Una representación de la Federación Empresarial de la Deendencia (FED) encabezada por su presidente, Ignacio Fernández-Cid, y su secretario general, Alberto Echevarría, planteó el pasado día 9 en la sede del PSOE a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, las principales reivindicaciones del sector, los principales problemas y los retos a los que se enfrenta, que exigen determinados cambios legislativos y políticas decididas de impulso.
Tras resaltar la importante colaboración público-privada, que ha permitido un importante desarrollo del sector de la dependencia, que atiende actual y diariamente a más de millón y medio de personas dependientes y dota de empleo a más de 240.000 profesionales, con una inversión privada en infraestructuras que supera los 17.000 millones de euros, es necesario cambios legislativos y políticas presupuestarias que puedan dar servicio a las más de 250.000 personas que están en lista de espera.
La ministra coincidió con FED en el importante desarrollo del sector de la dependencia y su contribución al sector de la salud.
Ignacio Fernández-Cid expresó “la voluntad decidida del sector para colaborar en mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos en situación de dependencia, si bien no hay que olvidar que una residencia es un centro de servicios sociales, y que ni su finalidad ni sus recursos están configurados para la atención sanitaria”. En este sentido, se habló también de los pasos necesarios que hay que dar para impulsar una verdadera coordinación sociosanitaria.
Igualmente, se puso sobre la mesa la necesidad de incrementar los presupuestos para atender la lista de espera y los precios de la plaza/día, claramente insuficientes para los servicios de calidad que se están dando. Junto a ello, el IVA actual fijado en el 10% para las plazas privadas, debe reducirse al 4%, tal y como se aplica en las plazas públicas, ya que “no tiene sentido que un mismo servicio se grave con tipos de IVA diferentes”, según afirmó Fernández-Cid.
También se analizó en la reunión, la necesidad de un cambio de legislación que permita revisar el método de cálculo del grado de dependencia, sobre todo en aquellas personas con deterioro mental. Se debería promulgar una legislación básica de aplicación en todo el territorio, que unifique los requerimientos técnicos y de personal mínimos en cada centro, así como potenciar las figuras profesionales sin abusar de la del cuidador informal, siempre excepcional en la Ley, junto con la libertad de elección de centros, potenciando la Prestación Económica Vinculada al Servicio.
Por último, la ministra manifestó su interés y coincidencia en la mayoría de las reivindicaciones propuestas, comprometiéndose a su estudio en profundidad, agradeciendo y pidiendo continuar la colaboración en asuntos comunes de salud que afecta tanto a sanidad como a dependencia.