“Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite optima”

Partiendo de este aforismo de Hipócrates, y traduciendo a nuestro gusto… nos encontramos que “a grandes males, grandes remedios”, o sea, que cuando nos enfrentamos a un problema o situación grave, se deben tomar medidas drásticas o extremas para solucionarlo.

La situación actual del servicio de atención a las personas mayores en España pasa por una particular y grave crisis, son muchos los hechos que lo demuestran y muy pocos los actores que se preocupan (que nos preocupamos) por ponerle remedio.

La pandemia del Covid puso de manifiesto muchas cosas, bulos, carencias, mala fe, trabajo, cansancio, sacrificio, grandes y anónimos profesionales… muchas que no voy ahora a poner de manifiesto, pues como todo en la vida hay que priorizar, y ahora lo importante, de forma muy resumida, es hacer ver, mostrar y argumentar, insisto, la situación del sector de atención a las personas mayores dependientes.

Una de los problemas importantes es que muchos, no todos, de los responsables públicos que gestionan los intereses de la atención a la dependencia desconocen totalmente el sector, se les otorgan puestos de grande relevancia y no tienen obligación alguna de acreditar conocimiento o autoridad en competencias específicas en la materia, luego legislan en torno a ello y en vez de dar soluciones agravan el problema.

Para solucionar esto diré que lo justo y necesario es rescatar a los buenos profesionales, a los mejores preparados, la altura intelectual y la experiencia profesional puesta al servicio del bien común en los distintos pensamientos ideológicos permitiría un mayor acercamiento y una más eficiente y provechosa gestión de los intereses de las personas mayores.

Ejemplos de esto… la macro legislación (no entro en la micro) que afecta a la atención a las personas mayores está desfasada… sirvan estos dos argumentos:

• La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que no vincula los precios públicos del IPC y los asocia a los costes, estaría bloqueando la revisión periódica de los contratos del sector público. Esto está haciendo ralentizar la inversión a la hora de construir nuevas residencias para personas mayores, decenas de concursos de adjudicación desiertos o incluso puede ser el fin de muchas empresas consolidadas del sector, y mientras tanto sepan que existe un gran déficit de plazas de residencias para mayores ante el aumento de la población envejecida. Todo esto hace que actualmente hagan falta en torno a 90.000 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años que se viene recomendando desde Europa.

Y mientras tanto existen en España 17 precios diferentes de concierto diferentes tantos como comunidades autónomas distintas y con una desigualdad entre ellos abusiva, existen 17 sistema de acreditación de centros diferentes, 17 formas distintas de acceder a las ayudas a la dependencia…

• La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, recogía claramente que tendría que haber una financiación de la misma del 50% del estado y 50% de las comunidades autónomas. Cosa que no se cumple por parte del gobierno central.

Esta ley nació sin financiación suficiente, infra financiada, desde su comienzo nunca dispuso de esa financiación ni se ocupó de dotarla.

Esta ley nace con unos estudios y análisis de envejecimiento de la población y de progresión de población dependiente completamente erróneos, sirva de ejemplo, que el Libro Blanco en el que se basa la Ley de Dependencia recoge que el número de personas de entre 65 y 79 años en 2020 son las mismas que había en el año 2010.

Dicho todo esto el reto es doble, pues lo que realmente nos importa, lo que realmente es más importante es la mejor de las atenciones y cuidados de nuestros mayores, así, necesitamos:

• Atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial necesidad, requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal, poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía y poder ser atendidas con una atención centrada en la persona.
• La necesidad imperiosa de aplicar un modelo de financiación estable y suficiente para el sector de atención a las personas dependientes que dote de seguridad jurídica y económica a las entidades para poder dar continuidad a los programas de atención a las personas y que permita actuar con certidumbre y desarrollar el trabajo en las mejores condiciones en favor de las personas más desfavorecidas

Cómo podemos solucionar todo esto, con un gran Pacto Nacional por las Personas Dependientes, al estilo del Pacto de Toledo que dispuso el devenir de las pensiones y pensionistas en 1995, un pacto que reúna a todos los agentes políticos y sociales, colectivos, sindicatos y a cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia.

Un pacto que de entrada recoja y consiga:

• Trabajar todo un conjunto de actuaciones destinadas a prevenir o retrasar el agravamiento de la situación de dependencia, y que estén incluidas en los programas de teleasistencia, ayuda a domicilio, unidades de estancia diurna y centros de atención residencial.
• Establezca una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada administración realmente financie el 50% del presupuesto.
• Defina un sistema de atención integrado que tenga en cuenta la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio, de manera que establezca para toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado.
• Garantice un desarrollo y aplicación de la Ley análogos en todo el territorio nacional con la creación de una caja única, así como de un Fondo de Garantía de la Dependencia con la finalidad de asegurar la financiación del Sistema.
• Vincule también a Sanidad, con una Coordinación Sociosanitaria real y efectiva, que garantice la correcta relación, y atención sanitaria, entre las Residencias y Servicios, los Hospitales y los Centros de Salud.

He aquí el gran remedio al gran mal… Pacto Nacional por las Personas Dependientes, si han llegado hasta el final leyendo, quedo y quedamos desde la Familia Social Lares a su disposición para trabajar en ello, por el bien común, por el bien de todos nuestros mayores (que bien lo merecen)

Rafael Luque Muñoz es economista social y Ecónomo General de la Familia Social Lares