El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado una propuesta en el Consejo de Ministros de este martes para repartir 783.197.429 euros entre las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y Ceuta y Melilla para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La cifra propuesta ha sido autorizada en el seno del Gobierno e incrementa en hasta 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021, según una nota difundida por el propio Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular, Pablo Bustinduy, declaraba: "Para nosotros, la Dependencia es una cuestión de Estado y vamos a destinar todos los recursos posibles que estén en nuestra mano para reforzar el sistema".
Al tiempo, explicaba que este año se repite la cifra debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y recordaba que el objetivo es que el Gobierno de España siga aumentando esta cifra en los próximos años hasta alcanzar el 50% de la financiación total en cada territorio: "Esto es algo que figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta legislatura, y que vamos a poner en marcha con el compromiso de que los gobiernos autonómicos mantengan su inversión".
Bustinduy también ha destacado que la dotación presupuestaria aprobada este año incluye, entre sus principales objetivos, empezar a implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y que supondrá una "revolución en el modelo de cuidados" porque priorizará que las personas con dependencia reciban cuidados profesionales en su domicilio y en entornos comunitarios "para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual modelo de macrorresidencias".
De esta manera, el reparto de los más de 783 millones de euros dará preferencia a servicios centrados en la persona como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día. Además, el reparto se realiza en base a criterios objetivos como el número de personas atendidas y de población potencialmente dependiente en cada Comunidad Autónoma, la reducción de las listas de espera en el territorio, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.
El dinero se reparte a través del mecanismo de financiación conocido como "nivel acordado", que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos entre las Comunidades Autónomas, suscribiendo convenidos entre el gobierno central y el de cada región.
Así, el reparto para 2024 sería el siguiente:
La distribución de estos créditos llega al Consejo de Ministros tras haber debatida sido ya debatida con las Comunidades Autónomas en diversas reuniones bilaterales, en la Comisión Delegada del Sistema para la Autonómica y Atención a la Dependencia, en el Comité Consultivo del SAAD, y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para la autonomía y Atención a la Dependencia. Además, esta distribución también se elevará al Consejo Estatal de las Personas Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Llevado a cabo todo esto, ahora el siguiente paso es elevar de nuevo esta propuesta de distribución al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su aprobación definitiva. Y, a partir de ese momento, será cuando se suscriban los convenios con cada territorio.
A este respecto, el Ministerio de Derechos Sociales ha querido poner en valor el trabajo que está llevando a cabo junto a la Administración General del Estado para incrementar la financiación del sistema de la Dependencia y el margen de mejora que aún hay, señalan fuentes del gabinete. Añaden que la dotación de esta vía de financiación se incrementará "significativamente" en los próximos años, aseguran, con la aprobación de nuevos presupuestos.