Quiero empezar esta tribuna agradeciendo a Andrés Rueda, presidente de ASCAD, por haber compartido un informe que da cifras y argumentos a un problema del que todos hablamos en voz baja pero pocas veces con datos en la mano: el absentismo en las residencias de mayores .
El documento se refiere a Cataluña, donde ASCAD tiene su ámbito, pero cualquiera que conozca el sector sabe que muchas de las conclusiones podrían trasladarse a otras comunidades autónomas, con matices según la normativa de cada territorio.
En Cataluña, la norma fija ratios en forma de horas anuales de atención y ocupaciones medias. En otras comunidades, en cambio, más que hablar de ratios lo que se hace es establecer la presencia mínima de profesionales en función del número de residentes y de la franja horaria. Eso significa que lo que Rueda describe en su informe, la merma de efectivos por absentismo, se traduce de forma distinta. En los lugares donde se cuentan horas anuales, la pérdida se ve en el cómputo global. Pero en las comunidades donde la norma obliga a una presencia concreta en cada turno, la ansiedad y la preocupación se disparan con cada ausencia inesperada: un turno de noche con una baja imprevista no se mide al cabo del año, se sufre en el momento, porque no hay margen para cuadrar el servicio.
Dicho esto, el fondo es el mismo: con un absentismo estructural en torno al 12%, lo que en teoría son 39 cuidadores por cada 100 residentes se convierten en 34 efectivos. Y los 32 gerocultores previstos se quedan en 28. Eso significa perder una de cada ocho manos.
El absentismo tiene muchas caras: bajas largas, permisos, días de asuntos propios, pero también ese goteo de ausencias de uno o dos días imposibles de prever. Y aquí está el nudo del problema: como es imposible anticiparlo, la única forma de que no repercuta en la calidad de la atención sería contar con plantillas sobredimensionadas de forma sistemática. Dicho así, parece fácil. Pero ya sabemos lo que viene después: ¿quién paga? Porque ampliar plantillas solo es viable si el coste adicional lo cubre el cliente, sea el usuario de forma privada o la Administración cuando concierta plazas.
El informe de ASCAD no se limita a quejarse. Habla de la sobrecarga que sufren los trabajadores que sí acuden, del riesgo de que los centros con mucho absentismo se conviertan en malditos donde nadie quiere trabajar, y de la paradoja de que el sistema laboral protege al ausente pero no al compañero que se queda soportando la carga. Incluso se atreve a proponer medidas polémicas, como alargar los periodos de prueba o regularizar migrantes para reforzar las bolsas de trabajo. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo que no se puede es mirar hacia otro lado.
El documento llega incluso a afirmar que la plaga del absentismo implica, de forma indirecta, maltrato. Es una idea provocadora, y conviene interpretarla con cuidado. En la realidad, el esfuerzo de los trabajadores que sí están presentes, unido al hecho de que muchas residencias superan las exigencias normativas, evita que esas situaciones extremas lleguen a producirse. Pero no deja de ser un aviso: si seguimos estirando la cuerda sin reforzar plantillas, la calidad de la atención quedará comprometida.
¿Quiero decir que el absentismo es la única causa de los problemas de las residencias? No. También pesan la infrafinanciación crónica, la falta de profesionales formados y unas ratios legales que ya eran insuficientes antes de aplicarles descuentos. Pero si no hablamos claro de este tema, seguiremos atrapados en una ficción estadística.
Por eso agradezco a Andrés Rueda y a ASCAD haber puesto este documento sobre la mesa. Porque detrás de cada cifra hay personas, y porque si no aceptamos que para garantizar la atención habría que pagar más, ya sea el usuario o la Administración, nos condenamos a mantener un sistema que siempre funciona con una mano menos de la necesaria.