las Cinco Villas y de Calatayud. El medio rural se está despoblando de una forma vertiginosa y preocupante y la única manera de ponerle freno es considerarlo una cuestión de Estado para abrir un debate intenso que favorezca la adopción de medidas de calado en las zonas rurales, independientemente de la unidad que se tome como referencia.
Usted como político, como miembro de la FEMP, y de la ejecutiva del Partido Socialista en Aragón ¿Cree que ha faltado y falta visión de largo y medio plazo de los gobiernos de las administraciones para adoptar medidas que frenen esta sangría del medio rural? ¿Qué las decisiones que se toman y han tomado son coyunturales y no responden al momento que vivimos?
Tampoco en esto somos todos los partidos iguales. El actual Gobierno de Aragón que preside Javier Lambán ha bajado la ratio para poder reabrir escuelas rurales que se habían cerrado ya o que se habrían tenido que cerrarse de en caso contrario. También ha dado la vuelta respecto a la aplicación de la ley de dependencia en Aragón. Desde julio de 2015, se han incorporado más de 5.000 personas al sistema, es decir, nueve personas más cada día, frente a las de más de 7.000 que lo abandonaron en la pasada legislatura. Por supuesto, todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestro éxito o fracaso dependerá en buena parte de las medidas que se tomen. Pero no es una cuestión exclusivamente política. Hace falta que todos los actores sociales y económicos trabajemos en la misma dirección. Desde la Diputación de Zaragoza hemos convocado una mesa contra la despoblación en la que hemos incluido y queremos seguir incluyendo a todos los agentes que tienen algo que decir al respecto.
Lo cierto es que ha habido municipios que han intentado frenar la despoblación, dando trabajo, regalando casas, etc. Pero estos no parecen ser más que parches a una situación que parece irreversible. El desmantelamiento de los servicios públicos y la despoblación, es una pescadilla que se muerde la cola. Menos gente, menos servicios y si hay menos servicios la gente no se asienta en esos territorios ¿Qué medidas habría que adoptar para que hubiera un cambio de paradigma? O ¿la tendencia es irreversible?
Además del importante trabajo que se desarrolla desde las diputaciones provinciales principalmente para el mantenimiento de los servicios, se deben favorecer proyectos y políticas fiscales desde Europa y desde el Gobierno central que incentiven a las personas y a las empresas para quedarse en los pueblos. Solo de esa forma podemos revertir o frenar la tendencia y garantizar la viabilidad del medio rural. Además, se echa de menos un trabajo de concienciación para que la gente, independientemente del lugar en el que viva, comprenda lo que nos jugamos.
¿Se pueden encontrar oportunidades de negocio en la despoblación?
Sin duda. La globalización produce también oportunidades. Nosotros hemos apostado por llevar la banda ancha hasta el punto más remoto de la provincia y hoy en día las comunicaciones nos permiten trabajar desde cualquier punto. ¿Por qué no en un pueblo? Quienes vivimos en el medio rural sabemos las ventajas que tiene respecto a las grandes ciudades. Quizá nos falta explicarlos, además de favorecer esas oportunidades de negocio.
Desde su experiencia como alcalde de un pueblo pequeño ¿Cómo explica a sus compañeros de la FEMP, alcaldes de medianos y grandes municipios las dificultades que tienen para ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos, desde la proximidad que da su cargo?
Suelo poner un ejemplo. En un pueblo, mientras quedan vecinos, hay que seguir encendiendo la iluminación pública por la noche, manteniendo los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento a punto, y limpiando y conservando las calles, entre muchos otros servicios, como los que hemos comentado antes. Eso tiene un coste fijo que es independiente de tener 50 o 200 vecinos. Y más cuando muchos descendientes del pueblo, que viven y tributan en la capital, vienen los fines de semana o los veranos. Por eso desde la Diputación de Zaragoza apostamos con determinación para mejorar la vida en el medio rural mediante la mejora de nuestros servicios, los que dirigimos a los ayuntamientos, para prestarles un asesoramiento técnico, jurídico y urbanístico integral; y los que dirigidos a sus vecinos en el ámbito social, cultural, educativo y económico. Y esa es la filosofía también del nuevo plan DPZ Plus, que permite a los ayuntamientos determinar cuáles son sus prioridades e incluye un fijo por municipio para que estos puedan mantener sus servicios.
La despoblación de estos territorios, supone también la perdida de identidad, tradiciones e incluso del patrimonio (por abandono). En su pueblo por ejemplo cuentan con una iglesia Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué papel pueden jugar las personas mayores en la preservación de este patrimonio material e inmaterial?
Sin duda, ese es uno de los valores que todos, independientemente de donde vivamos, no nos deberíamos permitir perder. No podemos privar a las futuras generaciones de ese ingente patrimonio, porque esas son nuestras raíces. Nuestra arquitectura popular, nuestras tradiciones y costumbres, nuestros paisajes y nuestra agricultura son nuestro modo de vida. Por eso, suelo decir que hay que empezar por dignificar la vida en los pueblos para que la gente se plantee regresar o ir a vivir a los pueblos. Desde Diputación de Zaragoza apostamos por mantener nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra naturaleza y nuestra economía. Hemos conseguido llevar el debate de la despoblación a la agenda de los medios y de las instituciones, pero no pararemos hasta convertirlo en una cuestión de Estado, hasta que desde la administración central y desde Europa no se reconozca la idiosincrasia de esta provincia y se premie a las personas que, a pesar de todo, siguen apostando por habitar nuestros pueblos.
¿Cree que desde la Administración Central hay sensibilidad hacia estos temas?
Debería. Es la administración que nos aglutina a todos. No sirve de nada que cada uno haga la guerra por su cuenta. Como he dicho, el caso de la provincia de Zaragoza es paradigmático ya que en el último siglo la población global de la provincia se ha duplicado, desde los 449.501 de 1910 hasta los 956.006 de 2015; pero mientras Zaragoza capital, que concentra ya el 70% de la población la ha multiplicado por seis pasando en este periodo de 109.957 a 664.953; la provincia, con el 30% restante, la ha visto diezmada, desde los 322.626 a los 291.053. Pero las políticas no deben salvar unos territorios y olvidarse de otros. Deben ser, como he dicho, una cuestión de Estado.
Recientemente ha sido creado el cargo de Comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, cargo que ha recaído sobre la senadora del PP Edelmira Barreira. ¿Se han entrevistado ya con ella? ¿Cuál seria su principal solicitud a esta Comisionada?
Todavía no. Mi principal solicitud sería crear un plan estructural que permita hacer frente al reto que tenemos delante y que convierta la supervivencia del medio rural en una prioridad. Solo así se pueden evitar las consecuencias medioambientales, sociales, económicas y culturales que tendría su despoblación. Por eso hace falta un plan estructural del Gobierno central que aglutine a todos los agentes implicados y que prevea medidas fiscales, económicas y también tecnológicas –en una sociedad globalizada–, que favorezcan la instalación de empresas y personas en el medio rural; así como campañas de sensibilización que incidan en las ventajas de la vida en el medio rural, como la convivencia con sus paisajes, su patrimonio, sus tradiciones y su calidad de vida.