La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha lanzado una campaña para poner de relieve la complicada situación que atraviesa la Prestación Económica Vinculada (PEV) a los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD). El motivo es el impacto de los recientes cambios normativos, que han generado un fuerte desajuste entre el número de horas concedidas y la financiación asignada.
La PEV consiste en una ayuda mensual y personal dirigida a personas con un grado de dependencia reconocido que no pueden acceder a servicios públicos o plazas concertadas. Esta prestación permite costear, por ejemplo, la atención en el propio domicilio, una plaza privada en residencia o en un centro de día.
En los últimos meses, la normativa ha incrementado las horas de atención domiciliaria concedidas, pero el importe de la ayuda no ha crecido en la misma proporción. Esto ha provocado que, en el tramo inferior del Grado I, la aportación pública haya caído de 18 euros por hora a menos de 7, mientras que el coste medio del servicio se mantiene en 22 euros por hora. El resultado es que las personas beneficiarias deben ahora pagar de su bolsillo hasta 15 euros por hora, frente a los 4 euros que asumían anteriormente.
Para Cinta Pascual, presidenta de ACRA, “este desequilibrio tiene consecuencias graves para el sector y para las personas dependientes. Muchos usuarios optan por no contratar servicios profesionales y recurren a cuidadores no cualificados, lo que conlleva una desprofesionalización de la atención”.
Los datos recogidos por la patronal indican que nueve de cada diez empresas de atención domiciliaria han detectado un descenso en la demanda de PEV desde la entrada en vigor de la nueva regulación. Pascual añade: “Esta situación también favorece la economía sumergida, con un aumento de servicios prestados fuera del marco legal, y dificulta que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio, contraviniendo tanto la voluntad mayoritaria de la ciudadanía como las políticas públicas que promueven el envejecimiento activo y en casa”.
Ante este escenario, ACRA solicita a las administraciones un aumento urgente de los importes fijados para la PEV en la normativa estatal, así como la supresión de los tramos que establece la legislación catalana, ya que generan desigualdades y complican el acceso en igualdad de condiciones. La asociación pide que se prioricen medidas que aseguren una atención domiciliaria digna, profesional y accesible para todas las personas en situación de dependencia.
La campaña impulsada por ACRA puede verse en sus perfiles oficiales de redes sociales: Facebook, Instagram y X