La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia, Acalerte, ha valorado de forma muy positiva el incremento de las ayudas de la Prestación Vinculada al Servicio (denominadas PEVs) que subirán un 10% este año. Una medida que llega cuando las residencias han realizado una sobreinversión para ofrecer las máximas garantías sanitarias y plantar cara al Covid-19 atendiendo a las necesidades de las personas y de los profesionales.
Esta actuación ha logrado “ofrecer a las personas mayores la atención adecuada sin que carezcan de los recursos necesarios, sobre todo los fundamentales: los profesionales. Hemos reforzado las plantillas e implementado medidas para evitar el aislamiento con las familias y amigos y en esa línea vamos a seguir trabajando”, explica el presidente de Acalerte, Diego Juez.
Las acciones que llevan a un incremento de las tarifas de promedio entre un 3,5 y un 5% revertirán directamente en mantener los servicios generados y en seguir ofreciendo las medidas de calidad en todos los centros privados. Recordando que, según los datos del IMSERSO, en Castilla y León existen 48.089 plazas residenciales, la mayor parte de ellas en el mundo rural, (incluyendo las públicas y concertadas). Un dato que destaca la importancia del mantenimiento de la actividad económica en la región.
“Desde Acalerte, nuestra prioridad es ofrecer calidad, seguridad y atención y en esa línea seguiremos trabajando”, apunta Juez, que además recuerda que el Social es un sector generador de empleo directo, que sólo en residencias proporciona alrededor de 20.000 empleos directos no deslocalizables, cualificados y altamente feminizados, que requiere personal de manera constante y que “está en plena revolución y adaptándose al nuevo modelo de Atención Centrada en la Persona y apoyando la Ley de Residencias que se aprobará este año”.