El presidente nacional de UDP, Saturnino Álvarez Bacaicoa, no hace una valoración positiva de la implantación de la Ley de Dependencia. Así, ve en la cuestión económica el principal impedimento para el desarrollo de la Ley de Dependencia: “El fundamental ha sido el económico, pero también la descoordinación entre administraciones ha sido crucial”.
El responsable de la primera confederación de mayores del país es crítico: “Que la probabilidad de acceder al SAAD sea más del doble en unas regiones que en otras es inaceptable y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia no está bien resuelto”.
Al respecto de qué medidas habría que adoptar de forma urgente para su total desarrollo, Satur Álvarez cree que “es imprescindible que se concreten y unifiquen las prestaciones, los tiempos de espera, y los posibles copagos de los usuarios”.
Además, añade, “se deberían, al igual que se hace en numerosos países, diversificar las fuentes de financiación, proponiendo una mezcla entre financiación pública vía impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos, que evite o reduzca significativamente las diferencias de cobertura a nivel regional”.