La patronal del sector pide responsabilidad política ante la incertidumbre sobre las cuentas de la Generalitat para 2026. El presupuesto planteado asciende a 4.248 millones de euros, un 28 % más que en 2023, en un contexto marcado por el rápido envejecimiento de la población y el aumento de las solicitudes de dependencia.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha pedido a los grupos parlamentarios que alcancen un acuerdo que permita aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026. La organización considera necesario un pacto que aporte estabilidad al sistema de atención a la dependencia y permita responder al crecimiento de las necesidades de la población.
El llamamiento se produce en un contexto de incertidumbre sobre la aprobación de las cuentas autonómicas. Desde la entidad reclaman responsabilidad política para avanzar en cuestiones clave como la equiparación salarial de los profesionales del sector y para afrontar el acelerado envejecimiento del país.
La propuesta presentada por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión sitúa el presupuesto destinado a este ámbito en 4.248 millones de euros. Esta cifra supone 930 millones más que en 2023, lo que representa un incremento del 28 %.
Este aumento se plantea en un escenario marcado por un envejecimiento demográfico cada vez más intenso. Según datos del propio Departamento, Catalunya alcanzará los dos millones de personas mayores de 65 años en 2035, lo que supone medio millón más que en la actualidad.
A este fenómeno se suma el incremento de las solicitudes de dependencia, que se han más que duplicado durante la última década.
El crecimiento de la demanda también obligará a ampliar la red de recursos. De acuerdo con el Estudio socioeconómico de la atención a personas en situación de dependencia en España, Catalunya deberá crear 80.000 nuevas plazas durante la próxima década para responder a las necesidades del sistema.
En este contexto, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, subraya la importancia de contar con unas cuentas públicas que permitan planificar las políticas de cuidados a medio y largo plazo. "Estamos ante una década decisiva. Las necesidades crecen mucho más rápido que la capacidad actual del sistema. Es imprescindible disponer de unos presupuestos que permitan planificar, invertir y dar respuesta a la ciudadanía", señala.
Entre las medidas incluidas en la propuesta presupuestaria figura una partida de 150 millones de euros destinada a mejorar los salarios de los profesionales del sector social. Asimismo, se contempla la implantación de un nuevo modelo de fijación de tarifas que permita impulsar incrementos retributivos.
El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión también se ha comprometido a mantener esta inversión de 150 millones anuales durante los próximos cuatro años.
Para ACRA, este avance resulta especialmente relevante en un momento en el que la falta de profesionales se ha convertido en uno de los principales retos del sistema, tanto para su crecimiento como para garantizar la calidad de la atención.
Desde la organización se insiste en que la equiparación salarial con el sector público es una condición imprescindible para evitar la fuga de talento, atraer nuevos profesionales y asegurar la continuidad asistencial.
En palabras de Cinta Pascual, "Sin mejoras salariales reales, el sistema no podrá dar respuesta a lo que viene: más demanda, más complejidad y más necesidades de atención especializada".
Ante este escenario, ACRA ha pedido a los grupos parlamentarios que, pese a las diferencias políticas, sitúen en el centro el interés de las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que trabajan en el sector.
La presidenta de la entidad advierte del riesgo de mantener bloqueadas las cuentas públicas en el actual contexto. "Catalunya no puede permitirse un bloqueo presupuestario en un momento como este. Hace tres años que sostenemos unos presupuestos prorrogados y hace falta un acuerdo que permita desplegar un modelo de cuidados moderno, sostenible y capaz de garantizar derechos", concluye.