El debate es antiguo y va tomando diferentes formas adaptándose a las circunstancias del momento.
Durante la primera ola de la pandemia, los abanderados de las residencias públicas dijeron que éstas estaban afrontando mejor la enfermedad y que los residentes se encontraban más protegidos en centros gestionados por la propia administración. Cuando se vio que eso no era cierto, que la epidemia convertida en pandemia mataba sin distinguir quién era el dueño del edificio o quién pagaba la nómina de los empleados, las críticas se fueron transformando.
Lo cierto es que no es un debate racional, ya que lo que cada uno piensa en este campo tiene mucho más que ver con el sustrato ideológico que con el análisis de datos. Así, si alguien tiene el íntimo convencimiento de que las residencias de mayores, los servicios sanitarios y los educativos deberían ser públicos; esa certidumbre será refractaria a argumentos económicos o de eficiencia.
Yo creo que lo importante es que todos tengamos derecho a recibir una educación, atención sanitaria y apoyo en la dependencia de calidad, con independencia de nuestro nivel adquisitivo y dónde residamos. La responsabilidad de los poderes públicos debería ser que podamos acceder a esos servicios. Veo una preocupación secundaria saber quién debe ser exactamente quién los preste siempre que se garantice la calidad y la sostenibilidad.
¿Por qué vuelvo a este tema? Pues porque acabo de leer una noticia referida a las Islas Baleares que me ha hecho pensar en ello.
Resulta que la ministra Belarra anuncia que destinan 33,2 millones de euros de fondos europeos a la construcción en las Islas Baleares de 430 nuevas plazas en “residencias de ancianos” (así aparece en la noticia) y centros de día. Supongo que se refiere a plazas públicas.
Siempre que algún político habla de construir residencias y de dinero saco la calculadora y divido.
En este caso, 33.200.000 de euros entre 430 plazas quiere decir que la plaza, sin distinguir entre residencia y centro de día, le sale a unos 77.200 euros. ¿Es eso caro o barato?
Según las fórmulas que utilizamos en el curso “¿Cuánto vale, cuánto cuesta una residencia?” (disponible en el aula virtual de Inforesidencias.com) se trataría de un precio medio si es que la residencia la tuviese que construir y equipar una empresa, contando la compra del terreno, la construcción, la legalización, el equipamiento, la TI y el esfuerzo de arranque. En este caso, la construirá la administración con lo que el terreno no tendrá que comprarlo; por otro lado, no habrá esfuerzo de arranque, ya que lo más seguro es que llene las plazas de forma rápida.
No dice la noticia si la idea que tiene el gobierno de las Islas Baleares será el de gestionar directamente esas plazas o encargar a un tercero (empresa o entidad sin ánimo de lucro) esa gestión.
Imaginemos que opta por gestionar directamente. No sé cuánto le costaría exactamente, pero si tomo datos de un estudio de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana referido al coste de las residencias de tercera edad en esa comunidad, puedo asumir que le costaría unos 2.355 euros al mes por residente. Uso datos de la Comunidad Valenciana por que los únicos que encuentro de Baleares son de hace 15 años, momento en que ya le costaba casi 2.000 euros al mes mantener una plaza en una residencia pública de Ibiza.
Como el residente de plaza pública y concertada acaba pagando una parte del coste mediante el copago, pero no he sido capaz de encontrar datos comparativos de copago por comunidades autónomas, me voy a permitir introducir un dato no contrastado. Me imagino que la media del copago mensual por residente será de 500 euros al mes. Si fuese así, el coste para la administración de la plaza sería de 1.855 euros.
Si las 430 plazas que se van a crear fuesen de residencia (la noticia no muestra la proporción), su mantenimiento le costaría a la administración unos 9,5 millones de euros al año (al rededor de una tercera parte de lo que cuesta construirlas).
Si la comunidad de las Islas Baleares decidiese gastar los 33,2 millones en concertar plazas con la iniciativa privada (mercantil y no lucrativa), con los precios de concertación de 2019 (son los que he encontrado en un estudio de Lares), o sea 1.867,20 euros al mes (62,31 euros/día), a los que restamos los 500 euros que hemos atribuido al copago, o sea, 1.367,20 euros/mes; resultaría que con la misma cantidad de dinero podría atender a 2.023 residentes durante un año o a 430 personas durante casi cinco años, todo ello gastando la totalidad del dinero en la compra del servicio, o sea, sin necesidad de hacer inversión.
Que prestar el servicio directamente desde la administración sale más caro es algo de lo que no cabe duda. Pero, ¿cómo es posible que las empresas y fundaciones puedan prestar el servicio por menos de lo que le cuesta a la administración hacerlo directamente y que encima las primeras puedan repartir beneficios entre sus accionistas? Yo veo tres opciones: a) la administración gestiona peor que las entidades privadas, por eso le cuesta más, b) el servicio que da la administración es mejor y por eso sale más caro; c) Las entidades privadas explotan a sus trabajadores.
Descarto la tercera opción, aunque sé que tiene muchos seguidores, debido a que las condiciones laborales vienen recogidas por la legislación laboral y el convenio colectivo que acuerdan sindicatos y entidades patronales. Defender que ese convenio contiene elementos de explotación supondría que los sindicatos son cómplices, lo que me suena demasiado extravagante. Estoy de acuerdo con que las condiciones que contiene el convenio son bastante bajas, y por eso creo que los próximos convenios tenderán a subidas de salario por encima de la inflación, aún así, no creo que se puedan definir como de explotación.
Así que me quedo con las otras dos opciones.
Averiguar cuál tiene más peso no es algo que pueda hacer yo desde mi mesa. Requeriría un estudio a fondo realizado por alguna universidad o grupo de investigadores, quizás tomando como base mediciones de calidad de vida en residencias de diferentes tipos y viendo qué cuesta alcanzar y mantener un nivel óptimo de esa calidad de vida.
Como ahora están llegando fondos nuevos de la Unión Europea, dedicar unos pocos miles de euros a un estudio de este tipo nos podría dar una respuesta válida a la pregunta “¿público o privado?”. Hasta que se pueda hacer, sigamos cada uno sentados sobre nuestro sustrato ideológico y buscando la verdad en nuestros íntimos convencimientos.