Los representantes del Gobierno destacaron la importancia de centrar a las personas en el enfoque legislativo, actualizando definiciones clave y eliminando cargas administrativas para quienes ya tienen reconocida su dependencia.
En una nueva edición del foro ‘Palestra CERMI’, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) fue escenario de una importante presentación por parte del Gobierno, donde se abordó el contenido y alcance de la reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La apertura del acto estuvo a cargo del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien contextualizó esta iniciativa legislativa en el marco del nuevo artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024. “Estamos ante un proyecto de ley relevante, que moderniza las dos normas troncales de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Pérez Bueno. Destacó que este nuevo marco establece principios fundamentales como la titularidad plena de derechos, la no discriminación y la inclusión social.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, presentó las novedades relacionadas con la modificación de la Ley General de Derechos. En su intervención, enfatizó que esta norma representa un cambio significativo: “Era necesario poner a las personas en el centro”, subrayó, añadiendo que el discurso sobre los derechos humanos debe traducirse en obligaciones vinculantes para los poderes públicos.
Martín Blanco también destacó la necesidad de actualizar definiciones clave para facilitar la interpretación adecuada de la ley. “Definir claramente conceptos como inclusión o capacitismo es imprescindible para asegurar que se aplique un modelo coherente basado en los derechos humanos”, argumentó. Además, explicó cómo se simplificará el proceso administrativo para aquellos que ya tienen un grado reconocido de dependencia.
Por su parte, Mayte Sancho Castiello, directora general del IMSERSO, detalló la reforma enfocada en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Comenzó su exposición recordando los cambios sociales significativos ocurridos en las últimas dos décadas: “Hoy muchas personas desean vivir en sus hogares y comunidades, no en instituciones obsoletas”, afirmó.
Sancho delineó cuatro ejes fundamentales para esta reforma: refuerzo de derechos, actualización del catálogo de servicios, flexibilización de apoyos y promoción de innovaciones. “Las prestaciones serán compatibles entre sí porque las necesidades no son compartimentos estancos”, apuntó. También hizo hincapié en impulsar la asistencia personal como un servicio esencial.
A lo largo del evento, ambos representantes gubernamentales coincidieron en resaltar la importancia de alcanzar un amplio consenso parlamentario que respalde esta legislación. Martín Blanco hizo un llamado directo a las fuerzas políticas: “Esta es una ley para todos; sería difícil justificar que un texto que desarrolla el artículo 49 no cuente con apoyo mayoritario”.
Pérez Bueno concluyó enfatizando que estas reformas deberían ser prioritarias en el debate social actual. Reiteró el respaldo del movimiento social por esta iniciativa legislativa y defendió que durante su tramitación se deben buscar correcciones y mejoras para lograr un mayor consenso político. Confiando en que estas reformas culminen con marcos normativos adecuados, concluyó afirmando que “la discapacidad no debe ser vista como un castigo sino como una expresión valiosa dentro de nuestra diversidad humana”.