Tras casi dos meses de haber alcanzado la vacunación completa del personal y residentes de la residencia Las Marismas, de la que, por cierto, eres directora; los problemas ocasionados por la pandemia empiezan a formar parte del pasado.
Ya no te preocupan tanto los contagios o las cambiantes instrucciones enviadas por las diferentes administraciones, pero sí hay dos cuestiones que general un cierto desasosiego: la primera es la bajada en la ocupación si comparas con la situación pre-pandémica. La segunda que estás empezando a recibir (ya llevas dos) peticiones que llegan por correos electrónicos “amistosos” pidiendo información sobre residentes que fallecieron durante la pandemia. Una murió en la residencia en marzo y lo hizo con síntomas pero sin que se le hiciese una prueba PCR que confirmase la existencia de coronavirus SARs2; el otro, en abril de 2020, falleció en el hospital después de haber sido derivado porque sufrió una caída con rotura de fémur; allí se le diagnosticó Covid-19 fue ingresado en la UVI y falleció a los dos días.
Los mensajes, muy parecidos los firman abogados que dicen trabajar para familiares de ambos fallecidos. Los mensajes no parecen tener nada que ver entre ellos, pero nos piden una serie de documentación bastante extensa sobre la estancia de los residentes, la atención sanitaria recibida y una serie de documentación interna del centro como los protocolos de atención, las pautas de hidratación o las instrucciones recibidas por la residencia de parte de la administración sanitaria.
Hay varias cosas que nos incomodan de los mensajes. Sabemos que ambos residentes tenían varios hijos y algunos de ellos nos han llamado agradeciendo la labor que llevamos a cabo durante la estancia de sus padres en la residencia. Por otro lado, lo que nos piden no se arregla tocando dos teclas del ordenador y requeriría una dedicación de tiempo y esfuerzo considerable.
Nos preguntamos si tenemos la obligación de dar toda esa información, y además hacerlo a alguien que nos escribe por mail y que nos dice que representa a familiares sin demostrárnoslo.
Nos hemos informado y sabemos que, si la residencia se considerase un establecimiento sanitario y la documentación que tenemos de los residencias se considerase historia clínica de un paciente tendríamos una serie de obligaciones incluida la de respetar el acceso del paciente a la historia clínica directamente, por representación debidamente acreditada o por parte de personas vinculadas si el paciente no puede decidir por sí mismo o ha fallecido si haber prohibido que se informe a sus familiares (Resolución AEPD R/02421/2017).
La cuestión es que la residencia NO ES UN ESTABLECIMIENTO SANITARIO, aunque haya una parte del expediente asistencial que sí contiene datos sanitarios. Sabemos también que las leyes autonómicas de servicios sociales establecen un derecho del usuario al acceso a los datos que obren en su expediente, pero, si la persona ha fallecido ¿tienen derecho de acceso todos sus familiares? Y ¿tienen además el derecho a pedirnos y les demos cualquier información sobre funcionamiento de la residencia?
Hemos hecho una reunión de equipo y han surgido varias propuestas:
Un miembro del equipo recomienda ver el vídeo El segundo ataque de la pandemia: Demandas, querellas y Fiscalía ¿Cómo estar preparado?
Hemos oído hablar de residencias que están siendo investigadas por la Fiscalía y de asociaciones de familiares que piden medidas. A nosotros no nos ha afectado ni una ni otra por lo que estos mensajes nos despiertan preocupación.
Nota del autor: Recomendamos usar el formulario de opiniones para intervenir. Si alguien es conocedor de un caso parecido y quiere enviar una opinión más larga, puede enviarla a info@inforesidencias.com
Autor: Josep de Martí. Perfil de Linkedin
Jurista y Gerontólogo. Director de Inforesidencias y profesor del Máster en Gerontología Social y Postgrado de dirección de residencias en las universidades UB, UAB.