La falta de recursos humanos es generalizada en el Sistema Sanitario público en todo el estado. Esta situación ha sido provocada básicamente por un cambio generacional y demográfico. Mientras que se producen multitud de jubilaciones, hay un menor número de especialistas que terminan su formación cada año que pasa. Las promociones de los años 80 se están jubilando y no hay suficientes médicos para cubrir esas vacantes a medio plazo.
En 52 especialidades médicas, el Servicio Vasco de Salud tiene escasez de profesionales. En el caso del personal de enfermería, ocurre algo similar y el Consejo General de Enfermería estima en 95.000 el número de profesionales que necesitaría el país.
Aumentar el número de plazas universitarias, siendo como es necesario desde hace años, no es la única solución, hay que recordar que en algunos casos estas plazas fueron reducidas. A medio plazo, un aumento de estas no solventaría por sí solo estos problemas, y por eso se está hablando de un paquete de medidas que pasarían por incentivar la prolongación de la vida laboral de estos profesionales, favorecer el retorno de profesionales sanitarios que en las crisis del 2008 emigraron a otros países, e incluso favorecer la contratación de profesionales sanitarios de países extracomunitarios.
En esta línea fueron algunas medidas que se tomaron durante la pandemia, y más recientemente, en el caso del País Vasco, se publicó el ACUERDO de 19 de diciembre de 2023, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se exime del requisito de nacionalidad en los procesos de selección temporal que convoque la Dirección General de Osakidetza, ante la necesidad objetiva y de urgente cobertura de las categorías / puestos funcionales de personal facultativo médico y de personal de enfermería.
La atención sanitaria en los Centros residenciales en la CAPV
En nuestra comunidad autónoma, el decreto 126/2019 que regula los centros residenciales para personas mayores, establece que las Residencias son centros de alta intensidad, y que entre otros aspectos han de garantizar la prestación de un servicio médico y de enfermería.
Es importante no olvidar que, las personas dependientes que viven en los centros residenciales no pierden el derecho a ser atendidos por el sistema público de salud como el resto de las personas dependientes que viven en sus casas.
Tanto en la ley vasca de servicios sociales, 12/2008, como en la Ley de dependencia 39/2006 se establece como principio la colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los usuarios de los servicios sociales. También se habla del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
En esta situación de déficit de profesionales, lo que más preocupa a los gestores, es no poder prestar la adecuada atención sanitaria de las personas dependientes que se atienden en los centros, por lo que en algunas ocasiones han de acudir a los servicios de atención primaria, aunque ello conlleve, como ha ocurrido en cada vez más ocasiones, problemas y sanciones administrativas al producirse un incumplimiento de los requerimientos contemplados en el decreto 126/2019 de centros residenciales para personas mayores.
Una solución que evitaría problemas de desatención a las personas dependientes, sanciones administrativas y problemas penales para las entidades gestoras, podría ser la aprobación de una disposición transitoria en virtud de la situación de falta de profesionales.
De manera transitoria, temporal y justificada, podría suspenderse el requerimiento de cumplir con las ratios de profesionales sanitarios contemplados en el decreto 126/2019, siempre y cuando los gestores puedan demostrar la ausencia de estas figuras profesionales en el mercado laboral, y tendría que preverse y garantizarse el sistema alternativo de atención a las personas dependientes en Osakidetza.
Ahí los centros cuentan con algunas ventajas; todos ellos están conectados y cuentan con acceso al historial sanitario único a través de OSABIDE y disponen de equipos profesionales de soporte, unos recursos que facilitarían mucho esta atención.
Se trata de un problema que afecta a todas las comunidades autónomas y algunas de ellas se están tomando ya medidas en este sentido. Cataluña ha anunciado que la atención sanitaria de las personas dependientes que viven en las residencias va a ser asumida por la red pública. En la Rioja se han suspendido temporalmente las sanciones contra los centros que demuestren fehacientemente que no pueden cumplir con estos requisitos.
La propuesta de una disposición transitoria es la más fácil y rápida, el Servicio Vasco de Salud lo está haciendo ahora, y lo hizo durante la pandemia.
Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales para mayores (GESCA)