La Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX), ha interpuesto un recurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura, que ejerce las funciones de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura, por la salida a concurso público de plazas residenciales para personas dependientes por debajo del coste de personal.
La denuncia presentada contra la Consejería de Sanidad y Politicas Sociales y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD órganos responsables del concurso público “Servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, por lotes”, objeto de la demanda, no ha sido admitida a trámite.
Tras hacerse publica la convocatoria del mencionado contrato el pasado 16 de noviembre, ASOREX mostró ante el SEPAD su preocupación por el posible sistema de adjudicación de plazas `a subasta´, de tal manera “que el precio era lo prioritario en el concurso, y no se valoraba la calidad de la prestación del servicio”, lo que llevó a la asociación a encargar la realización de un estudio económico a auditores independientes que analizase los costes que tendría el servicio para los adjudicatarios, atendiendo estrictamente a los requisitos de recursos humanos necesarios para prestar el servicio licitado, y sin tener en cuenta otros costes indispensables, como manutención, climatización o limpieza.
Los criterios objetivos de adjudicación recogidos en la convocatoria daban hasta 60 puntos a la oferta económica; hasta 15 a la Calidad en la gestión y también a la Calidad arquitectónica; y hasta 10 puntos a la Programación de actividades.
Los resultados del informe, ponían de relieve -según denuncia ASOREX en un comunicado- que los costes del personal directo mínimo exigido eran de 43,02 €/día, mientras que el precio máximo de licitación es de 38,84 €/día, lo que hace completamente inviable realizar el servicio sin incurrir en pérdidas económicas. Este hecho ha provocado, entre otras cosas, que muchas de las plazas licitadas se queden desiertas, en concreto 60 de ellas.
Para la asociación “este tipo de licitaciones `a subasta´ y por debajo del coste de prestación del servicio imposibilitan la evolución del sector hacia una atención de mayor calidad, provocan despidos de personal y bajadas de salarios, siendo siempre la empresa privada la que carga con las culpas públicamente”.
Añade además que la prestación del servicio es insostenible, y que vamos a seguir “denunciando a todas aquellas empresas y entidades que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos, con la única finalidad de terminar con las bajadas de salarios, la deficiente prestación del servicio, y la competencia desleal en un sector que necesita una regulación que garantice una prestación de servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y dependientes”.
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