La Federación de Servicios Públicos, FeSP UGT, de Castilla y León ha mostrado su preocupación por “la situación de precariedad que atraviesan las personas trabajadoras de los servicios de la dependencia en general, pero más concretamente de las que prestan servicio en la Atención de Ayuda a Domicilio”, y solicita a las administraciones que excluyan de la posibilidad de optar a la prestación de estos servicios a aquellas empresas que han sido demandadas y/o sancionadas por incumplimiento del Convenio.
“Ante esta situación de precariedad en la que se encuentran las trabajadoras del sector de la dependencia y el historial de incumplimientos sistemáticos de normativa laboral y de las garantías de la prestación de calidad de los servicios por parte de las empresas adjudicatarias que tiene el objetivo de “proteger la protección” de las personas dependientes. La FeSP-UGT Castilla y León exige a las Administraciones Públicas el control y la garantía de que los fondos públicos que se transfieren a la empresa privada, bien concertando plazas de Residencias, o bien adjudicando la prestación de los servicios de Atención de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, se destinen para tal fin”, añaden en un comunicado.
Para el sindicato “es necesario que se revisten los ratios de personal en las Residencias, diferenciando personal de cuidados y atención directa, del personal de área residencial. Que dichos ratios se marquen con la realidad del nivel y grado de dependencia de las personas usuarias, ya que actualmente las ratios están muy por debajo de la necesidad real, además están englobadas en la totalidad de trabajadores/as, lo que lleva a unas cargas de trabajo excesivas para todo el personal”.
En relación a los Servicios de Atención de ayuda a Domicilio es importante para UGT que en los pliegos se valore más la garantía de calidad (60%), que la oferta económica (40%), y sobre todo, que las empresas que optan por la adjudicación de estos servicios sean realmente viables, ya que nos encontramos con empresas que, o bien se han descolgado del Convenio Colectivo que regula el Sector, o bien, tras obtener la adjudicación por parte de las administraciones, comunican su descuelgue.
El Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes regula las condiciones laborales de 180.000 trabajadores y trabajadoras del ámbito Privado en todo el Estado y en torno a 15000 en Castilla y León, siendo un 90% mujeres.
“Debemos ser realistas, y un Sector que, tras la Ley de Dependencia, se definía como yacimiento de empleo, desde FeSP-UGT Castilla y León estamos observando, y por ello denunciamos, que tal empleo se está creando precario e indecente. Situación que perjudica a los usuarios cuando, paradójicamente, deberían ser estos los grandes beneficiarios de la aplicación de la Ley de Dependencia”.