Aprovechando que estamos en el 25 aniversario de Inforesidencias estamos publicando una serie de informes sobre cosas que han cambiado, incluso evolucionado durante este cuarto de siglo. El modelo de 'unidades de convivencia' en residencias busca crear entornos más hogareños y personalizados y, aunque su implementación en España ha avanzado porque mejora la calidad de vida de los residentes, requiere inversión y compromiso político.
Si hablamos del diseño arquitectónico de residencias, uno de los cambios más importantes ha sido la introducción de lo que primero se conoció como “modelo housing” y que pronto se transformó en lo que hoy llamamos “unidades de convivencia” o “unidades convivenciales”.
Muchos atribuyen una parte de la introducción de ese modelo en España a uno de los primeros viajes geroasistenciales organizado por parte de Inforesidencias.com (hoy son ya más de 50), en el que a mediados de la primera década del siglo XXI un grupo de empresarios de Castilla y León, acompañados por el consejero de servicios sociales y un grupo de altos directivos, visitaron Suecia. Allí vieron que las unidades de convivencia era casi el modelo único y decidieron inspirarse en él para traerlo a España.
Siempre he bromeado con que los políticos se llevaron el Powerpoint del modelo pero se dejaron el Excel, queriendo decir que no fueron conscientes (o no quisieron serlo) de que, dividir una residencia en pequeñas unidades hace que el funcionamiento sea más caro. Pero eso es otra historia.
En este informe vamos a repasar diversos aspectos del surgimiento del modelo en otros países y su llegada a España, hasta analizar la situación actual.
Este informe me sirvió de base para una conferencia que impartí en Mayo de 2025 en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Allí vamos.
Origen del concepto y expansión internacional
El modelo de unidades de convivencia en residencias surge de la idea de que las personas mayores vivan en grupos pequeños, en entornos más hogareños y normalizados, en lugar de instituciones masivas. Este concepto tiene sus raíces en los países escandinavos hace varias décadas. Suecia fue pionera al crear “viviendas grupales” para personas mayores (especialmente con demencia) ya en la década de 1970 (The ideals of group living homes for people with dementia). En estos grupos reducidos (por ejemplo, 6–8 residentes), se recreaba un hogar con cocina, sala de estar y cuidadores estables, lo que contrastaba con las residencias tradicionales tipo hospital. La experiencia sueca se extendió pronto a Noruega, Dinamarca y Finlandia consolidando en los países nórdicos un modelo de atención centrado en la persona y en la vida cotidiana normalizada. De hecho, hace más de 40 años que los sistemas nórdicos incorporan este enfoque en sus servicios sociales
En Alemania, la evolución fue similar. Desde los años 2000 muchas residencias alemanas pasaron del modelo institucional clásico a fórmulas de pequeñas unidades domésticas (Hausgemeinschaften) dentro de los geriátricos. Una innovación alemana específica para demencias avanzadas son las Pflegeoase (literalmente “oasis de cuidados”): unidades muy pequeñas de 4 a 6 personas con demencia severa, que conviven en un espacio común único, prácticamente sin habitaciones individuales (). El objetivo es evitar el aislamiento en cuartos separados, creando un ambiente único donde las camas o “nichos” personales están en torno a una sala común, con atención intensiva y terapias sensoriales (aromaterapia, música).
Estas Pflegeoase tuvieron que implementarse al margen de la normativa habitual (por ejemplo, exigiendo menos metros cuadrados por persona de lo estándar, dado el espacio compartido) bajo proyectos piloto autorizados excepcionalmente (). Pese a su difusión limitada, las primeras evaluaciones en Alemania indicaron mejoras leves en la calidad de vida de los residentes con demencia muy grave en estos “oasis”: menos nerviosismo, agitación y agresividad, y familiares percibiendo mejor comunicación en sus allegados ().
