De los 404 ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes analizados, únicamente 27 alcanzan los estándares de excelencia en inversión en Servicios Sociales, con un gasto superior a los 200 euros por habitante y año. En el extremo opuesto, 45 municipios destinan menos de 63,89 euros por vecino, una cifra que los sitúa por debajo del 60 % de la mediana nacional y los clasifica como pobres en inversión social.
El estudio, realizado por undécimo año consecutivo por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se basa en los datos oficiales del Presupuesto Liquidado 2024 correspondientes a la partida de “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23), publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos a fecha 31/11/2024, con el máximo nivel de desglose disponible.
A partir de esta información, la asociación clasifica a los ayuntamientos en distintas categorías y presenta anexos específicos con los datos de las capitales de provincia y de aquellos municipios que no habían remitido sus cuentas a cierre del ejercicio.
La calificación de excelencia social no se limita al volumen de gasto por habitante. El estudio aplica cuatro criterios acumulativos para evaluar el compromiso real de los ayuntamientos con las políticas sociales:
Suficiencia económica, acreditando un gasto liquidado superior a 200 euros por habitante en 2024.
Incremento económico, garantizando que el presupuesto por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023.
Esfuerzo inversor, con un gasto social que represente al menos el 10 % del presupuesto total no financiero liquidado.
Transparencia financiera, permitiendo comprobar en la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a la funcional 23.
Tras aplicar estos criterios, solo el 6,6% de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes del país alcanza la excelencia social.
La mediana del gasto social liquidado por habitante en 2024 se sitúa en 106,48 euros, un 4,3 % más que en 2023. En conjunto, los ayuntamientos analizados destinaron más de 4.261 millones de euros a Servicios Sociales, lo que supone un incremento del 6,2 % respecto al ejercicio anterior.
Sin embargo, este crecimiento global convive con fuertes desequilibrios territoriales. Hasta once comunidades autónomas no alcanzan la mediana nacional de gasto por habitante, una circunstancia que vuelve a poner de manifiesto la asimetría del Sistema Público de Servicios Sociales en España.
Solo 27 municipios cumplen los requisitos de excelencia social en 2024. En ellos residen 3.052.548 personas, el 9,5 % de la población española, que se benefician de una inversión municipal considerada de alto nivel.
El perfil predominante de estos ayuntamientos corresponde a ciudades medias, con una población aproximada de 40.000 habitantes. Las únicas excepciones son las dos capitales de provincia que alcanzan la excelencia: Barcelona, con 1.702.547 habitantes, y Bilbao, con 348.089.
Por comunidades autónomas, Andalucía vuelve a liderar el ranking con 18 ayuntamientos excelentes, una posición que se explica en gran medida por el peso presupuestario del Servicio de Ayuda a Domicilio vinculado al SAAD, prestado en cooperación con diputaciones provinciales y entidades locales de más de 20.000 habitantes.
El estudio avanza que, en la próxima edición correspondiente a 2025, se incorporará como variable específica la aportación económica de las comunidades autónomas a los presupuestos municipales, con el objetivo de medir con mayor precisión el esfuerzo propio de los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales.
Más de la mitad de los municipios excelentes, 14 en concreto, repiten en esta categoría, lo que el informe interpreta como una muestra de continuidad y estabilidad en sus políticas sociales, alejadas de inversiones puntuales o coyunturales.
En paralelo, el análisis identifica 45 ayuntamientos que invierten menos del 60 % de la mediana nacional de gasto por habitante, fijada en 63,89 euros en 2024. Se trata de uno menos que en el ejercicio anterior.
Estos municipios atendieron a 3.191.950 vecinos con una inversión media de 54,10 euros por habitante, muy por debajo de la media nacional de 106,48 euros. Además, solo destinaron de media el 5,35 % de su presupuesto municipal total a Servicios Sociales y Promoción Social, frente al 10,24 % que dedican, de media, los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes.
El informe subraya que el 76 % de estos ayuntamientos ya figuraban como pobres en 2023, lo que evidencia una persistencia en la infradotación de los Servicios Sociales y, en consecuencia, una merma continuada de los derechos sociales de sus vecinos.
Por territorios, la Comunidad de Madrid concentra el 40 % de los ayuntamientos pobres en inversión social, con 18 municipios en esta situación. Le sigue la Comunitat Valenciana, con 11 ayuntamientos, tres más que el año anterior. Entre ambas suman el 65 % de los municipios con menor gasto social del país.
En los municipios españoles de más de 20.000 habitantes residen 32,8 millones de personas, el 66 % de la población nacional. Casi la mitad de ellas, 15.142.880 habitantes, vive en capitales de provincia, lo que convierte a estas ciudades en una muestra especialmente relevante para analizar la inversión social urbana.
Durante 2024, las 50 capitales españolas destinaron más de 2.364 millones de euros a Servicios Sociales y Promoción Social, con una inversión media de 156,14 euros por habitante. Esta cifra es un 68,2 % superior a la media del conjunto de los ayuntamientos analizados.
Pese a ello, solo Barcelona, con 288,07 euros por habitante, y Bilbao, con 208,94, alcanzan niveles de excelencia social. En el lado contrario, Badajoz, con 58,44 euros, y Toledo, con 60,72, quedan clasificadas como capitales pobres en inversión social.
El ranking de capitales vuelve a evidenciar fuertes disparidades internas y refuerza la idea de que el código postal sigue siendo determinante en el acceso a los derechos sociales. De hecho, la inversión social por habitante de Barcelona casi quintuplica la de Badajoz, una brecha que cuestiona los principios de universalidad y equidad del sistema.
El estudio también identifica a 24 ayuntamientos cuyos presupuestos liquidados de 2024 no estaban publicados en la web del Ministerio de Hacienda a fecha de cierre del informe, el 30 de noviembre de 2025. Al no poder constatar su inversión social, estos municipios quedan excluidos del análisis.
En definitiva, el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confirma una tendencia sostenida al alza del gasto social municipal, pero también una profunda desigualdad territorial. La excelencia sigue siendo patrimonio de una minoría, mientras decenas de ayuntamientos mantienen niveles de inversión que los sitúan muy por debajo de los estándares considerados suficientes para garantizar unos Servicios Sociales adecuados.