La Generalitat Valenciana trabaja en un borrador de un nuevo decreto que regulará las residencias para personas mayores en la comunidad en sustitución de la vigente Orden de 4 de febrero de 2.005, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención a personas mayores.
Tras su lectura detallada y después de analizar un informe de la consultora Gerokon, con gran experiencia en el sector residencial a nivel nacional, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, AERTE, pide la retirada del borrador propuesto y una reformulación completa del documento de mutuo acuerdo con las partes intervinientes.
Lo hace patente así, entre otras muchas consideraciones y objeciones, en este documento:
OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DECRETO DE TIPOLOGÍAS DE LA VICIPI
OBJETIVOS COMUNES
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana comparte los objetivos que tenía la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas (VICIPI) de mejorar la atención a las personas dependientes a través de una atención centrada en las personas y la adaptación de los requisitos al perfil de las personas atendidas actualmente tanto en ratios de personal, perfiles profesionales y espacios.
AGRADECIMIENTOS
Valoramos positivamente que se haya convocado a las entidades más representativas del sector para hacer aportaciones al nuevo modelo.
Creemos que la actitud del equipo del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad en Servicios Sociales, coordinado por su Director General Joan Crespo, y del resto de profesionales de la VICIPI ha sido en todo momento de escucha activa y receptividad.
VALORACIONES FINALES SOBRE EL PROCESO
No hemos tenido a lo largo de todo el proceso ninguna información de cómo se iban encajando las propuestas de las distintas entidades en los borradores previos de la VICIPI. Consideramos que la nueva normativa debería ser consensuada con el sector para mejorar su calidad y favorecer su implantación.
La colaboración público-privada es fundamental para alcanzar los objetivos que se plantean con este decreto. Es importante fortalecer el papel de las entidades colaboradoras y no reducirlo, como hemos observado en varios puntos del borrador.
No consideramos adecuado que se establezca una distinción entre autorización y acreditación en los requisitos de los distintos centros y servicios. Estos deben estar basados en las necesidades de las personas atendidas y no de si la plaza la paga la VICIPI o una persona particular.
Esta distinción sólo se lleva a cabo en los albergues y las residencias de personas mayores sin que exista ninguna justificación de la decisión por lo que parece claramente arbitraria.
Si las plazas públicas acreditadas, ya sean en centros privados o públicos, tienen mejores condiciones que las privadas la VICIPI debe garantizar que todas las personas que las soliciten tengan acceso a ella. De lo contrario, se estaría rompiendo el principio de igualdad ya que por la inacción de la administración se estaría obligando a la persona en situación de dependencia a recibir un servicio en peores condiciones o a que sufriera un copago mayor para cubrir dicha diferencia.
Además, es curioso que los centros públicos de la Generalitat no tengan que estar acreditados. ¿Eso quiere decir que no cumplirán con los mismos requisitos que las plazas públicas en centros privados?
Se observa en el conjunto de los documentos un fuerte afán intervencionista. Creemos en una regulación de calidad por parte de la Consellería y un buen sistema de inspección, basado en la comprobación de indicadores objetivos y concretos de calidad, pero no parece que el borrador propuesto vaya en esa línea.
La Comunidad Valenciana adolece de una carencia de plazas en centros y servicios muy importante, por ello, es necesario garantizar que los centros que están funcionando actualmente, y que están conformes a la normativa vigente, sigan operando. Deberán conservar su condición de centros acreditados, pero no se le pueden exigir requisitos que conlleven reducción de plazas o cierres de centros con la carencia de plazas en todo tipo de recursos que sufrimos en la Comunidad Valenciana.
La consultora Gerokon, con gran experiencia en el sector residencial a nivel nacional, ha estimado que la adaptación al límite de 100 plazas supondría la pérdida de 4.692 plazas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, casi el 17%, lo que acarrearía también la reducción de plantillas con un impacto en el empleo muy elevado.
A ese número habría que aplicarles las posibles pérdidas de plazas por la modulación de centros actuales y que obligaría a convertir habitaciones en espacios comunes para esas unidades de convivencia lo que conllevaría la reducción de plazas autorizadas en el mismo.
En este contexto es fundamental aportar seguridad jurídica al sector para fomentar la apertura de nuevos centros y servicios que doten de las plazas necesarias que se requieren para hacer frente a las necesidades de la población. Así evitaremos el aumento de las listas de espera y el incremento de los precios.