En Japón, el modelo de unidades de convivencia fue adoptado a partir del año 2000 como parte de la reforma de cuidados de larga duración. Inspirándose en experiencias escandinavas, Japón integró en su seguro público de dependencia la figura de los “group homes” para personas mayores con demencia, con entornos hogareños y unos 5–9 residentes por unidad (Small, homelike care environments for older people with dementia) (Change in care location of older adults who resided in group homes ...). En pocas décadas, Japón ha desarrollado miles de pequeños hogares de este tipo por todo el país, buscando humanizar la atención en residencias. Estas unidades (グループホーム) permiten a los mayores con deterioro cognitivo vivir en comunidades pequeñas dentro de su barrio, atendidos 24 horas pero con la sensación de “estar en casa” – con tatami, cocina tradicional, altar doméstico, etc., según cultura local – en vez de en instituciones impersonales.
En España, el concepto de unidades de convivencia empieza a introducirse en los 2000s de la mano del enfoque de Atención Centrada en la Persona. Varias comunidades autónomas y entidades del tercer sector impulsaron experiencias piloto para “desinstitucionalizar” las residencias.
Por ejemplo, Castilla y León lanzó en 2016 el proyecto “En Mi Casa” orientado a crear entornos residenciales hogareños (Nuevo modelo de atención residencial a personas mayores "en Mi casa"). Esta comunidad aprobó normativa para acreditar unidades de convivencia en residencias (Decreto 3/2016), pero el intento fue tumbado en los tribunales dos veces de forma que al final, la comunidad optó por hacer una regulación con nivel de Ley y recientemente su Ley 3/2024 consolida este modelo como estándar, refiriendo expresamente las unidades de convivencia tipo Green House, Eden Alternative, etc., como referentes (BOE-A-2024-8834 Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Exposición de motivos, punto II).
En el País Vasco, el decreto 126/2019 ya recomendaba que las residencias dispusieran de unidades convivenciales y la Diputación de Bizkaia reguló en 2021 su implantación paulatina en la red foral de residencias (Decreto Foral Vizcaya 119/2021 unidades convivenciales). Fundaciones como Matia en Gipuzkoa han construido nuevas residencias 100% bajo este modelo: por ejemplo, el centro Egurtzegi inaugurado en 2023 está compuesto por pequeñas viviendas donde cada persona tiene su estudio con baño y comparte con 8–15 vecinos un comedor-cocina y sala de estar, replicando la estructura de un hogar común (Matia inaugura las innovadoras viviendas en unidades de Convivencia de Egurtzegi).
Otras regiones (Cataluña, Navarra, etc.) también han reconvertido o construido centros siguiendo esta filosofía, agrupando a los mayores en unidades autónomas por planta o módulo (12–16 residentes normalmente) con sus propios cuidadores, comedor y sala de estar, para favorecer un ambiente familiar.
Evidencia científica de sus beneficios
Numerosos estudios han comparado las residencias tradicionales con las de estilo pequeño hogar para medir su impacto en la salud y bienestar de las personas mayores, especialmente con demencia. En general, la evidencia científica apunta a varias mejoras asociadas al modelo de unidades de convivencia:
Teniendo todo esto en cuenta, la evidencia apunta a que las unidades de convivencia mejoran la calidad de la atención: los mayores están más calmados, activos y atendidos de forma personalizada, necesitando menos fármacos y medidas de contención. Aunque no todos los estudios encuentran diferencias significativas en cada aspecto (los resultados pueden variar según la implementación), el conjunto de datos respalda que este modelo favorece el bienestar y la dignidad de las personas mayores frente al modelo institucional clásico.
Coste económico: modelo tradicional vs unidades de convivencia
Un aspecto clave a considerar es el coste económico de este modelo. ¿Resulta más caro cuidar a mayores en pequeñas unidades hogareñas que en residencias “de toda la vida”? Intuitivamente, podríamos pensar que sí, porque se supone que las economías de escala de una residencia grande abaratan el coste por usuario. Sin embargo, los estudios de coste-efectividad no lo tienen tan claro.
En primer lugar, está el factor del tamaño óptimo de un centro. Investigaciones clásicas sobre economía de residencias hallaron que el coste medio por residente no disminuye indefinidamente al aumentar el tamaño de la residencia; de hecho, tiende a formar una curva en U. Estudios británicos y estadounidenses mostraron que las residencias de tamaño mediano (en torno a 50–70 plazas) eran las más eficientes en coste por persona, y que hacer centros mucho más grandes no aportaba ahorros sustanciales.
Incluso, a partir de cierto umbral (70–80 plazas), empezarían a aparecer deseconomías de escala, aumentando de nuevo el coste medio por problemas de coordinación, más capas administrativas, etc. En el País Vasco, análisis del SIIS en los 90 ya concluían que “no hay evidencia de que una residencia de ancianos aumente indefinidamente su eficiencia al crecer de tamaño”, encontrando costos similares en un rango amplio y a veces mayores en las más grandes. Esto significa que dividir una residencia en unidades convivenciales pequeñas no necesariamente dispara los costes, siempre que el centro global se mantenga en un tamaño razonable. Por ejemplo, una residencia de 120 plazas segmentada en 8 unidades de 15 residentes cada una podría retener economías administrativas conjuntas (compartiendo servicios centrales), a la vez que ofrece la vivencia de un hogar a escala humana.
Mira un vídeo sobre: ¿Cuál es el tamaño ideal de una unidad de convivencia?
Dicho lo anterior, implementar el modelo sí conlleva inversiones iniciales y potencialmente un mayor gasto en personal por residente en comparación con el modelo tradicional minimalista. Adaptar edificios viejos de tipo hospital a unidades de convivencia requiere reformas (crear comedores-cocina en cada unidad, más salas de estar, baños privados, etc.). También se busca tener más personal de atención directa por residente, ya que el modelo apuesta por equipos pequeños estables (con menos “efecto planta” donde una sola gerocultora atiende a 40 personas por turno).
Todas estas mejoras tienen un coste. Sin embargo, parte del gasto adicional se compensa eliminando capas burocráticas y servicios centralizados sobredimensionados. Un análisis del modelo Green House en EE.UU. mostró que no aumentan los costes de personal totales: se reorganizan, reduciendo puestos administrativos y de servicios generales, mientras se incrementan las horas de cuidado directo (Paper Examines Green House Model's Financial Viability - National Investment Center). En otras palabras, en vez de tener auxiliares de planta + limpiadores + personal de cocina + enfermeras separadas, en una unidad de convivencia los cuidadores hacen tareas polivalentes (cuidar, cocinar en la unidad, limpiar su casa), con lo cual el número total de trabajadores no tiene por qué ser mucho mayor, pero sí están mejor distribuidos al lado del residente.
Este estudio encontró que las horas de atención directa por residente aumentaban significativamente en el modelo Green House sin elevar los costes operativos totales, los cuales quedaron en torno al percentil 50–60 de los costes de los hogares geriátricos de EE.UU. Además, al ofrecer habitaciones individuales y más calidad, estos centros lograban atraer más demanda (7% más de ocupación y más clientes privados), compensando financieramente la inversión.
En España, la transición al modelo convivencial está viniendo acompañada de un aumento en la financiación pública por plaza para asegurar su viabilidad. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León incrementó aproximadamente un 33% el pago por plaza concertada en residencias de mayores en los últimos años para fomentar el nuevo modelo (Las residencias privadas de CyL tendrán hasta 2029 para adaptar su arquitectura al nuevo modelo de unidades de convivencia). Las plazas para grandes dependientes pasaron de unos 1.580 € al mes en 2019 a ~2.100 € al mes en 2022, reflejando la apuesta por más personal, habitaciones individuales, etc. Este esfuerzo presupuestario busca que el modelo no se quede en proyectos piloto elitistas, sino que se extienda a la red general (tanto pública como privada concertada). Asimismo, se han habilitado subvenciones para reformas arquitectónicas hacia unidades de convivencia (p. ej. Castilla y León destinó 15 millones de € para ayudar a residencias a hacer obras de adaptación). Es decir, implantar este modelo requiere invertir, pero las administraciones están empezando a asumir ese costo como parte de mejorar la calidad asistencial.
¿Quieres ver un vídeo titulado: “ Cuánto personal trabaja en una unidad de convivencia”?
Otra consideración es que algunos costes sanitarios podrían reducirse con este modelo. Un estudio en EE.UU. encontró que los residentes en hogares Green House tenían menores gastos de hospitalización y menos reingresos hospitalarios que los de geriátricos tradicionales (Green Houses: A communal approach to elder care). Al parecer, la atención más cercana y preventiva evitaba complicaciones y visitas al hospital, ahorrando dinero al sistema de salud. Si se toman en cuenta esos ahorros “externos”, la balanza costo-beneficio del modelo hogareño resulta aún más favorable en términos sociales.
O sea que, el modelo de unidades de convivencia puede ser sostenible económicamente, especialmente si se planifica bien la escala del centro y se reorientan los recursos humanos. No es necesariamente mucho más caro por usuario que un geriátrico convencional – y aunque exija más inversión por plaza, muchas sociedades lo están asumiendo por los beneficios que conlleva. Eso sí, la transición requiere voluntad política y financiera: sin inversión inicial, es difícil romper con décadas de infraestructuras y plantillas organizadas bajo el paradigma antiguo.
Grado de implantación en España
En España, el grado de implantación del modelo de unidades de convivencia es desigual según la comunidad autónoma y el tipo de entidad (pública, privada, sin ánimo de lucro). En los últimos años se observa un impulso normativo importante y varias experiencias exitosas, aunque persisten barreras para su extensión universal.
Barreras principales: A pesar del progreso, hay obstáculos para la plena implantación. Uno es la infraestructura existente: muchas residencias construidas en los 80–90 son edificios grandes de varias plantas, con largos pasillos y comedores masivos, difíciles de reconvertir sin una remodelación integral. Algunas tendrían que reducir su capacidad o rehacer su distribución interna, lo cual supone coste y a veces no es físicamente viable (de ahí que algunas quedarán exceptuadas en CyL por “imposibilidad de armonización” con el edificio real.
Otra barrera es la inercia en la gestión y formación del personal: pasar de un esquema tradicional a otro centrado en la persona requiere reeducar al personal, cambiar rutinas arraigadas y también convencer a los gestores de que no pierde eficiencia por dejar de hacer las cosas “en serie”. Asimismo, existen retos regulatorios en algunas regiones donde la normativa de seguridad o ratios podría chocar con la flexibilidad que pide este modelo (por ejemplo, normas antiguas que no contemplan cocinas en planta, o ratios de personal rígidas por turno en lugar de por unidad). Por último, está la cuestión de la financiación: no todas las entidades pueden costear las reformas o aumentar plantilla sin apoyos; si la Administración no incentiva ni exige el cambio, muchos centros privados low-cost no lo implementarán por iniciativa propia.
Perspectivas de futuro: La tendencia, no obstante, parece imparable hacia modelos más humanos. La pandemia de COVID-19 visibilizó las carencias del modelo institucional tradicional (alta mortalidad en residencias masificadas) y aceleró la voluntad política de cambio. El Gobierno central y las CCAA, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, acordaron impulsar la “desinstitucionalización” de los cuidados de larga duración, fomentando unidades de convivencia y entornos hogareños en todas las nuevas plazas que se creen.
La demanda social también empuja: las familias visitan residencias modernas tipo hogar y empiezan a exigir esas condiciones en lugar de aceptar salas frías de hospital. Probablemente veamos en los próximos años reformas normativas en más comunidades (ya se habla de que Valencia, Aragón, Cantabria están trabajando en ello) y una transformación progresiva del parque residencial. Eso sí, será un proceso gradual: muchas residencias antiguas tendrán que cerrar o ser sustituidas por otras nuevas con este diseño, lo que tomará tiempo. Mientras tanto, convivirán en España residencias punteras con unidades de convivencia ejemplares, junto a otras que aún funcionan de forma tradicional; la meta será evitar que esto genere desigualdad en la atención (ver reflexión final). En cualquier caso, el modelo de unidades de convivencia ha pasado de ser algo experimental a incorporarse en planes estratégicos públicos, indicando un alto grado de implantación futura a nivel nacional.
¿Quieres ver un vídeo sobre una unidad de convivencia en Estados Unidos?
Aspectos éticos del modelo
El modelo de unidades de convivencia se sustenta en una serie de principios éticos fundamentales en la atención a personas mayores. Su filosofía pone en el centro valores como la dignidad humana, la autonomía, la intimidad, la individualidad y la continuidad del proyecto de vida de cada persona. A continuación, exploramos estos aspectos:
En definitiva, el modelo de unidades de convivencia representa una atención ética porque trata al mayor con el mismo respeto, libertad y consideración que tendría viviendo en su propia casa. Se alinea con valores de justicia (dar a la persona lo que necesita para vivir una vida digna) y de no maleficencia (evitar el daño psicológico que produce la institucionalización rígida). Como señala la Fundación Pilares, empoderar a las personas mayores creando entornos que les permitan seguir adelante con sus proyectos de vida “es un deber de justicia” de la sociedad (). Ya no se ve a la persona mayor como alguien a quien simplemente asistir en lo básico, sino como un ciudadano pleno, con derechos, gustos, costumbres y aspiraciones que deben ser tenidos en cuenta hasta el final de sus días.
Reflexión final sobre equidad y sostenibilidad
Implementar residencias basadas en unidades de convivencia plantea un desafío ético colectivo: ¿cómo garantizar que este modelo, presumiblemente más costoso, beneficie a todas las personas mayores que lo necesiten y no solo a unos pocos afortunados? En una sociedad que envejece rápidamente y con recursos públicos limitados, existe el riesgo de una brecha si no se gestiona adecuadamente: podríamos crear residencias de “primera clase” (pequeños hogares muy personalizados) para quienes puedan pagarlo o accedan a escasas plazas subvencionadas, mientras que el resto de mayores se quede en residencias masificadas de menor calidad. ¿Es eso aceptable éticamente?
Desde la perspectiva de la equidad, sería problemático implantar un sistema que aumente la desigualdad en el acceso a cuidados dignos. Todos los mayores, sin distinción de clase social o lugar de residencia, merecen una atención de calidad y con respeto. No podemos decir que porque el modelo convivencial cueste más, solo una minoría tendrá derecho a él y “muchos se quedarán sin nada” – eso chocaría con el principio de justicia distributiva. Por tanto, el gran reto es cómo financiar y escalar este modelo para que llegue al mayor número de personas posible.
Algunos podrían argumentar en contra: “si destinamos mucho dinero a hacer residencias modélicas para algunos, con el mismo presupuesto quizá podríamos dar cobertura básica a más gente”. Es la clásica tensión cantidad vs. calidad. Sin embargo, calidad y cobertura no deben ser mutuamente excluyentes. La sociedad puede y debe aspirar a ambas: a ampliar las plazas de atención a la dependencia y simultáneamente mejorar los estándares de esas plazas. De hecho, muchos países (como los escandinavos) logran altas coberturas con modelos de atención muy personalizados, demostrando que es posible si se prioriza en las políticas públicas.
Puede requerir invertir más en cuidados de larga duración, ciertamente. Aquí la pregunta ética se amplía: ¿estamos dispuestos, como colectividad, a destinar más recursos (vía impuestos, por ejemplo) para garantizar que nuestros mayores vivan con dignidad? Si realmente valoramos a nuestros mayores como personas de igual dignidad, la respuesta debería ser sí. Como decía una cita antes, “una persona mayor no ha dejado de ser valiosa”, y por tanto tiene derecho a un buen cuidado (). No sería ético conformarnos con dar un cuidado de segunda categoría a la mayoría solo porque es más barato.
Además, hay que considerar el coste de no hacer nada: mantener el modelo institucional antiguo también tiene “costes ocultos” en forma de sufrimiento, menor calidad de vida e incluso más problemas de salud (que luego generan gastos sanitarios). Si un mayor en una residencia tradicional sufre depresión, declive acelerado o complicaciones médicas por falta de estímulos, ¿no es eso también un fallo del sistema actual? Ofrecer cuidados de mala calidad a muchos no es, en el fondo, más eficiente; es pan para hoy y hambre para mañana.
