Finalmente, el Parlament de Catalunya ha aprobado, prácticamente por unanimidad, la ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria. Es un hito, sin lugar a dudas, importante. En Catalunya, y en todos los países de nuestro entorno, la integración de los servicios sociales y sanitarios es un reto pendiente.
En nuestro caso, las diferencias estructurales entre los sistemas sociales y sanitarios, tanto en el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos, sus niveles de financiación, la realidad de sus profesionales y los distintos niveles competenciales que intervienen, han ido configurando a lo largo de los años una atención fragmentada y descoordinada, con dificultades en los momentos de transición entre un sistema y otro, con duplicidades no resueltas y, en definitiva, una atención insuficiente.
En el escenario demográfico en el que hemos entrado, el de la jubilación de nuestras generaciones más numerosas, como son la del “baby boom”, en un país con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con el incremento de la cronicidad y la dependencia que se deriva de ello, en un contexto presupuestario limitado e insuficiente y con mayores exigencias de los ciudadanos en términos de calidad y de vida independiente, mayor relevancia gana la cuestión de la atención integrada.
Y es que es necesario recordar que un 20% de la población catalana tiene más de sesenta y cinco años, 1.600.000 personas, y 260.000 superan los ochenta y cuatro años. En 2050 se estima que en Cataluña habrá más de un millón de personas mayores de ochenta años.
Más todavía se necesita este enfoque, vista la experiencia y las lecciones aprendidas durante la pandemia de la COVID, que puso de manifiesto, con toda su crudeza, las debilidades de nuestros sistemas residenciales y de atención a domicilio.
Desde este punto de vista, la apuesta de la Generalitat por la creación de la Agencia responde a la necesidad de contar con una herramienta para la acción conjunta entre las administraciones para el cuidado y la atención de las personas. La Agencia prioriza la atención en el entorno domiciliario y comunitario, con el fin de favorecer la prevención de las situaciones de dependencia, así como las alternativas a la hospitalización de acuerdo con la voluntad personal de desarrollar el proyecto de vida en casa durante el máximo tiempo posible y garantizando la atención domiciliaria integrada a las personas dadas de alta hospitalaria que la requieran.
Pero también aspira a garantizar la atención sanitaria de los centros residenciales, dando cumplimiento a los principios de atención sanitaria universal y de acceso gratuito que caracterizan a nuestro sistema de salud.
Es también una apuesta por una atención más personalizada, de mayor calidad, con menos cargas burocráticas, que acompañe a las familias y las personas en los momentos críticos vitales vinculados a la enfermedad, el envejecimiento o la discapacidad. Las disfunciones en este ámbito hoy son muy evidentes.
Por otro lado, la Agencia debe mejorar y priorizar la atención sanitaria de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo, en aquellos casos de alumnos con necesidades muy intensas de servicios de enfermería y de seguimiento médico.
El despliegue de la atención integrada, en cualquier caso, va a necesitar que, en el ámbito local, comarcal o regional, según el caso, se organicen instrumentos de gobernanza compartida entre la Generalitat de Catalunya y las administraciones locales, que son competentes en la atención domiciliaria, con presupuestos propios e integrando el conjunto de operadores y proveedores de servicios sanitarios y sociales que actúen en esos ámbitos. La ley, en este sentido, habilita y dota de un marco para este tipo de intervenciones en los territorios, que van a ser imprescindibles si queremos que las cosas pasen.
Y finalmente, la nueva ley diseña un nuevo marco legal que debe garantizar la interoperabilidad entre el conjunto de sistemas de información sanitarios y sociales, con una gestión proactiva de datos que permita activar políticas más preventivas y activas.
Ahora bien, el despliegue de la atención integrada no va a depender solo de la nueva ley. En este sentido, debe afrontarse el grave problema de la cuestión salarial en el sector de los servicios sociales. Va a ser imposible avanzar en una efectiva atención integrada cuando un mismo perfil profesional puede tener una remuneración salarial distinta en función de si pertenece al sistema de salud o al sistema de los servicios sociales. La equiparación salarial es un imperativo categórico: mismo trabajo, misma remuneración. Y eso interpela directamente a la financiación de los servicios sociales por parte de la Generalitat vía tarifas públicas.
No estamos ante un nuevo reto. Llevamos años analizando la cuestión, impulsando experiencias piloto y creando programas y planes para avanzar en la atención integrada. Ahora parece que sí, que por fin ha llegado el momento de iniciar una transformación a fondo de nuestros sistemas. La Agencia deberá ser el instrumento que impulse el cambio. Ojalá sea así.
Carles Campuzano, diputat al Parlament y exconseller de Drets Socials del Govern de la Generalitat.