Desde que en España se decidió crear lo que hemos llamado el Estado de las Autonomías, con sus competencias transferidas en distintas materias como educación, sanidad, ordenación territorial, turismo… y en algunos casos también de orden público o fiscales, lo cierto es que los españoles no hemos sido todos iguales ante la ley.
La sanidad no es igual en todas las comunidades. El tratamiento que se hace de nuestra nunca bien alcanzada Ley de Dependencia también varía en función de la región en la que uno se encuentre. Recientemente se discutía por los regímenes fiscales en las CCAA a cuenta de dónde es más barato heredar.
El caso es que todo el mundo pelea por lo suyo –ojo, que no es mala cosa defender lo propio–, pero inevitablemente se generan ciudadanos de distintas categorías. Esto nos lleva a la clara conclusión de que vivimos según un modelo injusto.
Que no se pague lo mismo por una plaza en una residencia que está en Madrid, Barcelona, Jaén o Asturias, por no poner 17 ejemplos, hace que haya personas mayores que en las mismas condiciones estén sometidas a distintos baremos. ¿Por qué? Únicamente por vivir en Madrid, Barcelona, Jaén o Asturias, por no poner 17 ejemplos.
¡Qué diferentes son las cosas según el territorio en el que se esté!
Un último ejemplo de esto que estamos comentando lo vemos en el País Vasco a cuenta del salario de las trabajadoras de residencias o de los ratios o de los pluses o la reducción de horas. El sector de Residencias en Bizcaia pelea duramente con las patronales por tener, no ya las mismas condiciones laborales que en alguna otra comunidad autónoma, sino por equipararse a las de la vecina Gipuzkoa.
Llama poderosamente la atención que mientras patronal y sindicatos acaban de firmar una subida del salario en el sector de atención a la dependencia a nivel nacional en el convenio marco, según el cual sabemos que el salario base de un médico en una residencia es de 1.505,10 euros, el de una gerocultora es 974,62 y el de un director de residencia es de 1.766,86, en Bizcaia no se ponen de acuerdo con cuál debe ser el salario y la subida de una trabajadora de residencia.
Lo dicho, estamos condenados a los contrastes territoriales.