Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), intervino recientemente ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, donde recordó que “además de legislar, hay que poner medidas”.
Durante el análisis del Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia, Campabadal valoró de forma positiva la orientación de la reforma, que consideró un avance necesario, “porque todo lo que sea dar derechos, estamos de acuerdo”.
No obstante, insistió en que “además de legislar, hay que poner medidas” para que los derechos se traduzcan en servicios efectivos. En su intervención destacó que la calidad debe ser homogénea en todo el país: “La cobertura actual no es compatible con la desinstitucionalización. La calidad tiene que ser la máxima posible, nazcas donde nazcas e independientemente del lugar donde estés”, subrayó.
Pluralidad, financiación y desinstitucionalización: tres prioridades urgentes
El presidente del CEDDD reclamó una participación verdaderamente plural en los órganos estatales relacionados con la discapacidad, con especial mención al Real Patronato sobre Discapacidad. “Entrar para según quien, es muy difícil, por no decir imposible”, señaló. Recordó que el CEDDD agrupa a más de 3.000 entidades con perfiles diversos y que esta representatividad debe verse reflejada en la gobernanza pública.
En materia de financiación, Campabadal alertó de que continúa siendo el principal punto débil del sistema. En 18 años de vigencia de la ley, la aportación estatal nunca ha alcanzado el 50% previsto, situándose actualmente en torno al 27,6%. Además, nueve comunidades autónomas redujeron sus aportaciones en 2023 pese al incremento de los fondos estatales. Recalcó que sin financiación finalista y estable “y sin garantías”, no es posible hacer efectivos los derechos que la ley reconoce.
Sobre la desinstitucionalización, advirtió de que el modelo planteado en el proyecto legislativo no puede llevarse a cabo sin un refuerzo profundo de los servicios que permiten la vida en comunidad. Apuntó que la falta de horas de atención domiciliaria, la escasez de asistentes personales accesibles, la insuficiencia de centros de día y la ausencia de modelos intermedios impiden avanzar en esta dirección. Defendió que los discursos solo pueden sostenerse si se acompañan de recursos, planificación y equidad territorial, porque —indicó— no se puede pedir que las personas vivan en casa sin disponer de los apoyos necesarios.
Campabadal aportó también datos que reflejan la desigualdad persistente y la vulneración de derechos. Señaló que aún hay 296.431 personas en lista de espera y que 40.447 fallecieron en 2023 sin ser valoradas o atendidas. El tiempo medio de tramitación se sitúa en 324 días, muy por encima del límite legal. El CEDDD propone fijar un máximo de seis meses, establecer sanciones por incumplimiento y crear un organismo estatal de supervisión para garantizar la igualdad entre territorios.
Necesidades urgentes trasladadas por el sector
Durante su intervención, Campabadal detalló también las prioridades identificadas por las entidades del CEDDD:
Refuerzo de la accesibilidad en baja visión, ceguera, accesibilidad cognitiva y uso de datáfonos accesibles.
Regulación de la atención temprana mediante legislación nacional y eliminación de los topes de edad.
Implementación efectiva de los lavabos adaptados para personas ostomizadas.
Respeto a la opinión de las familias en educación especial.
Preocupación por la exclusión de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial de la Ley de Economía Social, con riesgo para más de 500 centros y 60.000 empleos.
Cumplimiento real de las cuotas de contratación de personas con discapacidad.
Además, recordó el papel esencial de las cuidadoras principales, que sostienen buena parte del sistema con una prestación media de 264 euros mensuales. Reclamó su reconocimiento laboral y social, así como medidas de apoyo específicas, protección social y un plan de emergencia para situaciones de ausencia u hospitalización.
Una reforma que no puede quedarse a medias
Campabadal reconoció avances en derechos, accesibilidad, protección jurídica, asistencia personal y digitalización. Sin embargo, pidió a los grupos parlamentarios reforzar tres pilares fundamentales:
Financiación suficiente, finalista y equilibrada entre Estado y comunidades autónomas.
Plazos obligatorios y garantizados para evitar que las personas mueran esperando.
Reconocimiento real a las cuidadoras principales y a las familias que sostienen el sistema.
“La ley me encanta, pero tiene mucho margen de mejora”, concluyó.
La comparecencia íntegra puede consultarse en el canal de YouTube del CEDDD.