Por el contrario, dignificar los cuidados puede conllevar ahorros en salud (menos ingresos hospitalarios, menos consumo de fármacos) y, sobre todo, tiene un valor social incalculable al evitar sufrimiento. No olvidemos que la dignidad “pertenece al orden ético de los valores” y que los seres humanos “no tienen precio” (). Esto implica que no deberíamos medir la atención a nuestros mayores solo en términos de euros, como si su bienestar fuera un lujo. No hay un precio aceptable para la dignidad: éticamente, es un imperativo buscar formas de brindar ese cuidado digno a todos.
Por supuesto, la transición debe hacerse con cabeza: priorizando recursos a quien más lo necesita (por ejemplo, quizá comenzando por unidades de convivencia para residentes con demencia grave, donde más se nota el beneficio, e ir ampliando gradualmente). También explorando nuevos modelos de financiación: colaboración público-privada, cooperativas de mayores que autogestionen sus viviendas colaborativas, utilización de tecnología para apoyar cuidados en casa y retrasar la institucionalización, etc.
La innovación social puede ayudar a llevar las ventajas del modelo convivencial a más gente sin disparar costes (por ejemplo, unidades de convivencia integradas en viviendas sociales comunitarias, donde los propios vecinos mayores se apoyan mutuamente con menos necesidad de personal formal). En cualquier caso, el objetivo ético debe seguir siendo que ningún mayor se quede sin acceso a cuidados de calidad por falta de medios.
Podemos concluir que o sería ético renunciar a un modelo que mejora la vida de las personas mayores simplemente porque es más costoso, del mismo modo que no renunciaríamos a tratamientos médicos eficaces por su precio sin antes agotar opciones para financiarlos. La verdadera pregunta ética no es “¿podemos permitirnos el modelo de unidades de convivencia?”, sino “¿cómo podemos permitirnos no implementarlo?” dado lo que está en juego: la dignidad y felicidad de nuestros mayores. Si aceptamos que cada persona, hasta el final de su vida, merece un entorno donde se la trate con respeto, cariño y autonomía, entonces nuestro deber como sociedad será encontrar la forma de hacer equitativamente accesible este modelo.
Puede implicar reformas profundas y compromisos presupuestarios, pero reflejará nuestros valores. Parafraseando un principio moral: la calidad de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Garantizar que todos los mayores puedan “vivir como en casa” en sus últimos años, en lugar de aparcados en instituciones, es una meta ética noble que debemos perseguir con creatividad, solidaridad y sentido de justicia ().
Coordinador del Informe: Josep de Martí. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.com
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Fuentes: se adjuntan a continuación citas a documentos y estudios referenciados en el texto (BOE-A-2024-8834 Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León.) () () (Change in care location of older adults who resided in group homes ...) (Decreto Foral Vizcaya 119/2021 unidades convivenciales) (Matia inaugura las innovadoras viviendas en unidades de Convivencia de Egurtzegi | Matia Fundazioa) (Homelike Models of Long-Term Care: A 2021 Update | CDA-AMC) ( Quality of life in small-scaled homelike nursing homes: an 8-month controlled trial - PMC ) (Small-scale, homelike facilities versus regular psychogeriatric nursing home wards: a cross-sectional study into residents' characteristics | BMC Health Services Research | Full Text) (Green Houses: A communal approach to elder care | Association of Health Care Journalists) (Las residencias privadas de CyL tendrán hasta 2029 para adaptar su arquitectura al nuevo modelo de unidades de convivencia | Líder en Información Social | Servimedia) (Paper Examines Green House Model's Financial Viability - National Investment Center) (Las residencias privadas de CyL tendrán hasta 2029 para adaptar su arquitectura al nuevo modelo de unidades de convivencia | Líder en Información Social | Servimedia) (Nuevo modelo de atención residencial a personas mayores "en Mi casa" | Servicios Sociales | Junta de Castilla y León) (Matia inaugura las innovadoras viviendas en unidades de Convivencia de Egurtzegi | Matia Fundazioa)