La aplicación de los requisitos recogidos en las propuestas de normativa conlleva, desde nuestro punto de vista, un incremento del coste de las plazas muy importante. Si no se actualizan los importes que paga la administración y se aumentan las prestaciones que reciben las personas usuarias, se producirá un incremento del copago que dejará fuera del sistema a muchas personas por no tener los recursos económicos necesarios.
Según el estudio de Gerokon citado anteriormente, los costes de los centros se dispararían:
- Las plazas en centros de día pasarían a tener una tarifa de entre 63 y 72 euros, a lo que habría que añadir el margen de la entidad y el IVA del 4%.
- Las plazas en centros residenciales quedarían entre 82,49 y 122,29 euros plaza/día de coste, en función del tamaño y si se autoriza o se acredita, en este caso, antes de margen e impuestos.
No hemos tenido acceso a la memoria económica del borrador por lo que no hemos podido comprobar si se cumplen las circunstancias para evitar la situación expuesta en el punto anterior.
Hay algunas cuestiones como la limitación del acceso a Internet, en centros de atención a personas con problema de salud mental, que tienen un encaje muy complicado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
En algunos aspectos del borrador hemos percibido un desconocimiento de los centros y servicios muy preocupante ya que es la administración la que regula y supervisa los mismos.
Se plantea una ‘sanitarización’ de los servicios, como las unidades de asistencia continuada en las residencias para personas mayores, que consideramos inadecuada ya que la atención sanitaria debe estar garantizada por el sistema sanitario.
En otros, se recogen requisitos imposibles de cumplir por los centros públicos, como la aprobación de los presupuestos por las personas usuarias, y que se quieren aplicar a los centros privados. La normativa debe ser la misma para todos los servicios y centros, independientemente de la titularidad del mismo.
No se han recogido en los borradores algunos servicios especializados reclamados por los sectores, como los centros de atención a personas con alzheimer.
El propio desarrollo del borrador es desequilibrado. Se regulan algunas cuestiones de manera muy detallada y otras de manera muy superficial y no depende de la importancia de la materia.
Se exige el cumplimiento del código técnico de edificación de uso hospitalario a todos los centros, complicando su puesta en marcha, encareciendo los proyectos e ignorando la naturaleza social de los mismos. Además, los aleja del concepto más cercano a un hogar que se quiere implantar.
Hay que aumentar el ratio de personal en algunas figuras para adaptarlo a las características de las personas atendidas pero en algunas ocasiones parece exagerado, inasumible, con falta de flexibilidad y alejado de las necesidades reales
La limitación de las titulaciones para acceder a las direcciones aumenta los requisitos de la normativa del consejo territorial del SAAD y dificulta la selección de personal de gestión adecuados a las necesidades de los centros.
Establece cuestiones que afectan a condiciones laborales de determinados perfiles profesionales como obligar a los equipos técnicos a trabajar los fines de semana cuando, en algunos casos como el de Trabajo Social, su trabajo principal se desarrolla con las administraciones públicas que solo funcionan de lunes a viernes por la mañana y, en otros, hay que respetar los ritmos de descanso de las personas usuarias durante el fin de semana, como hacen en su vida anterior a incorporarse al centro.
CONCLUSIONES
1.- Creemos que esta normativa va a impedir dar respuesta a las necesidades de las personas atendidas. Parece que puede generar la perdida de muchas plazas necesarias en la Comunidad Valenciana y va a paralizar la puesta en marcha de nuevos centros, lo que provocará un aumento de las listas de espera y el encarecimiento de las plazas.
2.- No se ha podido estudiar la memoria económica prevista por lo que desconocemos como pretende la VICIPI financiar ese nuevo modelo de atención, lo que puede dejar a muchas personas fuera del sistema.
3.- Perdemos, desde nuestro punto de vista, una oportunidad para mejorar el sector basándonos en aspectos como el espacio y el personal, pero sin avanzar de manera más profunda e innovadora en la calidad del servicio.
Por ello, pedimos la retirada del borrador propuesto y una reformulación completa del documento de mutuo acuerdo con las partes intervinientes.
VEA AQUÍ EL BORRADOR DEL DECRETO QUE PROPONE EL CONSELL VALENCIANO: