En los tres años posteriores a la pandemia, el sector de residencias para mayores en España ha experimentado un aumento de 6.031 plazas residenciales. Sin embargo, en ese mismo período, 2021-2023, la población mayor de 65 años creció en más de 600.000 personas, evidenciando un desfase creciente entre oferta y demanda, según recuerda este martes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
A comienzos de 2024, España contaba con 395.065 plazas residenciales para mayores, lo que supone un descenso de 3.510 plazas respecto al año anterior. Esta caída, la primera registrada desde 2014, refleja un retroceso preocupante, según los datos publicados por el IMSERSO en su informe 'Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España, diciembre 2023'.
Además, el índice de cobertura es el más bajo desde 2010, situándose en tan solo 84,1% de ocupación total, con 332.431 personas usuarias.
De este modo, para alcanzar la recomendación generalizada de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, España necesita crear 89.324 nuevas plazas residenciales. Este déficit se ha disparado desde 2014, cuando faltaban 53.103 plazas. Además, se requieren al menos 35.000 plazas adicionales para atender la demanda actual de personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).
Según el IMSERSO, hay 133.376 personas en lista de espera o pendientes de valorar para recibir atención residencial. Este cálculo incluye a 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, además de 65.602 pendientes de valoración y 15.732 con prestación no efectiva.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que la mayoría de estas personas necesitan un servicio residencial financiado públicamente.
Como viene siendo habitual, el déficit de plazas residenciales se concentra en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801 plazas respectivamente. Estas dos comunidades representan más de las tres cuartas partes del déficit total (67,9%).
En contraste, seis comunidades, encabezadas por Castilla y León con un excedente de 17.234 plazas, superan la ratio recomendada. Navarra, Cantabria y La Rioja muestran un mayor equilibrio.
Actualmente, el 69,6% de las plazas residenciales para mayores están financiadas públicamente, lo que incluye plazas en centros públicos, concertados y financiadas mediante prestaciones vinculadas al servicio.
Este porcentaje ha crecido ligeramente desde 2015, alcanzando 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, siendo Castilla y León y Castilla-La Mancha las comunidades con mayor cobertura.
El Ministerio de Derechos Sociales presentó en 2023 una estrategia de desinstitucionalización para fomentar la atención domiciliaria. Sin embargo, la cobertura de este servicio se mantiene en un modesto 5,5%, con una media de 21,1 horas mensuales de atención, cifras que no han cambiado desde 2012.
Una de las conclusiones más evidentes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es que esta falta de avances dificulta la reducción de la necesidad de plazas residenciales, ya que "no se han dado pasos decididos en esta estratégica, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año anterior".
Como apunta la asociación, "estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres".
El sector también enfrenta retos en la calidad y fiabilidad de los datos. El primer Censo de Centros Residenciales en España, publicado en 2024, mostró discrepancias significativas respecto a los informes tradicionales del IMSERSO. Además, el uso del índice de cobertura basado en la población mayor de 65 años resulta obsoleto, ya que la edad media de ingreso a una residencia supera los 85 años.
Por ello, se solicita al IMSERSO y al Consejo Territorial que ajusten las ratios de referencia a la realidad demográfica actual, considerando la edad avanzada y las necesidades específicas de las personas mayores. Una planificación racional y basada en datos fiables es clave para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de este sector esencial para la protección social en España.
Aquí, gráficos sobre la cobertura en España y en cada una de las Comunidades Autónomas, así como su evolución en los últimos once años: